Tenemos que estar alertas”, señalan durante la Asamblea en Defensa del Territorio
Blanche Petrich
Enviada
Periódico La JornadaMiércoles 18 de marzo de 2015, p. 13
Cuetzalan, Pue.
Líderes comunitarios, campesinos y defensores del medio ambiente de la Sierra Norte de Puebla advirtieron que frente a las reformas energética, de minería y la inminente ley nacional de aguas, las empresas que pretenden despojarlos de su territorio y sus recursos “no pasarán”.
La advertencia la realizaron durante la séptima Asamblea de Pueblos Serranos en Defensa del Territorio y la Naturaleza, que se realizó el pasado domingo en la comunidad cuetzalteca de Pepexta.
El movimiento de organizaciones y comunidades nahuas, totonacas y mestizas de la región, que rechaza las concesiones que el gobierno federal ha otorgado a negocios privados –principalmente hidromineros–, abarca la participación de cerca de 90 pueblos de siete municipios poblanos y tres veracruzanos, colindantes con la zona.
Pepexta se ubica en el corazón de este bosque mesófilo de montaña, de los más amenazados del país. Desde noviembre pasado, cuando se empezaron a conocer los megaproyectos corporativos, se activó la movilización. A partir de ese momento se organiza un encuentro cada dos meses en distintas comunidades.
Grandes logros
Entre otros avances, lograron que la presidencias municipales de Cuetzalan y Tuzamapan de Galeana declararan estas comunidades territorios libres de minería, hidroeléctricas y explotaciones petroleras.
También decidieron la adhesión de los 90 pueblos, que abarcan siete municipios poblanos, a la demanda que fue presentada por integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic) a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por presentar manifestaciones de impacto ambiental “plagadas de errores, datos viejos y omisiones”.
Firmaron lista de asistencia más de 3 mil delegados de 89 pueblos, entre autoridades, jueces de paz, líderes agrarios, comités de gestión del agua y representantes de cooperativas de siete municipios, con el propósito firme de frenar la más reciente amenaza: los cuatro proyectos que la Semarnat concedió a la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y de la cual informó en su Gaceta en diciembre pasado: cuatro hidroeléctricas, presentadas como obras independientes, y “mini-hidroeléctricas”, bautizadas como Ana, Boca, Conde y Diego.
Según los estudios realizados por el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y el Centro Universitario para la Preservación de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder/ UAP), las hidroeléctricas concesionadas no son menores ni inofensivas, sino obras de gran envergadura vinculadas a la extracción minera de El Aretón y Minera Sunshine, de los consorcios Grupo Ferrominero y Autlán, y con severos impactos ambientales en la zona.
Leonardo Durán, del comité técnico del Cotic y de la cooperativa Tosepan-Titataniske (unidos venceremos, en la lengua náhuatl-maseual que se habla en esos pueblos), explicó las afectaciones que implicaría a la vida económica y cultural. El río Apulco, que corre por 114 kilómetros desde Tlaxcala, y en la selva alta poblana se alimenta de decenas de cascadas y manantiales para ir a desembocar como afluente del río Tecolutla, sería desviado de su cauce –entubado o represado– en cuatro puntos diferentes, lo que afectaría directamente 27 kilómetros.
El impacto acumulado de las cuatro hidroeléctricas, que empiezan en Tetela de Ocampo y Xochiapulco y terminan en Zacapoaxtla, Cuetzalan y Tlatlauitepec, afectará la vida natural de 45 por ciento del río, hoy rico en flora y fauna.
Bajo la sombra de un fósil viviente
En la asamblea fueron distribuidos miles de ejemplares del periódico comunitario Kuojtakiloyan (que significa “el monte donde producimos” o “nuestro bosque útil”), en el cual los delegados podían ver gráficamente en el mapa el paso de las corporaciones privadas por sus tierras.
En la tarima del gran centro comunitario de Pepexta fue colocada una enorme pesma (así le llaman a los helechos arborescentes gigantes, que datan de hace 300 millones de años). En estos parajes hay bosques enteros de estas joyas botánicas y otras muchas, y los animales y personas que las pueblan. Los oradores hablaron desde ahí, bajo el penacho de esta especie que es considerada un fósil viviente, para simbolizar su determinación en defensa de su territorio, del agua y de su identidad indígena.
La manta que presidió la asamblea rezaba: “Los serranos defendemos nuestra cultura y nuestra naturaleza”. Los discursos fueron bilingües. La participación de pueblos totonacos en este movimiento todavía es minoritaria.
Rufina Villa Hernández, secretaria del Comité del Ordenamiento Ecológico de Cuetzalan, hizo el recuento de las seis asambleas anteriores, donde se ha ido definiendo la agenda estratégica contra lo que llamó “los proyectos de muerte”. Aseguró: “Vamos a sacar de nuestros lugares a cualquiera que venga a entrometerse en nuestra forma de vida de indígenas maseuales. Esto alcanza mucho más allá de nuestro municipio: lo que afecta a unos, nos afecta a todos”.
La inminencia de una reforma a la ley federal del agua imprimió a muchas de las intervenciones un ingrediente adicional de alarma. En Puebla ya fueron aprobadas las reformas que favorecen la privatización del líquido. “Nos preocupa lo que vemos venir. Tenemos que estar alertas porque por ahora los diputados federales pararon los cambios en la ley del agua, pero pasando las elecciones lo van a retomar. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a dejar que otros vengan y tomen nuestra propia agua?”
Luis Enrique Fernández, presidente del órgano técnico del Cotic, explicó que las concesiones otorgadas a empresas privadas para el uso del río Apulco privilegian a los negocios por encima del derecho humano más elemental, que es el del acceso al agua.
En Cuetzalan, como en otros municipios, se han organizado los consejos maseuales del agua, como parte de un importante tejido cooperativo. Sus representantes, electos en asamblea, son responsables de la gestión de los recursos acuíferos. En la asamblea se resolvió repetir esta experiencia como una forma de resistir el despojo y “para hacer resistencia”. El Cupreder ofrece asesoría para estos organismos.
En este tema, como entre los demás, se subrayó la división entre los coyomes –los no indígenas, en este caso los diputados poblanos que aprobaron las leyes de privatización del agua y los legisladores federales, que se aprestan a hacer lo mismo– y los maseuales, que proponen un manejo del recurso con respeto a las mayorías.
La invitación a conocer y extender este modelo de movilización se hizo extensivo a las comunidades totonacas de la sierra que habitan hacia el norte de Veracruz. En las cercanías de Poza Rica, según las previsiones de las rondas cero y uno de la nueva ley de energéticos, se contempla la asignación de contratos a empresas privadas en 30 por ciento de su territorio.
Por último, en la agenda de los movimientos serranos –que no sólo colindan con “territorio zeta” por el lado de Veracruz, sino que han experimentado en los años recientes un ascenso de ataques de la delincuencia común a niveles no conocidos hasta ahora– también figura el de la autodefensa pacífica.
El joven Francisco Gómez explicó lo que han avanzado los comités comunitarios en este rubro: “Vemos que las autoridades de los tres niveles están muy lejos de estar interesados en proteger a la población que dicen representar. Entonces lo vamos a hacer nosotros, en forma pacífica y organizada. Se decidió una depuración de policías y topiles en los pueblos”, indicó.