04 de febrero de 1997
Ocultas por la polvareda de la confusión que han levantado la pirotecnia legal de algunos juristas y las acusaciones apocalípticas que anuncian la desintegración de la República, se esconden las verdaderas razones por las que el gobierno federal se niega a cumplir con su palabra y legislar en materia de derechos y cultura indígena en los términos acordados en San Andrés.
Unas responden a motivaciones coyunturales, otras a objeciones de fondo de fuerzas claves en la actual administración.
En el corto plazo el presidente Zedillo busca sacar al EZLN de la política nacional, aventarlo a la montaña, impedir que influya en el proceso electoral. Confía en que la correlación de fuerzas militares le garantiza incumplir su compromiso sin grandes sobresaltos. Está decidido a hacer valer una regla de oro de la tradición política gubernamental: un acuerdo se respeta sólo mientras las condiciones que lo hicieron posible no cambien. Y a juzgar por la actitud presidencial, esas condiciones ya se modificaron.
En el fondo, el cambio tiene que ver con un hecho básico: el partido del gobierno está en grave riesgo de perder su mayoría. Como se sabe, el PRI va por todo y con todo en estos comicios intermedios. No quiere darse el lujo de perder un solo voto, ni de permitir que el clima político que puede facilitar su ``triunfo'' se trastoque. Respetar los Acuerdos de San Andrés y reformar la Constitución conforme a lo pactado daría al zapatismo fuerza, legalidad y legitimidad suficiente para modificar el entorno político de manera relevante. El PRI busca evitar que un actor que no controla (el EZLN) entre en escena. Se juega en ello su sobrevivencia como fuerza dominante aunque incremente aún más la descomposición política de la nación.
Sin embargo, la resistencia del gabinete presidencial a cumplir lo pactado en San Andrés no se limita a consideraciones de coyuntura. Para funcionarios relevantes, los Acuerdos son peligrosos no porque verdaderamente piensen que van a balcanizar al país o a crear fueros, sino por razones más elementales: ven ellos un espacio para la organización y desarrollo de los pueblos indios al margen del tradicional control gubernamental, y un instrumento legal que le permitiría a las comunidades resistir, en condiciones menos desventajosas, el proyecto gubernamental (encarnado en las reformas salinistas al 27 constitucional) que busca desamortizar los recursos naturales que no son propiedad de la nación y que aún se encuentran bajo control indígena, para hacer de esas regiones nuevos enclaves.
Así las cosas, el rechazo presidencial a la Iniciativa de reformas constitucionales que la Cocopa elaboró para dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés, está lejos de ser meras observaciones de técnica jurídica y, mucho menos, de términos. Son objeciones de fondo, a lo que él mismo pactó con el EZLN el 16 de febrero de 1996. La argumentación jurídica para justificar la negativa gubernamental al documento de la comisión legislativa es, apenas, parte de otra añeja tradición de la política nacional: una cortina de humo para legitimar la ruptura de su compromiso y para buscar, si no convencer a la opinión pública, sí, al menos, confundirla.
Es esta actitud gubernamental la que tiene al diálogo en Chiapas en crisis. La administración del presidente Zedillo no parece dispuesta a aceptar ninguna iniciativa de reformas que cumpla con lo pactado en San Andrés e incorpore a los zapatistas a la vida política nacional con legitimidad. Por eso, cualquier nueva propuesta que la Cocopa elabore y que respete lo acordado en San Andrés será rechazada por el gobierno. Así sucedió el pasado diciembre, cuando la comisión legislativa entregó a la Secretaría de Gobernación (sin el consentimiento de los zapatistas) una propuesta de reformas distinta a la avalada inicialmente por el EZLN, y la secretaría se la devolvió a los legisladores con tal cantidad de comentarios que éstos prefirieron retirarla.
La salida a la parálisis que vive la Cocopa no se encuentra, entonces, en buscar reunirse con el EZLN para ver si lo convence de que acepte reabrir la negociación. El único camino digno y viable que queda a la comisión legislativa es hacer honor al compromiso empeñado y que defienda públicamente su iniciativa, que señale cómo el incremento de la presión militar en la zona del conflicto afecta al proceso de pacificación y actúe para contenerla, al tiempo que busque articular una amplia coalición de fuerzas que comprometa al Ejecutivo a cumplir lo pactado.