Entra en vigor legislación para la protección del maíz

Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Martes 14 de abril de 2020, p. 11

Desde ayer, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, por la cual se declara a la producción, comercialización y consumo de esta gramínea endémica como una manifestación cultural del pueblo mexicano y ordena al Estado garantizar su protección.

Aprobada la última semana de marzo en la Cámara de Senadores, esta legislación fue impulsada por Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera (ambas legisladoras de Morena) y prevé la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, el cual deberá encabezar el propio titular del Ejecutivo federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dispondrá de 90 días naturales para la conformación y puesta en marcha de ese consejo, el cual se encargará del diseño, planeación, programación y definición de políticas públicas sobre el fomento y protección de la semilla; también revisará los programas de siembra, la autorización y supervisión de los bancos de semilla nativos e impulsará la investigación y difusión para el conocimiento de la gramínea.

También designa al Estado como garante de la conservación in situ de este maíz; la legislación obliga a los organismos públicos responsables a identificar las áreas geográficas en las que se practiquen los sistemas tradicionales de producción, así como establecer las medidas necesarias para fomentar la sustentabilidad de aquellos sitios donde se cultive.

Se establece también la responsabilidad estatal de fomentar la creación de bancos comunitarios de semillas de maíz nativo por ejidos y comunidades, los cuales podrán constituirlos conforme su normatividad interna, usos o costumbres”.

En los artículos transitorios del precepto se establece que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, revisará y en su caso modificará los programas existentes para que se ajusten a los propósitos de la ley de acuerdo con sus facultades en la materia.

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