14 de septiembre de 1999
Una foto para mostrar al mundo. Una imagen que llegue a todos los hogares del país antes de las próximas elecciones federales.
Un retrato para presumirle a la señora Mary Robinson, alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, cuando llegue a México en próximo noviembre. Una instantánea para distribuir en las embajadas y consulados de todos aquellos países preocupados por el conflicto en Chiapas.
Lo que el gobierno quiere es el testimonio que muestre a sus representantes y a los zapatistas sentados frente a frente, el documento gráfico que no tuvo el 16 de febrero de 1996, cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés. Su propuesta Un paso más para solucionar el conflicto en Chiapas, presentada por el secretario de Gobernación el 7 de febrero de 1999, es en primer lugar una solicitud de sesión fotográfica con los rebeldes para exhibir en cadena nacional antes del fin de sexenio.
En Chiapas no hay condiciones para restablecer el diálogo. La Carta abierta al EZLN no las crea ni quiere crearlas. No es un documento para la paz, sino una herramienta para la propaganda política, de cara a la sucesión presidencial. Si la foto no se capta se dirá que los zapatistas son intransigentes, que pretenden alargar el conflicto, que no quieren realmente resolver las demandas de las comunidades indígenas. De cualquier manera servirá para cubrirle las espaldas a Francisco Labastida. Desde el 7 de febrero el candidato oficial del PRI ya no es responsable de nunca haber solucionado el problema. El asunto es, ahora, responsabilidad del nuevo secretario de Gobernación. El se sentó en la mesa de juego y puso nuevas fichas. El pasado está enterrado. Su antiguo jefe tiene las espaldas cubiertas.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia trazada no para alcanzar la paz, sino para derrotar al EZLN. Es su "cara bonita". Una de las puntas de la pinza. Del otro lado de la tenaza se encuentran las acciones militares destinadas a cercar y romper la resistencia de los rebeldes, las supuestas deserciones zapatistas y las reformas legales acordadas para vaciar los acuerdos de San Andrés.
Tan sólo diez días después de que Diódoro Carrasco se responsabilizó de conducir la política interna del país, el 25 de mayo de este año, dio inicio una escalada militar en Chiapas que se prolongó hasta el 14 de junio. Elementos del Ejército y de la Policía de Seguridad Pública realizaron decenas de incursiones, allanamientos, detenciones, interrogatorios y amenazas sobre comunidades y bases de apoyo del EZLN.
El 20 de agosto arrancó una nueva campaña de cerco y hostigamiento en contra de los zapatistas. Con el pretexto de proteger a dos empresas contratistas que construían un camino en la comunidad de Amador Hernández, se trasladaron a ese poblado más de 400 elementos del Ejército. Aunque después de un escándalo nacional el gobierno canceló la construcción de la carretera, las tropas permanecieron en la localidad. Cinco días después una partida militar, dirigida por el hermano del secretario de la Defensa, disparó, hirió de bala, golpeó y detuvo a tres simpatizantes rebeldes en la comunidad de San José La Nueva Esperanza.
En el terreno legislativo, el Congreso de Chiapas aprobó, sin objeción alguna del gobierno federal, tres iniciativas que violentan los acuerdos alcanzados entre los zapatistas y el gobierno: la remunicipalización de la zona de conflicto, una nueva legislación indígena que no reconoce derechos, y la amnistía a paramilitares.
La Carta abierta al EZLN del 7 de septiembre es, tal y como lo reconoce el mismo documento, un paso más en esta política. No representa una ruptura ni una nueva orientación. No responde a las cinco condiciones establecidas por los zapatistas para reanudar el diálogo. A lo sumo, retrocede en algunos puntos en los que la estrategia oficial, después de la masacre de Acteal, se había entrampado, tales como el desmantelamiento de la mediación y la ilusión de resolver el conflicto al margen de los insurrectos. Pide a los rebeldes que se sienten a negociar a cambio de promesas, no de hechos. Trata de reabrir nuevamente la negociación de San Andrés. Ofrece liberar a bases de apoyo presas, que de acuerdo con la ley del 11 de marzo de 1995, deberían estar libres, siempre y cuando se examine su situación junto con el EZLN.
En el juego de ilusionismo de la política mexicana lo que el gobierno puso en la mesa con Un paso más para solucionar el conflicto en Chiapas no es el fin de la guerra, sino algo distinto: el espejismo de la paz, espejos y bisutería para los rebeldes a cambio de una foto. *