Sueños de campos de golf

13 de enero de 2008

Los maiceros son los perdedores netos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Más de 3 millones de productores de maíz, 85 por ciento de ellos campesinos, con parcelas menores de cinco hectáreas y rendimientos promedio de entre 2.5 y 5.6 toneladas por hectárea

, son los responsables de la seguridad alimentaria de la población. A partir del pasado primero de enero se encuentran en el mercado abierto y deberán competir sin ninguna protección con los productores de maíz de Estados Unidos, con parcelas de 270 hectáreas y rendimientos de entre 8.6 y 10 toneladas por cada una en promedio, además de ventajas de clima, tecnología intensiva en capital y agroquímicos y mayores subsidios estatales.
En el TLCAN, el gobierno negoció una protección a los maiceros mexicanos a través de aranceles-cuota por un plazo de desgravación de 15 años. El tratado definió una cuota que se importa sin arancel, pero cualquier volumen por arriba de ella pagaría porcentajes altos de impuestos (215 por ciento al inicio).
Sin embargo, en 1996 el gobierno de Ernesto Zedillo decidió de manera unilateral casi triplicar la cuota de importación y no cobrar ningún arancel. A partir de entonces, los sucesivos gobiernos priístas y panistas han permitido la entrada de de maíz por arriba de la cuota sin pagar gravámenes. Entre 1994 y 2007 se importaron 44.5 millones de toneladas del grano por arriba de la cuota, y no pagaron 4 mil 500 millones de dólares de aranceles, que fueron a parar a los bolsillos de los importadores.
En 2001 (año para el que hay datos), entre las 189 empresas importadoras de maíz se encontraban las trasnacionales Cargill, Maseca, Minsa, Arancia, Corn Products International, Purina, Archer Daniels Midland, Tyson, Pilgrim’s Pride y Bachoco, que absorbieron en conjunto cerca de la mitad de las compras al extranjero.
La trasnacionalización del mercado agroalimentario es uno de los principales efectos del tratado. En 1998 el gobierno eliminó la Conasupo y dejó el mercado interno a cargo de las trasnacionales, que operan como cárteles. Cargill está vinculada a Monsanto y a Purina; Maseca está ligada a ADM, ALMEX y Wal-Mart; Minsa opera con Corn Products International y Arancia.
Estas empresas, además de estar entre las principales importadoras de maíz a México, son las mayores compradoras de las cosechas a los productores y están entre las más importantes industrializadoras, comercializadoras y distribuidoras de maíz. Son las beneficiadas de la liberalización de la agricultura.
Mientras entre 1993 y enero de 2007 los precios a los productores de maíz se redujeron en 51 por ciento en términos reales, los costos de la tortilla a los consumidores aumentaron 126 por ciento.
Los funcionarios del gobierno declararon que los maiceros no tendrán problemas por la apertura total del mercado a partir de este año. Es un hecho que el gobierno les anticipó desde 1996 los problemas de la apertura, pero sí hay implicaciones.
La primera es que los aranceles no existen más; así, en el hipotético caso de que el gobierno quisiera cobrarlos, no podría. Dos, no es posible establecer medidas de emergencia o salvaguardas, ya que sólo operan durante el periodo de tránsito. Tres, el Comité de Cupos, que de manera tibia intentó condicionar la asignación de cupos a la compra de ciertos volúmenes de la cosecha nacional, no tiene ya más razón de existir. Cuatro, no habrá restricciones a la importación de maíz blanco. Cinco, el mercado está abierto para las importaciones y las exportaciones.
Para fortuna del gobierno, la apertura total llega en un momento de precios internacionales del maíz altos, debido al aumento de su demanda para la fabricación de etanol. Pero en esta coyuntura, como ocurrió en 2007, es posible que los precios del alimento en el mercado doméstico aumenten por acciones especulativas de las corporaciones que lo controlan e impacten a la mayoría de la población consumidora.
Las comercializadoras pueden secar el mercado del grano, al exportar el maíz blanco mexicano para cubrir la demanda de otro países. También es posible que se inicie en México la operación de plantas de etanol a partir de maíz que, a pesar de no ser rentables ni eficientes, compitan por su uso como alimento humano. En un contexto de importaciones escasas, el aumento de la demanda del grano para alimentar el ganado competirá con la demanda para consumo humano. La crisis de la tortilla, a inicios de 2007, fue un ejemplo contundente de los efectos del control monopólico de los mercados de productos básicos por las trasnacionales en el libre mercado.
Esta coyuntura de precios altos en el mercado internacional puede durar los próximos años, hasta que Estados Unidos desarrolle la tecnología para producir etanol a partir de una materia prima con mayor eficiencia. En ese momento, las cotizaciones volverán a desplomarse y las importaciones de maíz subsidiado inundarán el mercado y llevarán a los productores mexicanos a la ruina.
Antes del auge del etanol de maíz, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos había pronosticado que gracias a los subsidios podían comercializar el grano en 842 pesos la tonelada, por lo que alentaba a los campesinos maiceros de México a cambiar de sector y abandonar la agricultura. Mientras Estados Unidos apresura su muro, el gobierno mexicano sueña con campos de golf.