Irreversibles”, daños a la naturaleza y a pobladores, dicen
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Martes 2 de febrero de 2016, p. 31
Con más de 400 concesiones y 35 megaproyectos en sus ocho regiones geográficas, la industria minera prácticamente ha invadido el estado de Oaxaca, con “saldos irreversibles” en el medio ambiente y en la salud de la población. Ninguna de estas licencias otorgadas por el gobierno federal, “en complicidad” con autoridades estatales, cuenta con la anuencia de pueblos o comunidades originarias.
Resultado de un encuentro estatal contra la minería, 48 comunidades, 30 organizaciones, dos centros de investigación y tres radios comunitarias de los valles, sierra Sur, costa, istmo y cañada exigieron al Estado mexicano detener “la depredación y el avance voraz de esta industria. Ningún proyecto más sin la autorización de las comunidades y pueblos”, reclamaron.
“La minería es la expresión de un modelo de dominación, sustentado en la extracción irracional de bienes comunes de los pueblos, que se basa en el despojo”, señala la declaratoria final del encuentro, realizado este fin de semana en la explanada de la comunidad de Las Huertas de Ejutla, Oaxaca.
Además, denunciaron que estas concesiones a grandes corporaciones, predominantemente extranjeras, violentan su derecho a la información, debido a que han sido otorgadas sin su consentimiento y donde los datos que existen sobre las licencias son parciales, manipulados, poco accesibles y hasta falsos.
Esta condición vulnera otros derechos fundamentales, como la autonomía, el territorio y violenta los sistemas comunitarios en los ámbitos económico, político, social y cultural.
Asesinatos y despojo
En su declaratoria, producto de dos días de trabajo, los participantes exigen también que se deje de criminalizar la labor de los defensores del territorio, pues autoridades de los tres niveles de gobierno y diversos grupos “paramilitares”, al servicio del sector empresarial, persiguen, encarcelan y en el peor de los casos privan de la vida a quienes buscan proteger la tierra y los bienes comunes.
En su denuncia, advierten que las grandes empresas mineras violan sus derechos, al utilizar diversos mecanismos para dividir y confrontar a las comunidades, en tanto los gobiernos federal y estatal generan modificaciones legislativas e institucionales –como el Fondo minero– para despojar de su territorio a comunidades indígenas, en beneficio siempre de los intereses de las trasnacionales.
Tras presentar una larga lista de comunidades afectadas y en lucha, incluso con asesinatos de luchadores sociales, demandaron pleno respeto a los procedimientos de consulta comunitaria, que constituyen una práctica ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones, así como el que sus resultados sean considerados vinculantes. Estas consultas representan un derecho sustantivo de las garantías fundamentales de los pueblos indígenas.