28 de febrero de 2004
Kuala Lumpur. El tema de los productos transgénicos es uno de los más acremente debatidos en el mundo. Tales productos implican riesgos para el medio ambiente, la salud, la biodiversidad. La tecnología de la ingeniería genética genera tantas incertidumbres y efectos colaterales inesperados que, en cualquier otro caso, no podría llamarse ni ingeniería ni tecnología. Es como construir un puente tirando bloques de una orilla a la otra, esperando que caigan en el lugar correcto. Durante el proceso aparecen todo tipo de efectos inesperados y los dueños de esta obra aseguran que no hay evidencias de que tengan impactos negativos sobre la salud o el medio ambiente, y que quienes los cuestionan no son científicos. La realidad es peor porque los transgénicos no son inertes, sino organismos vivos que se reproducen en el ambiente, fuera de control de los que los han creado. Y además, todos los transgénicos en cultivo comercial en el mundo están patentados y son propiedad de cinco empresas multinacionales.
En este contexto acaba de finalizar en Malasia la primera reunión de los 87 países que han ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. El protocolo, que está bajo el Convenio de Diversidad Biológica, se firmó en 2000, luego de siete años de negociaciones y entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. Los que iniciaron este proceso lo vieron como un instrumento multilateral para proteger a sus países del avance inescrupuloso de las empresas multinacionales que quieren utilizar al mundo entero como campo de experimentación, cobrando además jugosas regalías por las patentes de sus semillas contaminantes y llevando a juicio ante la Organización Mundial de Comercio a quienes no lo permitan. Aunque el protocolo quedó bastante debilitado por la obstrucción de las multinacionales y los pocos países que tenían el 99 por ciento de la producción de transgénicos (Estados Unidos, Canadá y Argentina), otorga sin embargo a los firmantes el derecho a pedir que antes de que se hagan importaciones de productos que contengan transgénicos se debe informar al país receptor, que hará un evaluación de riesgos para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana y en función de ello puede optar por rechazarlos, basado en el principio de precaución.
México tiene esa posibilidad, más aun al haber ratificado el protocolo. Por ser centro de origen y diversidad del maíz, y haberse confirmado contaminación transgénica del maíz campesino, uno podría esperar que lo utilizara para proteger este invalorable tesoro cultural, genético y económico. Pero los delegados a la reunión de Kuala Lumpur vieron con asombro que la delegación de México anunció que había firmado un acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá (que no son parte del protocolo y según declaraciones de Estados Unidos no tiene intención de serlo), que burla los conceptos centrales del protocolo. Este acuerdo, firmado por Víctor Villalobos, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) -que actuó como jefe de la delegación mexicana en Malasia-, es copia casi literal de un borrador que Estados Unidos entregó como "modelo" a varios ministros de agricultura latinoamericanos, pero que solamente consiguió que firmara México.
Contiene varios puntos para el saboteo a la protección a la biodiversidad y la salud que podría brindar el protocolo. Según este acuerdo trilateral, si existe hasta 5 por ciento de
contaminación transgénica en un cargamento, el exportador no necesita identificarlo de que "puede contener" transgénicos; si la contaminación no es intencional el exportador no es responsable por no haberlo etiquetado; y en caso de que se declare que puede contener transgénicos, se hará en la factura comercial, que probablemente quedará en los trámites administrativos y nadie pedirá una evaluación de riesgos. México se transformó, de esta manera, en la vergüenza pública de la reunión del protocolo, al defender abiertamente los intereses de las multinacionales contra los de sus propios campesinos, indígenas y consumidores. Para quien le quedara duda, siguió durante toda la semana actuando como caballo de Troya de las multinacionales, trabando las negociaciones contra las opiniones de las demás 86 partes del protocolo, hasta que consiguió, entre otras cosas, que se debilitara el texto que exige información a los exportadores sobre las características de los transgénicos para hacer posible su correcta evaluación de riesgo.
Aunque el caso de México, con su maíz contaminado y sus millones de indígenas y campesinos vulnerados en el núcleo de sus economías y culturas, fue el más notorio, los delegados se vieron sorprendidos con otra noticia, esta vez de Argentina. En ese país, el ministro de Agricultura, Miguel Campos, anunció que formará un fondo con impuestos a los agricultores para pagar las regalías que Monsanto dice haber perdido, porque los agricultores no le pagan por sus patentes. Con 5 por ciento de contaminación "garantizada" en cada embarque, en menos de 10 años todos los campos de México estarán contaminados. ƑSerá que el próximo paso es que México ponga impuestos a los campesinos para pagar las patentes por su maíz contaminado?
* Investigadora del Grupo ETC