Dictamen final de la Pre-audiencia Nacional: Contaminación Transgénica del Maíz Nativo, celebrado en San Luis Beltrán Oaxaca, Oaxaca, los días 26 y 27 de abril de 2013

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos. El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar aquí sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional. Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía. Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios, sólidamente sustentados, que demuestran este hecho de extrema gravedad: buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía —un territorio que por miles de años han cuidado y protegido los pobladores originarios mediante tradiciones de responsabilidad que continúan los actuales titulares de la soberanía—, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.
Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentidoen el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana. Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917, tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales, en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas. Todo esto implica una desviación de poder, que podemos demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado mediante nuevas leyes y a través de políticas y programas. Los poderes constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor de las mismas corporaciones.

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