Dumping del gobierno a sus productores de maíz

02 de febrero de 1998

Para el gobierno mexicano, la soberanía y la autosuficiencia alimentarias han dejado de ser una meta en el marco del libre comercio, del que es entusiasta promotor. A lo sumo, plantea una seguridad que se traduce en tener suficientes divisas para comprar los productos básicos en el mercado mundial. En la práctica esa política, lejos de responder únicamente a la fe ciega en los principios teóricos de la liberalización económica, resulta estar impulsada por intereses privados. El caso de las importaciones de maíz en 1996 es sólo un ejemplo.
Para ese año -tercero de operación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica-, los diseñadores de la política agrícola decidieron desechar unilateralmente ``la protección extraordinaria'' del maíz, que por ser un producto sensible a las importaciones se había negociado mantener hasta el 2008. Como condición para el tratado, en 1993 fueron eliminados el permiso previo de importación y el precio de garantía, y su protección se transformó en aranceles-cuota.
Para 1996, el gobierno mexicano, pretextando la falta de producción por la sequía, permitió la importación de 5.817 millones de toneladas de maíz sin arancel. De éstas, 5.634 millones provinieron de Estados Unidos; 155 mil llegaron de Sudáfrica y 27 mil de China. México estaba obligado por el tratado a permitir la entrada de 2.652 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos sin arancel, pero las importaciones más allá de esa cuota estarían protegidas por un arancel de 189.2 por ciento. La importación rebasó ampliamente incluso la cuota acordada para el año 14 del tratado (3 millones 671 mil 334 toneladas). Además, permitió la importación de China y Sudáfrica sin arancel, a pesar de no ser miembros del TLC. El valor de las importaciones de maíz, mil 61.8 millones de dólares, fue equivalente al déficit de la balanza comercial agrícola y forestal.
El insólito aumento de las importaciones no estuvo relacionado con los precios, ya que los pagados por el maíz importado fueron siempre más altos que los de referencia, definidos por Conasupo para el maíz mexicano. El corazón del asunto se encuentra en los programas de apoyo a las exportaciones agropecuarias que impulsa el gobierno de Estados Unidos a través de la Commodity Credit Corporation (CCC). Esos programas garantizan a los importadores un financiamiento con tasas de interés muy bajas (7 u 8 por ciento anual) y plazos de recuperación de hasta tres años. La importación de granos se convierte así en un negocio financiero. Para 1996, al menos mil 500 millones de dólares de importaciones agropecuarias a México utilizaron ese mecanismo.
La decisión de eliminar la protección a los productores mexicanos se tomó en el Comité de Evaluación del Ejercicio de Cupos de Importación de Maíz, integrado por las secretarías de Agricultura y de Comercio, Aserca, Conasupo y ANDSA, además de los principales consumidores de granos: ganaderos, avicultores, industrias productoras de alimentos balanceados, de harina de maíz, de almidones y empresas comercializadoras, muchas de ellas transnacionales. Por supuesto, el comité no incluye la participación de los productores de granos, principales afectados por la liberalización de las importaciones.
Del total de cupos de importación autorizados, 46 por ciento le correspondieron al sector pecuario, 20 a Conasupo, 16 a la industria harinera, 11 a la industria almidonera y 7 por ciento a empresas comercializadoras. Entre los principales importadores de maíz de ese año se encuentran: Anderson Clayton, Bachoco, Continental, Cargill, Elgo, Pilgrims Pride, Purina, Lala, Aranal.
El gobierno mexicano redujo 10.2 por ciento los subsidios a Procampo respecto de 1995, y el precio de referencia del maíz entre 18 y 23 por ciento respecto del ciclo anterior. A la par, alentó las importaciones subsidiadas por el gobierno de Estados Unidos.
En respuesta a esa política, entre septiembre y diciembre de 1996 los productores de maíz realizaron distintas movilizaciones en Chiapas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Durango y Baja California para exigir un incremento a los precios de referencia del maíz (mil 200 y mil 270 pesos por tonelada) y el cierre de fronteras a las importaciones. La movilización más importante se dio en Chiapas, convocada por el Comité Estatal de Productores de Maíz que agrupa a unos 15 mil campesinos, y el 9 de noviembre fue reprimida por las policías de Seguridad Pública y Judicial del estado, con resultado de tres campesinos muertos, varios heridos y una docena de desaparecidos. El gobierno respondió a la inconformidad de los productores sosteniendo: ``Los precios de los granos están sujetos a lo que ocurra en los precios internacionales y no a definiciones nacionales''.
El secretario de Agricultura declaró en febrero de 1997 el éxito de la cosecha de granos, que alcanzó para el maíz una cifra récord de 18 millones 169 mil 348 toneladas. En 1996, con una cosecha récord de granos derivada del esfuerzo de los productores, estimulados por los buenos precios de la cosecha anterior, México realizó una importación récord de maíz con cero arancel. Los productores no contaron con ninguna protección, ya que el gobierno mexicano decidió eliminarla unilateralmente. Los problemas de precio y comercialización de los productores se debieron entonces a una sobreoferta de producto provocada por el propio gobierno.
El gobierno mexicano realizó dumping contra los productores nacionales de maíz al eliminar el arancel a las importaciones de Estados Unidos, que sobrepasaron más del doble (112.5 por ciento) la cuota definida en el TLC para 1996.
Se considera dumping la acción de inundar el mercado con productos a bajo precio, causando daño a los productores. En el caso del maíz mexicano, de haberse respetado el arancel-cuota, las importaciones no hubieran competido tan deslealmente con la producción nacional y los productores habrían estado en mejores condiciones para negociar un precio interno mayor por sus productos.
Si esa iniciativa proviniera de Estados Unidos, el gobierno mexicano podría levantar una demanda por dumping. El problema es que fue obra del gobierno mexicano para favorecer a los importadores. Las importaciones permitidas y alentadas por el gobierno no sólo redujeron artificialmente el precio del grano en el mercado nacional, sino que apoyaron importantes negocios financieros privados. En el comercio internacional los productores tienen mecanismos de defensa contra ese tipo de prácticas desleales. En el comercio nacional los reclamos de los productores se responden con represión. Con esos amigos, para que queremos enemigos.