12 de diciembre de 2000
La esperanza de la paz puede convertirse en espejismo. El júbilo genuino que despertó la reiterada disposición del EZLN a seguir el camino de la negociación pacífica, así como la disposición de Vicente Fox de buscar la forma de cumplir las condiciones establecidas por los zapatistas para restablecer el diálogo, se ha transformado en una demagógica retórica publicitaria que anuncia la inminencia del fin de la guerra.
La posibilidad de restablecer negociaciones entre los rebeldes y el gobierno federal no es el inicio del diálogo, mucho menos la firma de la paz. Para que esa disposición se convierta en diálogo, el nuevo gobierno necesita cumplir con tres condiciones.
Envuelto en el clima de optimismo, Luis H. Alvarez dio su primer traspié como comisionado para la paz en Chiapas: anunció que buscará encontrarse con el subcomandante Marcos antes de que los zapatistas vengan a la ciudad de México (El Universal, 8 de diciembre de 2000). El EZLN había precisado con absoluta claridad desde el 2 de diciembre que aunque saludaban su nombramiento y reconocían su seriedad no lo reconocerán como "interlocutor válido" hasta que el gobierno federal dé las tres señales de paz.
Las tres condiciones que los zapatistas han puesto a Vicente Fox para reiniciar el diálogo están lejos de ser un capricho. Son pruebas mínimas que mostrarán la verdadera disposición y la capacidad real del gobierno para alcanzar la paz. Si en la nueva administración no hay voluntad o posibilidades de cumplirlas, entonces su declarada inclinación hacia la negociación resultará un mero recurso prosopopéyico.
La primera condición consiste en el retiro de siete de las 259 posiciones del Ejército en Chiapas. Con una medida tan sencilla como ésta podrá esclarecerse quién manda en el sureste mexicano: si el presidente Fox o el Ejército. Ciertamente, el titular del Ejecutivo es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, pero desde hace años la institución castrense se mueve en Chiapas con gran autonomía. ƑCómo podrá demostrar el presidente de la República que cumplirá los acuerdos a los que llegue con los rebeldes si no tiene y prueba tener el control del Ejército? Las siete posiciones de las que las fuerzas castrenses deberán retirarse son puntos de contacto permanente con la población civil, y por lo tanto, fuente constante de fricciones y humillación hacia los indígenas.
La segunda señal es la transformación en ley de la iniciativa elaborada por la Cocopa. Ello involucra tanto al jefe del Ejecutivo como al Congreso de la Unión. Los zapatistas negociaron en dos ocasiones sus demandas sobre derechos y cultura indígenas. La primera fue entre octubre de 1995 y febrero de 1996. Los acuerdos de San Andrés fueron el producto de este diálogo. La segunda fue entre agosto y noviembre de 1996 y el resultado final fue la iniciativa de la Cocopa. Algunos de los puntos aceptados en San Andrés no fueron incorporados en la propuesta de la comisión legislativa, en la que participaron representantes de todos los partidos políticos. El gobierno federal asumió en las pláticas la representación del Estado mexicano, es decir de los tres Poderes de la Unión. Pretender reabrir nuevamente la negociación del documento implica sabotear las dos negociaciones previas. La tercera prueba es la liberación de todos los simpatizantes zapatistas presos en cárceles de Chiapas y en otros estados. Es una condición que involucra a los poderes Ejecutivo y Judicial del nivel federal pero, también, de Chiapas, Querétaro y Tabasco.
Vicente Fox declaró que buscará cumplir con estas condiciones pero, hasta ahora, esto no ha sucedido. El Ejército no se ha movido de uno solo de los siete puntos exigidos por el EZLN y, en contra de lo declarado, tampoco lo ha hecho de varios retenes. Los patrullajes siguen. El jefe del Ejecutivo mandó la iniciativa de la Cocopa al Congreso pero no ha sido aprobada. Además, la directiva del PAN se ha negado a retirar su propuesta y rechaza aprobar la de la comisión legislativa. Xóchitl Gálvez, responsable de la Oficina de la Presidencia para la Atención a los Pueblos Indígenas, intuye que la discusión de la iniciativa tomará dos años. En Chiapas ha comenzado la revisión de los expedientes de los zapatistas presos, y en el resto del país donde hay detenidos los gobernadores no se dan por aludidos.
Quienes anuncian la inminencia de la paz en Chiapas le hacen un flaco favor al proceso de paz. El entusiasmo en la opinión pública es un factor positivo par solucionar el conflicto, siempre y cuando esté fundamentando en hechos y no en ilusiones. Aunque suene pesimista hay todavía muchos y grandes obstáculos para finalizar la guerra; el camino por transitar dista de ser corto. Después de todo, el pesimismo es el optimismo de los informados. Para convertir esa esperanza en realidad se requiere, por lo pronto, del cumplimiento de las tres condiciones. Es la hora de la movilización.