27 de enero de 1998
A más de un mes de la matanza de Acteal, cercado internacionalmente y sin credibilidad dentro del país, el gobierno federal ha comenzado a articular una nueva política hacia Chiapas.
Sus puntos centrales han sido el discurso del presidente Zedillo el 22 de enero en Kanasín, Yucatán, el redimensionamiento otorgado a la Conai y a la Cocopa, la supuesta liberación de presuntos zapatistas, y la reunión del secretario de Gobernación con diputados en el palacio legislativo de San Lázaro.
Las acciones tomadas para enfrentar la tormenta resultaron infructuosas. Ni el cambio de funcionarios, ni las acusaciones presidenciales en contra de quienes impiden la acción de las instituciones gubernamentales, ni la presencia del secretario de Salud en la entidad, ni las campañas en contra de la intervención extranjera, ni la pretensión de explicar la masacre como el resultado de venganzas interfamiliares resultaron eficaces.
Todas estas acciones fueron realizadas en completo desorden y desconcierto, y en medio de multitud de señales contradictorias. Mientras se hablaba de paz, el Ejército realizó 44 desplazamientos sobre las comunidades y los Aguascalientes zapatistas, se violó la ley para el diálogo, se atacó por enésima ocasión a la Conai y al obispo Samuel Ruiz, se redujo la función de la Cocopa y se desconocieron puntos medulares acordados en San Andrés Larráinzar.
El pronunciamiento del jefe del Ejecutivo el 22 de enero en Kanasín comenzó a romper el círculo vicioso de la incredulidad hacia las posiciones gubernamentales, porque se comprometió tanto con el no uso de la fuerza del Estado para solucionar el conflicto en la entidad, como con los acuerdos de San Andrés. Aunque no lo haya dicho explícitamente, el gobierno federal se vio obligado a cambiar de terreno y a jugar en la cancha en que lo colocó el EZLN: el del cumplimiento de los acuerdos y el de la internacionalización del conflicto. Las ofertas de no hacer uso de la fuerza del Estado hechas por el presidente Zedillo no siempre se han cumplido. Sin ir más lejos, el 5 de febrero de 1995 el primer mandatario insistió en buscar salidas pacíficas al conflicto y cuatro días después el Ejército avanzó sobre posiciones zapatistas. Sin embargo, en esta ocasión el discurso gubernamental está sujeto a la inspección de la opinión pública internacional.
El repentino redimensionamiento de la Conai y de la Cocopa por parte del gobierno federal, después de que trató insistentemente de disminuirlos, es el resultado de un hecho básico: son las únicas instancias de mediación y coadyuvancia nacionales realmente existentes, y después de ellas está la mediación internacional. O el gobierno las acepta como interlocutoras o se verá obligado a tratar con mediadores extranjeros.
El anuncio de la liberación de 300 indígenas en Chiapas, varios de ellos presuntos zapatistas, fue un acto más de demagogia en el tradicional estilo de Roberto Albores Guillén. La excarcelación responde no a un acto de buena voluntad gubernamental sino a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Durante el encuentro que sostuvo con diputados el 26 de enero, Francisco Labastida admitió públicamente que el gobierno federal no piensa cumplir una parte de lo que firmó en San Andrés. Al señalar que está dispuesto a retirar 23 de las 27 observaciones que hizo a la iniciativa de la Cocopa --y no hay nada en ella que no haya sido acordado en San Andrés--, aceptó que hay cuatro puntos --centrales-- que quiere incumplir. En los hechos, el secretario quiere que se reabra el debate sobre lo que ya se negoció.
Las medidas gubernamentales para Chiapas son insuficientes: apenas se comienza a colocar parcialmente las piezas de la negociación en el tablero en la misma posición en que se encontraban el 29 de noviembre de 1996. Tienen varios agravantes más: la iniciativa de la Cocopa sigue vetada, la militarización se ha incrementado y los paramilitares no han sido desarmados.
El gobierno federal y los partidos políticos deben evaluar las implicaciones de esta política y de la pretensión de aprobar una reforma constitucional no avalada por el EZLN y diferente a la acordada en San Andrés. ¿Qué pensaría de ello la comunidad internacional? ¿No alejaría la posibilidad de alcanzar la paz en Chiapas? ¿No se han dado cuenta de que no cualquier reforma sirve? ¿De qué sirve dar un paso adelante si luego se dan dos para atrás?.