Estado, mercado y OGM

03 de agosto de 1999

La aplicación de los organismos genéticamente modificados (OGM) a la agricultura y la alimentación se ha convertido en la principal fuente de disputas y amenaza los precarios acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las transnacionales impulsoras y beneficiarias únicas de la agenda del libre comercio y de la revolución biotecnológica en la agricultura sufrieron varios golpes en los últimos meses. El peor fue la moratoria de facto decretada por los quince ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, el 24 de junio, que suspende la aprobación de nuevas variedades de cultivos transgénicos hasta la entrada en vigor de normas más estrictas, hacia el año 2002. Con esta medida, dirigida contra las compañías de Estados Unidos y contra las exportaciones que las contienen, el Consejo responde a la negativa de Estados Unidos para diferenciar y etiquetar los cultivos transgénicos y sus derivados y dificulta la comercialización futura de un amplio rango de productos biotecnológicos a granel y procesados. La resolución refuerza las posiciones de Grecia, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y el País Vasco que habían prohibido la producción e importación de ciertos cultivos transgénicos. Es una victoria de la movilización social mediante la cual ambientalistas, campesinos y consumidores forzaron a sus respectivos gobiernos y a las principales cadenas de supermercados y restaurantes a escuchar su oposición a los alimentos Frankestein.
Otro golpe fue asestado en mayo por los científicos de la Universidad de Cornell. En experimentos de laboratorio encontraron que el polen del maíz transgénico Bt de Monsanto es tóxico para la mariposa monarca. La mitad de las orugas murieron después de comer el polen, y las sobrevivientes sólo crecieron a la mitad de su talla. Para los dirigentes europeos el estudio fue una evidencia más para justificar las nuevas barreras a la biotecnología. Austria prohibió el cultivo de maíz de Monsanto y Francia revisará su anterior aprobación.
El debate no sólo involucra a los países desarrollados. El primer estado declarado oficialmente libre de transgénicos es Rio Grande do Sul, Brasil, base de los campos de investigación de Monsanto. El nuevo gobierno frenó desde 1999 todas las pruebas genéticas, declaró ilegales los 79 campos experimentales existentes y prohibió su cultivo y comercialización pues, sostiene, son una amenaza para los pequeños productores al aumentar su dependencia sobre los insumos externos. Los Gaúchos establecerán convenios con las diez principales cadenas de supermercados europeos que buscan garantizar el abasto de productos no transgénicos.
Para Estados Unidos el gran reto es que la prohibición europea a las importaciones de OGM fracase en el comité de disputas de la OMC. Los cultivos genéticos proliferaron en ese país pero el debate apenas emerge. El mes pasado en Minnessota granjeros y representantes del sector, después de oír la partitura oficial en defensa de los ogm con la ciencia, culparon a las multinacionales y al gobierno por fallar en revisar las consecuencias que tendría la agricultura biotecnológica. Clinton, entusiasta promotor de la agricultura biotecnológica, recibió significativas contribuciones financieras de Monsanto. El secretario de Agricultura recriminó a los europeos por no mantenerse en "la senda del progreso" y los urgía aceptar la nueva tecnología americana. Sin embargo a raíz del endurecimiento de las posiciones advirtió: "No podemos alimentar a la fuerza a consumidores renuentes". El hecho es que las ganancias de Monsanto cayeron un 33 por ciento durante el primer trimestre de 1999.
En este escenario el doctor Zedillo acordó el 20 de junio la integración de una Comisión Consultiva de Bioseguridad para dar opiniones científicas sobre los productos transgénicos y la de una comisión ejecutiva intersecretarial.
Varias instituciones de investigación coodinadas por la Comisión Nacional de Biodiversidad y la de Ciencia y Tecnología alertaron sobre los impactos que los OGM pueden ocasionar en la producción campesina, los riesgos para la biodiversidad de plantas en las que México es centro de origen y la necesidad de etiquetar estos productos.
Greenpeace denunció que en México desde 1993 se autorizó el cultivo experimental de maíz Bt y entre 1995 y 1998 se realizaron al menos 20 experimentos en El Batán, Tlaltizapán, Los Mochis, San José del Valle, Ciudad Obregón, y Santo Domingo. Demostró que las importaciones de maíz contienen mezclado maíz transgénico.
Como México profundiza es el traspatio de Estados Unidos, lo que Europa desecha pronto inundará México. Alrededor del 25 por ciento de las importaciones de maíz y el 50 por ciento de las importaciones de soya sean transgénicas. Bajo cuerda el programa Alianza para el Campo promueve los cultivos de algodón y soya genéticamente modificados. Por fin, Ƒno que había que escuchar las señales del mercado?