Café: Privatización y Concertación Social [**]

Noviembre-Diciembre 1990

En octubre de 1989, el Gobierno Federal anunció que modificaría su intervención en el sector cafetalero limitando la intervención del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) a la investigación y asistencia técnica, a la organización y representación internacional, reduciendo sus factores de acopio, financiamiento y comercialización paulatinamente a lo largo de tres ciclos.
Una dieta forzada
La receta para hacer sanar al Estado obeso haciéndolo adelgazar, propinada por la medicina neoliberal no fue aplicada exclusivamente a los cafetaleros, pero aquí, a diferencia de otros sectores, encontraron a sujetos sociales maduros dispuestos a disputarse los espacios abandonados por el Estado. Ciertamente las instalaciones productivas, las líneas de financiamiento y los canales de comercialización, dejados por el Inmecafé pasaron a ser, a partir de ese momento, campo de batalla y negociación. Concertación social y reprivatización serán en el sector un escenario de aplicación privilegiado.
Oro verde
El café es un producto clave para la economía mexicana. De él viven cerca de dos millones de personas que cultivan poco más de 560 mil hectáreas, en 12 estados de la República. De su exportación se obtienen cerca de 600 millones de dólares (88-89), y es el tercer generador de divisas (después del petróleo y el turismo). México es el cuarto exportador mundial del grano, y el segundo en su variedad arábiga.
Su estructura productiva se encuentra altamente polarizada, tanto en la propiedad de la tierra como en los niveles de producción por hectárea. Según el Inmecafé el 71.3 por ciento de los 194 mil productores que hay en el país tienen menos de dos hectáreas; el 20.6 por ciento tiene parcelas de 2 a 5 hectáreas; el 1.6 por ciento tiene propiedades de 10 a 20 hectáreas; y el 0.4 por ciento posee más de 20 hectáreas.
En la explotación del café coexisten modelos de producción altamente desarrollados con uso intensivo de trabajo asalariado y la aplicación de insumos y equipos sofisticados, con modelos de producción comunitarios basados en el uso intensivo de la fuerza de trabajo familiar. Así, mientras el 71 por ciento de los productores -ubicados en el sector marginal- produjo el 25.6 por ciento del total del café en el país, el 0.4 por ciento de los productores -con más de 20 hectáreas- cosechó el 27 por ciento de la producción nacional.
Esta concentración de los recursos productivos abarca también otras áreas.
El sector privado acopió el 90.4 por ciento del café producido, y es propietario de alrededor de las tres cuartas partes de la planta beneficiadora existente, así como de casi la totalidad de la industria torrefactora y solubilizadora. Evidentemente controla la mayor parte de los recursos financieros disponibles para la comercialización del grano.
El Estado y los cafeticultores
El Inmecafé es el principal instrumento de intervención estatal en el sector. Tiene como objetivo básico defender y mejorar el cultivo, beneficio, industrialización y comercio del café mexicano, tanto en el país como en el extranjero, a través de la participación corresponsable de él mismo y de los pequeños productores e incrementar la disponibilidad de divisas para el país.
Fundado en 1958 para desempeñar funciones de investigación, experimentación y asistencia técnica, hacia 1973 modificó ampliamente sus funciones. A partir de entonces pasó a desempeñar un papel clave en el proceso de organización, financiamiento, acopio y exportación del sector, transformando el esquema de intermediación productivo-comercial que existía hasta entonces.
Durante decenas de años, la gran mayoría de los productores vendían su producción en forma de cereza a acaparadores locales. Esos intermediarios comercializaban el producto, a su vez, con otros acaparadores que poseían instalaciones para beneficiarlo y secarlo. En el centro de esta telaraña comercial se encontraban los zares del café. La intervención del Inmecafé a partir de 1973 modificó radicalmente este esquema. De entrada, promovió la asociación de productores en organizaciones con algunas funciones crediticias (UEPC), altamente dependientes del Instituto. Asimismo, comenzó un sistema de entrega de anticipos para la producción en fertilizante y en efectivo en el que el productor otorga como garantía parte de su cosecha. Así, en tan sólo dos años, el Instituto organizó 1 mil 696 UEPC y, para comienzos de este año, existían ya 3 mil 369 de estas organizaciones.
Aprovechando los altos precios del producto en 1977-78, el Instituto desplazó a una multitud de intermediarios tradicionales y golpeó severamente a los viejos zares del café, estableciendo una relación directa con la mayoría de los pequeños productores.
Así las cosas, en 1980 el Inmecafé logró acopiar en 1980-81 el 50 por ciento de la producción total de grano, pasando a exportar alrededor del 40 por ciento de las ventas mexicanas al exterior. Sin embargo, el núcleo de poder principal del sector, el de las grandes empresas que controlan el tostado y la industria del café soluble y que ocupan grandes empresas, se mantuvo intocado.
El aparato corporativo
Durante años, los productores de ingresos acomodados y de alta rentabilidad han estado agrupados en dos organizaciones gremiales: la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) y la Confederación
Mexicana de Productores de Café. En estas organizaciones se concentran los dueños de las fincas más productivas, de las plantas de beneficiado más modernas, de las instalaciones mejor equipadas y de las líneas crediticias más prósperas. Son, sin lugar a dudas, un grupo de presión importante.
Por el lado del sector social, quién asumió la representación de los pequeños productores hasta la formación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) fue la oficialista CNC a través de la Federación Nacional de Productores de Café y de sus respectivas uniones estatales. Históricamente, el elemento que permitió de manera sustancial, el que sectores importantes de campesinos consideraran a la federación como su interlocutor fue que ésta manejó permisos para exportar 60 mil quintales, así como cuantiosas líneas de crédito barato.
Formalmente, las figuras asociativas que confluyen en la federación son empresas campesinas que aspiran a controlar el proceso de comercialización. Sin embargo, su funcionamiento real tiene muchos vicios, de manera que poco se distingue de los coyotes tradicionales. A través de ellas, los comisariados ejidales obtienen créditos que utilizan para acopiar café de sus socios, sin ninguna mecanismo de participación comunitario y sin rendición de cuentas. El café así recibido, es enviado a los beneficios propiedad de las organizaciones y exportado a través de las cuotas corporativas.
Las organizaciones autónomas
A finales de los setenta y principios de los ochenta nacen formalmente las organizaciones autónomas de productores de café que, cerca de diez años después, formarían la CNOC. Ellas están enclavadas básicamente en franjas de los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y, en menor medida, Oaxaca. En el parto de estas organizaciones Confluyeron tres vertientes ideológicas distintas, frecuentemente cruzadas entre sí: promotores de las instituciones de extensionismo agrario estatal con vocación democrática; sacerdotes influidos por la teología de la liberación; y estudiantes provenientes de las luchas urbano-populares y sindicales que buscaban explícitamente ayudar a construir organizaciones autónomas. Estas corrientes se fundieron con luchas campesinas, en ocasiones de origen ancestral, por la tierra y contra los caciquismos que, con el tiempo, asumieron la forma de luchas por mejores precios y por el abasto.
Desde muchos ángulos, la organización pionera en este terreno fue la Unión de Uniones de Chiapas. Su lucha en el terreno del café tuvo -al igual que para otras organizaciones que se construirían en otras regiones del país- como punto de referencia y negociación al Inmecafé. La presencia del Instituto en el medio rural le dio a los productores dispersos o incipientemente organizados un punto de referencia nacional. Ello permitió que el movimiento asumiera mecanismos de coordinación inicial que superaran el mero intercambio de experiencias facilitando que ésta se diera para negociar conjuntamente demandas Comunes.
Hacia 1982, la organización autónoma se había extendido a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
La realización de un estudio conjunto sobre el mercado internacional sentó las bases para desarrollar una movilización nacional exigiendo un incremento en los precios pagados por el Instituto. Sin embargo, las acciones implementadas, que incluyeron la toma de las instalaciones del Instituto en Jalapa, arrancaron un incremento muy limitado. Esto propició que un conjunto de organizaciones se plantearan la necesidad de que el movimiento cambiara su terreno de lucha. El razonamiento era sencillo: los productores no podían limitarse a ser grupos de presión ante el Inmecafé para obtener mejores precios pues eso los llevaba, inevitablemente, al desgaste. Para superar esta situación debían plantarse la apropiación completa de los procesos de producción, industrialización y comercialización.
El procesamiento del cambio de terreno avanzó muy desigualmente. En Chiapas, la Unión de Uniones avanzó muy rápidamente. Llegó, incluso, a constituir una Unión de Crédito elaborando un audaz plan de desarrollo rural integral. El hecho era explicable: allí, la organización campesina regional asumía frecuentemente la representación del conjunto de la sociedad rural; prácticamente no existían más interlocutores sociales organizados. Por el contrario, en Veracruz, los productores tuvieron grandes dificultades para avanzar.
El cambio de terreno coincide también con un proceso de falta de coordinación entre las organizaciones autónomas. En los hechos, cada una de ellas se concentra en su construcción como organización y, sin enemigo común al frente, Se sueltan los hilos que amarraban los diversos procesos regionales.
Varias de las organizaciones, que intentaron impulsar un proyecto de desarrollo rural integral avanzaron en ello. Usualmente lograron sostener amplios proyectos de abasto autogestionados -a través de agencias estatales como Diconsa o de manera independiente-, impulsar la producción y comercialización de miel o de frutales y procurar diversificar cultivos para no depender exclusivamente de un grano comercial. Muchos de ellos instalaron oficinas, beneficios y bodegas. Algunos se preocuparon por organizar la participación de las mujeres. Otros armaron verdaderas instituciones de atención médica alternativas. Como parte de esta estrategia lograron negociar con el Estado, a veces con éxito, en ocasiones sin él, ampliación de créditos, distribución de fertilizantes, construcción de caminos y escuelas, la introducción de agua potable o la electrificación. En suma, estas organizaciones se convirtieron en factores claves de la democratización de las comunidades donde inciden y de un poder real.
La formación de la CNOC
La CNOC nació del esfuerzo de articulación de una red nacional promovido por la Coalición de Atoyac, sustentado en los intentos de coordinación anteriores y en el mutuo conocimiento entre organizaciones, y en un amplio proceso de unidad y convergencia entre distintas organizaciones que se vivía en el movimiento campesino. Así, en octubre de 1988 se realizó un encuentro de productores de café en la Universidad de Chapingo. Con él se inició la primera etapa de construcción de la CNOC, que culminó con la ruptura
de las cláusulas económicas de la OIC y la celebración del Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Cafetaleras en Lachivizá, Oaxaca.
El encuentro de Chapingo fue clave porque además de mostrar la homogeneidad de las problemáticas entre los participantes avanzó en definir los principios a partir de los cuales debía de construirse la convergencia:
Acción conjunta ante problemas comunes.
Respeto a las formas organizativas, ideología y relaciones políticas de cada organización.
Funcionamiento democrático.
Apoyo mutuo y solidario.
Independencia de partidos, centrales campesinas e instituciones estatales.
Creación de instancias nacionales al servicio de las organizaciones regionales.
Al día siguiente, para demostrar que los acuerdos no eran mera saliva, los asistentes abrieron negociaciones en grupo ante Inmecafé. Se puso en marcha así, un elemento que serviría como cemento para cohesionar la CNOC: la gestión conjunta para problemas particulares.
Con la realización del Primer Encuentro Nacional de Organizaciones Cafetaleras, en julio de 1989, se inició la segunda etapa de la construcción de la CNOC. Allí, 25 organizaciones de seis estados firmaron un Convenio de Unidad y Acción donde se comprometieron a impulsar el crecimiento y consolidación de la Coordinadora Nacional y a constituir un frente común para tratar con las instancias gubernamentales, fuentes financieras y organismos comercializadores. El centro de la reunión giró en torno a los problemas de financiamiento y comercialización.
Al poco tiempo la ruptura de las cláusulas económicas de la OIC dislocó el funcionamiento tradicional de estas organizaciones. La baja de los precios internacionales del café en más de un 50 por ciento provocó en ellas enormes dificultades financieras. Las expectativas de nuevos financiamientos se desvanecieron.
La gravedad de la situación provocó que se convocara a una nueva reunión de la CNOC. El Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Cafetaleras se realizó en Chiltoyac, Municipio de Jalapa, el 1 y 2 de octubre de 1989.
Además de la discusión sobre la crisis cafetalera, el nuevo encuentro tuvo como centro la definición de una política ante la restructuración del Inmecafé. El evento definió tres planteamientos principales:
- La exigencia de que la restructuración del Inmecafé debería de ser un proceso con participación de los productores.
- La utilización de los recursos de un fondo estatal -FAIFREC- para acopio y comercialización.
- El impulso a una empresa comercializadora nacional para exportar directamente.
En este encuentro, además, aparece un debate interno de gran trascendencia: buscar soluciones que favorecieran a las organizaciones más consolidadas o promover políticas de beneficio para los sectores menos organizados. La restructuración del Inmecafé afectaba mucho más profundamente a los segundos que a los primeros. Las organizaciones más consolidadas estaban mucho mejor preparadas para ocupar los espacios dejados por el Instituto; por el contrario, para los menos organizados esta medida significaba, con mucho, volver a caer en menos de los viejos coyotes o de los nuevos coyotes renovados. El debate no zanjó definitivamente esta cuestión, pero resolvió medidas de consenso que, acompañadas por la autonomía de las organizaciones para fijar su propia política, dejó abierta la puerta para buscar distintas soluciones.
La crisis del Inmecafé
Muy pronto, los vientos neoliberales azotaron al Inmecafé. Crisis financiera, lastres burocráticos y caída del precio provocaron que con el nuevo gobierno de Salinas de Gortari, la Institución fuera condenada a una, más o menos rápida, disminución de sus funciones tradicionales.
El esquema con el que el Instituto había funcionado se encontraba en crisis. En un estudio presentado por la Comisión de Gasto-Financiamiento en septiembre de 1989, se señala que el Instituto funciona con grandes pérdidas financieras causadas por un sistema de financiamiento y acopio costoso e inadecuado; rezagos en la comercialización internacional y en la obtención de cuotas; administración de cuotas poco transparente; y un esquema de abasto interno a precios menores que los internacionales. El mismo Instituto aceptó que su esquema de funcionamiento había tocado fondo. En el documento Restructuración del Sector Cafetalero Mexicano se señala: "el sistema actual de Inmecafé con alta ineficiencia, sobredimensionado, con poco control interno y, sobre todo, por participar en el acopio, comercialización y financiamiento de la actividad cafetalera, hacen imposible que el Instituto pueda resolver sus problemas financieros por sí mismo. De hecho, el Inmecafé ha perdido una parte muy importante de su patrimonio, de su capacidad de endeudamiento por lo que a continuación del esquema produciría pérdidas mayores". El documento propone un "cambio estructural del Instituto, procurando que los sectores marginados adquieran autosuficiencia en el proceso".
En este contexto, el Gobierno Federal propuso "desincorporar en forma acelerada la participación del Estado en las funciones de acopio, financiamiento y comercialización del café y lograr en forma paralela la autogestión campesina en el sector. Estos objetivos se realizarán en un período de tres ciclos -ahora se cambió a tres meses-. Para ello se
requiere la concertación con los gobiernos de los estados para hacer efectivas las siguientes acciones: liberación del mercado interno y la desincorporación de las actividades del Instituto [...] Inmecafé restringirá su participación en el financiamiento, acopio y comercialización a la producción de los productores marginados, con base en la colocación previa del producto y a precios acordes con el mercado internacional. Se procederá a la venta de los beneficios e instalaciones de almacenamiento para que los productores minifundistas estén en condiciones de vender su café pergamino y se pondrán a la venta las empresas filiales Cafemex y Dicamex".
La infraestructura de la que Inmecafé quiere deshacerse constituye el 12 por ciento de la capacidad instalada de cafeticultura nacional: 36 beneficios, 3 centros de secado, un patio para asoleadero, tres centros de despulpe, 12 beneficios secos, 31 almacenes y 11 instalaciones de morteo. Mucha de esa infraestructura está considerada por la Comisión de Gasto-Financiamiento altamente ineficiente.
Construyendo una representación nacional
En julio de 1989, la CNOC abrió su oficina de enlace en la ciudad de México, coordinada por ocho representantes de organizaciones de Chiapas, Puebla, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. La pequeña infraestructura, la fuerza social en las regiones y la capacidad propositiva de los representantes permitieron que rápidamente la Coordinadora se convirtiera ante las instituciones gubernamentales y ante amplios sectores cafetaleros en un organismo incuestionablemente representativo de los pequeños productores, abriendo una interlocución que en el pasado era facultad exclusiva de la CNC.
A los pocos días de la reunión de Chiltoyac comenzaron a realizarse reuniones del conjunto de las organizaciones cafetaleras del sector social con el Inmecafé para discutir el cambio estructural de éste. Muy pronto quedó claro que la iniciativa de muchas de las propuestas partía de la CNOC, mientras que la gran mayoría de las organizaciones se limitaba a apoyar o demandar.
Una de las conclusiones más relevantes de estas reuniones de trabajo fue la definición de las condiciones de operación del Fidecafé, que es un Fondo de existencias cafetaleras formado a partir de los recursos propiedad del Freidec, originado en las cuotas que los productores pagaban por cada quintal exportado. La operación de créditos se inició a partir de la primera semana de enero de 1990.
Como resultado de estas reuniones se firmó el Convenio de Concertación para el Cambio Estructural del Inmecafé, el 21 de enero de 1990 en Tepic, Nayarit. En la firma del Convenio tomó la palabra el representante de la CNOC, Arturo García, resumiendo el espíritu de los nuevos tiempos: "Quienes antes demandábamos al gobierno participación en el diseño de las políticas del campo, la corresponsabilidad de acciones en un marco de pluralidad y respeto mutuo, hoy exigimos que se eliminen las trabas que han impedido la implementación inmediata de los acuerdos concertados [...] La CNOC [...] contra viento y marea se ha ganado a pulso su espacio como interlocutor viable de los pequeños productores".
Pocos días después, el 1 de febrero quedó instalado el Consejo Consultivo para el cambio estructural del Inmecafé. Este Consejo tenía como objetivo acordar las políticas y líneas de acción para la restructuración de la empresa. A partir de entonces, representantes de la CNOC participaron en todas las reuniones del grupo de trabajo donde se fijaron las normas de operación y se negociaron créditos.
Tejiendo hacia abajo
La CNOC no se limitó a asumir la representación de los pequeños productores sino que propició tanto el desarrollo de construcción de nuevas organizaciones regionales como la convergencia y formación de redes estatales. Probablemente, la experiencia organizativa estatal más relevante es la protagonizada por los productores de Oaxaca, que prácticamente desfondaron a la CNC estatal y rebasaron los proyectos de ley del gobernador. En menos de un año, varias de las más importantes regiones cafetaleras del país estaban cubiertas con una expansiva telaraña social de productores movilizados. Sin ser tan extensas como lo fueron en Oaxaca, en otras regiones también se formaron redes estatales. Todas ellas fueron favorecidas por las reuniones estatales previas al Encuentro de Chiltoyac. En Veracruz, en enero de este año, se constituyó la Coalición de Organizaciones Cafetaleras del Estado de Veracruz sobre la base de un intenso trabajo promocional y una plataforma de demandas concentrada en la adquisición de créditos de Fidecafé y la negociación de los adeudos bancarios. En Chiapas, organizaciones tradicionalmente enfrentadas entre sí accedieron a coordinarse. Lo mismo pudo procesarse en Guerrero y, en menor medida, en Puebla y Veracruz.
El 22 de enero de 1990, 30 organizaciones pertenecientes a la CNOC acordaron formar la primera empresa nacional de comercialización de café dirigida por campesinos mexicanos: Promotora Comercial de Cafés Suaves Mexicanos, S.A. de C.V.
El nuevo instrumento organizativo está concebido más como un facilitador comercial para las organizaciones regionales que como una empresa en forma.
Nadando con los tiburones
La restructuración del Inmecafé plantea un enorme reto a las organizaciones autónomas: sobrevivir, agrupar a los desorganizados -los Uepeceros- y crecer en la guerra abierta por los mercados, sin contar prácticamente, con instrumentos de política estatal que puedan servir como colchón o cobertura.
La lucha por los mercados -nacional e internacional- es sumamente compleja y desigual. La actividad más rentable del sector, aquella que tiene que ver con el mercado de los cafés solubles, se encuentra ampliamente monopolizada por la Nestlé que controla más del 60 por ciento de estos productos, seguida muy de lejos por la General Food.
El mercado de exportación también se encuentra muy competido. Aquí, las grandes empresas trasnacionales han establecido filiales en el país -asociándose en ocasiones con
grandes cafeticultores nacionales-. Cuentan con líneas de financiamiento en dólares -que abarata los costos de operación-; mercados diversificados con marcas establecidas; infraestructura para el beneficiado seco; fuerte control de calidad. Ocasionalmente, estas empresas pueden establecer relaciones con organizaciones regionales en lugar de coyotes, pues éstas ofrecen volúmenes y cantidad y absorben los riesgos del beneficiado húmedo. Sin embargo, debido a sus condiciones de rentabilidad, también pueden entrar a acopiar directamente a las comunidades jugando al dumping.
De cualquier manera, la restructuración del Inmecafé va a provocar un profundo reacomodo del sector privado. Los empresarios emergentes que desplazaron a los viejos zares, asociándose con empresas sociales y contratando créditos a través de ellos, tienen hoy, si se vinculan a socios internacionales, grandes posibilidades de crecimiento. De la misma manera, el coyotaje al viejo estilo volverá a aparecer ampliamente, de manera que aquellos que se habían atrincherado en los espacios comerciales volverán a lo que sabían hacer. Para los empresarios medianos, el futuro, sin embargo, es difícil. Varios de ellos han buscado asociarse para la exportación con organizaciones autónomas, con el objeto de contar con mejores condiciones de venta.
Una transferencia precipitada
El 20 de abril de 1990, en una reunión entre Salinas de Gortari y el sector cafetalero realizada en Misantla, Ver., éste anunció que la transferencia del Instituto debería de efectuarse en los siguientes dos meses. A los pocos días, ante el lineamiento presidencial, la Sarh e Inmecafé presentaron a la reunión del Consejo Técnico del Instituto un programa de acciones para la desincorporación, que en sus aspectos centrales planteaba:
a) Las instalaciones serían vendidas a los productores a título oneroso, después de un avalúo hecho por la banca comercial.
b) Los grupos interesados deberían cubrir varios requisitos: personalidad jurídica; producción y acopio en volumen suficiente para hacer rentable la operación; garantía de financiamiento para la compra y operación de los beneficios capacidad técnica y administrativa.
c) Evaluación por parte de la Sarh, Inmecafé y los gobiernos de los estados.
d) Un acelerado plan de actividades.
Las organizaciones nacionales de productores de café que están en el Consejo Consultivo aceptaron la propuesta de que la transferencia fuera sólo para el sector social pero señalaron una serie de problemas que habría que resolver paralelamente: restructuración adecuada de los adeudos; financiamiento seguro para acopiar, procesar y comercializar el café que se beneficie en las unidades que se van a transferir; impulso al proceso organizativo de las anteriores Uepeces, para que sean capaces de manejar beneficios, financiamiento y comercialización.
Evidentemente, la iniciativa presidencial no pudo concretarse en los plazos propuestos. Así, después de varias reuniones de grupos de trabajo y del Consejo Consultivo se acordó: la transferencia a título oneroso, pero a un precio menor del valor comercial; la planta industrial se pasaría a Fidecafé a consignación u otro mecanismo; el Fidecafé establecería contratos de arrendamiento con opción a compra con las organizaciones de productores; el Fidecafé jugaría un papel esencial en el financiamiento para acopio, procesamiento y comercialización de los nuevos agrupamientos de productores, etcétera.
El 7 de julio se realizó en Veracruz la primera asamblea estatal informativa. A partir de ese momento, la mayoría de las organizaciones aceptaron la transferencia. Sin embargo, el proceso tiene dinámicas diferenciadas:
a) En Chiapas, el gobierno estatal -ligado a los intereses de grandes exportadores- sostiene que las organizaciones sociales no tienen capacidad para operar la infraestructura y por lo tanto quien debe recibirlas es el gobierno estatal.
b) En Oaxaca, la Coordinadora estatal garantiza la viabilidad de la transferencia de los beneficios secos.
c) En Guerrero se ha llegado a un acuerdo entre la CNC y la CNOC para integrar de manera democrática y equitativa las estructuras de dirección y manejo de los beneficios, pero el gobernador sigue acosando a la Coalición de Atoyac.
d) En Nayarit y Puebla el proceso apenas comienza.
e) En Veracruz -estado donde se encuentran 24 de las 47 unidades industriales del Inmecafé- el proceso se encuentra mas avanzado. Por iniciativa del Instituto y de la Sarh se han organizado los grupos de productores, principalmente cereceros. Se está capacitando a marchas forzadas a los directivos para la operación de los beneficios, el financiamiento y la comercialización. Sin embargo, se desconocen los procedimientos para exportar.
Durante septiembre las discusiones sobre la transferencia giran en torno a: las características del contrato de arrendamiento; la tramitación de registros de las Sociedades de Solidaridad Social y la forma legal de la nueva organización; la capacitación, el financiamiento para el acopio y comercialización. Sin embargo, ante la inminencia de la cosecha, el centro de las preocupaciones de los grupos es el financiamiento.
En resumen, aunque con ritmos mucho mas lentos que los trazados centralmente, la transferencia avanza. Quien mejor ha podido enfrentarla han sido los grupos autónomos mejor organizados; quien ha quedado rezagado son los Uepeceros dependientes del Inmecafé. Los primeros, han crecido en numero e influencia y buscado generar instrumentos financieros y comerciales independientes del Estado. Los segundos, tienen poca voz en la coyuntura y deben sufrir los efectos de un coyotaje renovado que ocupará los espacios del repliegue estatal y un limitado apoyo oficial en su proceso organizativo
que amenaza con desembocar en nuevos mecanismos de control económico y político. Los primeros han tenido que volcarse en consolidar sus organizaciones y prepararlas para la nueva coyuntura. Algunos sectores de los segundos -en Oaxaca, por ejemplo- han podido lograr una organización autónoma. Sin embargo, los retos hacia adelante son mucho mayores que los pasos dados. Del triunfo o fracaso de las organizaciones de la CNOC dependerá, en parte, el futuro de un movimiento de productores autónomo que enfrente adecuadamente los desafíos del neoliberalismo en el campo.
CITAS:
[*] Asesor educativo del INAH.
[**] La elaboración de este informe fue posible gracias a la apertura y generosidad de tiempo, información y trabajos de: Fernando Celis, Gabriela Ejea, Arturo García, Mariano López, Fidel Morales, Miguel Tejero, Luisa Paré, Francisco Pérez Arce y Alfonso Silva.