11 de marzo de 1997
Apenas cuatro días después de que la Cocopa anunció su contradictoria posición sobre la crisis de las pláticas de San Andrés, y justo el mismo día en el que el gobierno federal manifestó su voluntad de continuar el diálogo fueron arrestados sin orden de aprehensión, por civiles armados y policías, en Palenque, Chiapas, dos sacerdotes jesuitas y dos dirigentes campesinos de la Coordinadora de Organizaciones Sociales e Indígenas Xinich (hormiga en chol). Los detenidos estuvieron incomunicados inconstitucionalmente durante 20 horas, fueron golpeados y se les negó el derecho a presentar abogados.
Los cuatro son figuras relevantes en la organización campesina democrática del norte de Chiapas. Uno de ellos, el sacerdote Jerónimo Hernández desempeñó papel de gran importancia en el Diálogo de San Andrés. Su lucha tiene una larga historia. En 1991 organizó una larga marcha de indígenas chiapanecos hasta la ciudad de México (la ``Marcha de las Hormigas'') por demandas que, en muchos casos, siguen esperando respuesta. Al comienzo de la insurrección armada, el semanario Epoca acusó a Hernández López de ser el subcomandante Marcos. La Compañía de Jesús presentó una demanda por difamación en contra de Abraham Zabludovsky.
Los detenidos fueron acusados de participar en una supuesta emboscada en la que murieron, según comunicado del gobierno estatal, dos policías y cinco más fueron heridos. El único problema es que cuando los funcionarios dicen que esto sucedió, los sacerdotes se encontraban en Bachajón, a muchos kilómetros de distancia y antes habían estado durante tres días en la Asamblea Diocesana en San Cristóbal. Se trata pues de una provocación, explicable por tres factores.
El primero es el de la rutina de la justicia en Chiapas. Lo que sucedió con los dirigentes de Xinich no es nuevo. Inventar delitos, sembrar pruebas y fabricar culpables en contra de quienes defienden los derechos humanos son usos y costumbres del poder en ese estado. La diferencia hoy es que los afectados son integrantes de la Diócesis, conocidos públicamente, y no campesinos aislados de los medios de comunicación.
El segundo consiste en que este incidente es parte del recrudecimiento de la confrontación entre el obispo coadjutor Raúl Vera y el gobierno federal a partir del pasado 25 de febrero. En esa fecha, el obispo denunció la descomposición social provocada por la presencia del Ejército en el estado y señaló que intereses políticos impedían concretar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas. Un día después, la Secretaría de Gobernación lamentó el ``lenguaje irresponsable e injurioso'' usado por el religioso y lo acusó de emitir ``juicios ligeros''. El choque de posiciones no es nuevo. La llegada de Raúl Vera a la Diócesis de San Cristóbal despertó dentro del gobierno la esperanza de contrarrestar la influencia de Samuel Ruiz, de manera que la actitud del coadjutor ha provocado enorme malestar en las filas oficiales. Según informe del gobierno de Chiapas titulado ``Diagnóstico Municipal Zona Norte-Noroeste'', Vera ``ha visitado frecuentemente la zona y ahora encabeza la resistencia y se ha sumado a la lucha contra los grupos de filiación priísta''. La detención de los sacerdotes jesuitas es parte de la contrarréplica gubernamental al compromiso de la Diócesis con el proceso de paz.
Finalmente, la provocación oficial forma parte de la guerra silenciosa librada en la zona norte del estado. La lista de agresiones gubernamentales que la Xinich ha sufrido es enorme. Entre otras muchas se encuentra la promoción por parte de Dante Delgado y Ruiz Ferro de una disidencia oficialista que fracturó a la organización y el desalojo continuo de predios que legítimamente pertenecen a grupos campesinos que participan en sus filas. Y apenas hace unos días, el secuestro de César López, dirigente de Arriera Nocturna en Chilón, a manos de guardaespaldas de Carlos Setzer (hermano del ex gobernador y un cacique regional) y miembros del grupo paramilitar Los chinchulines. El prestigio y la autoridad de la Xinich son un dique en contra de la alianza que ganaderos, paramilitares y Ejército han establecido para tratar de controlar la región norte. Los arrestos buscan descabezar y arrinconar a la organización.
¿Puede hablarse, como hace el gobierno federal, de disposición al diálogo con acciones como éstas? ¿Tendrá vocación de negociar quien no honra su palabra y se niega a cumplir lo que acordó mientras toma como rehenes a quienes buscan la paz? ¿Pretenderá que se crea que dice la verdad? Otra vez, las hormigas tienen la palabra. Es parte de su larga marcha.