El Estado dejó de regular la actividad; desprotegidas, comunidades indígenas y rurales: estudio
Documenta hasta 2014, 888 proyectos prorrogables a 50 años, operados por 268 empresas en 57.4% del territorio
Por cada mil pesos que obtienen consorcios, localidades sólo 15 centavos
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 26 de marzo de 2018, p. 32
Hay alrededor de 120 conflictos ambientales vigentes vinculados con la minería en el país debido a los costos sociales y ecológicos que esta explotación ocasiona. El Estado prácticamente ha renunciado a la regulación, así como a la protección del ambiente y de las comunidades indígenas y rurales en las zonas donde se realiza la actividad extractiva. Sin dejar desarrollo local, por cada mil pesos obtenidos por las corporaciones mineras, las localidades afectadas recibieron sólo 15 centavos por conducto de gobiernos estatales y municipales.
Datos hasta 2014 refieren que se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros, prorrogables por medio siglo, con capital extranjero y operados por 268 empresas de distintos países, pero sobre todo de Canadá, refiere el apartado Política pública sobre minería, medio ambiente y su soberanía nacional, coordinado por Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas, realizada por expertos de universidades.
Esos proyectos están previstos en 112.82 millones de hectáreas, que equivalen a 57.4 por ciento del territorio nacional. Agrega que en 2014 la Secretaría de Economía informó que había 3 mil 832 empresas trasnacionales dedicadas a esta actividad, pero la minería no aporta nada al desarrollo local y de acuerdo con datos de Fundar, en 76 por ciento de los municipios con producción de oro y en 87 por ciento de aquellos en los que hay producción de plata el nivel de pobreza de la población es mayor al promedio nacional.
Aportaciones fiscales raquíticas
Las aportaciones fiscales de la minería son raquíticas, un ejemplo es que en 2016 fueron de apenas 2 mil 509 millones de pesos, lo que equivale a 0.32 por ciento del total de los ingresos fiscales, mientras el valor de la producción minera metálica que se generó sólo en 2014 llegó a 14 mil 765 millones de dólares, los cuales fueron transferidos a Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. A cambio de esos raquíticos ingresos, la minería a cielo abierto cambia de manera definitiva la estructura del suelo y de las cuencas hidrológicas, se afectan los cuerpos de agua, los suelos, la flora y la fauna, se pierde la cobertura forestal, a lo cual se suma el desplazamiento y destrucción de cientos de comunidades.
Destruyen ecosistemas
La nula sustentabilidad de la megaminería en México se percibe en la destrucción masiva y acelerada de la tierra, en la contaminación del aire, en el gran uso de agua y en la huella hídrica. Sólo en Sonora, el Grupo México, y en el Zacatecas, Gold Corporación, consumen más agua que toda la población de cada entidad.
Menciona el estudio que el despojo hídrico por la megaminería se manifiesta en que 97 súper proyectos mineros han privado del acceso de los recursos hídricos a 10 por ciento de la población nacional, según cifras de la Comisión Nacional del Agua y Carto Crítica.
Frente a este panorama, el reporte propone que los candidatos a la Presidencia suscriban un compromiso para decretar la moratoria a nuevas concesiones mineras y establecer fecha de caducidad de las que ya fueron otorgadas, tanto para exploración como explotación en todo el país.
También se debe promover una nueva ley minera que faculte a los estados más afectados por la megaminería a establecer un impuesto ambiental que prevea y enfrente la huella ecológica desde el inicio de las actividades hasta el final de los proyectos.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/26/sociedad/032n1soc