Campo tomado

02 de noviembre de 2002

Desde hace 10 años no había sonado tan fuerte la demanda de distintos actores rurales de renegociar, suspender o sacar la agricultura del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). Dentro de dos meses, 93 por ciento del comercio agropecuario con Estados Unidos quedará abierto. México no podrá imponer ninguna restricción a las importaciones del país exportador mundial de estos productos. Unicamente el maíz, el frijol y la leche en polvo podrían mantener aranceles hasta el año 2007, si el gobierno mexicano decide dejar de regalárselos a los importadores.
Al inicio del TLCAN la mitad del comercio agropecuario con Estados Unidos quedó desprotegido (52 por ciento). A cuenta de una política de "modernización agrícola a golpes de mercado", muchos productores, la mayoría campesinos, perdieron la rentabilidad de sus cultivos: sorgo, soya, trigo, cártamo, ajonjolí, algodón, y tuvieron que refugiarse en el maíz, o en el frijol, que según los negociadores del tratado habían obtenido una protección "extraordinaria" por 15 años. Su producción aumentó inclusive en las tierras de riego y también su productividad, y pasó de 11 millones de toneladas de maíz a más de 18 millones, mientras que la de frijol creció 25 por ciento.
Los productores de maíz y frijol, muy pronto se dieron cuenta de que la única protección permitida en el "libre comercio" era inexistente. Los sucesivos gobiernos mexicanos apostaron a las importaciones sin cobrar el arancel, para beneficiar a los importadores, los exportadores y a sus consumidores: empresas empacadoras, industrializadoras, comercializadoras y ganaderos, muchos de ellos trasnacionales. Los cupos de importación de maíz se han rebasado durante todos los años del TLCAN, excepto en 1995 y 1997. Los de frijol se rebasaron desde 1996 hasta 1999 y durante 2001.
Para el próximo año, otro 36 por ciento del comercio con Estados Unidos estará totalmente abierto. Incluye productos que tienen actualmente un raquítico arancel de entre 1 y 2 por ciento, pero otros con un mecanismo de salvaguarda, que permitía, al rebasar cierto cupo de importaciones, aplicar el arancel existente antes del TLCAN: cebada, manzanas, papas, café instantáneo, porcinos vivos y carne, jamones, manteca, tocinos, aves, pastas de pavo y pollo, huevo, jugo de naranja.
El sector pecuario y agroindustrial, que teme con razón sucumbir en esta apertura, durante 10 años promovió y se benefició de la política gubernamental de cargar los costos del ajuste al sector más débil de la cadena: los productores de granos básicos -más de 3.5 millones de campesinos-. Sin embargo, su hora también ha llegado.
Cargill y ConAgra no sólo exportarán granos a México y abatirán, como ya lo han hecho, los precios a los productores en una banda de 50 por ciento, sino que ahora tendrán la libertad de exportar todo tipo de animales procesados. El mercado agroalimentario en Estados Unidos presenta un altísimo grado de concentración. En el empaque de puerco cuatro empresas -Smithfield, Tyson (IBP Inc.), ConAgra (Swift) y Cargill (Excel)- controlan 59 por ciento del mercado. El 50 por ciento del comercio de
aves rostizadas está controlado por Tyson Foods, Gold Kist, Pilgrim's Pride y ConAgra. Las mismas recurrentes cuatro empresas: Tyson (IBP Inc.), ConAgra Beef Companies, Cargill (Excel Corporation), Farmland National Beef Pkg. Co. Controlan 79 por ciento del empaque de res. Ellas ya han llegado a México para quedarse.
En el campo mexicano, el "libre comercio" se torna más amenazante con el aumento de subsidios de Estados Unidos, a partir de su nueva Ley Agrícola, firmada en mayo pasado. Estos subsidios reducirán de manera artificial los ya de por sí deprimidos precios agrícolas mundiales y las importaciones inundarán el mercado doméstico completamente abierto. Pero, para desgracia del presidente Fox, estos subsidios estadunidenses no violan ningún compromiso del TLCAN ni de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En el Acuerdo Agrícola de la OMC (1995), los países se comprometieron a reducir los subsidios internos que distorsionan el comercio. Cada país definió un techo de subsidios distorsionantes, pero permitidos, "caja ámbar", que no incluye los pagos directos a los productores, "caja verde". El techo de Estados Unidos es de 19 mil millones de dólares anuales, la nueva Ley Agrícola plantea 18.9 mil millones de dólares en promedio, y dentro de ellos se incluyen algunos de la "caja verde", que no entrarán en la contabilidad. México definió un techo de 8.3 mil millones de dólares, en el cual Procampo no se incluye. Este monto jamás se les ha otorgado como subsidio a los productores mexicanos, pero es el permitido. Estados Unidos, por el contrario, otorgará a sus productores un monto similar al permitido.
El gobierno foxista y los secretarios de Economía y Agricultura tienen el campo tomado, prometieron un blindaje agroalimentario de saliva, pues para construirlo sólo tienen dos opciones: subsidios o protección. Al firmar el TLCAN México se comprometió a competir libremente y sin protecciones con los subsidios de Estados Unidos, pero en el presupuesto, al igual que en el campo, existen profundas asimetrías en favor de Estados Unidos. Renegociar, suspender o cancelar los compromisos agrícolas del TLCAN es la única alternativa.