01 de marzo de 2013
La regulación de los transgénicos: de la protección a la promoción
El Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola decretó en 1998 una moratoria de facto a la siembra de transgénicos. Una decisión que fue consecuencia de la diversidad que México se comprometió a proteger por ser de interés común para toda la humanidad –mediante la firma y ratificación en 1993 del Convenio sobre Diversidad Biológica- y después de realizar entre 1992 y 1998 pruebas experimentales de maíz modificado genéticamente.
Esta resolución surgió como una necesidad de detener estos experimentos “hasta tener un marco regulatorio sólido que garantizara la protección de la población y biodiversidad mexicanas ante los riesgos inherentes de la tecnología genética”. Así lo consideró el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, según explica Manuel Hernández. Sin embargo, Álvaro Salgado, integrante del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas (Cenami), sostiene que “esta declaración significó un cierre de ventanillas, pero no se tradujo en una política de Estado contra los transgénicos”. La moratoria resultó insuficiente para evitar la contaminación del maíz nativo, pues se produce por la vía de las importaciones de este grano de Estados Unidos -que se incrementaron tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)-, país que desde 1996 liberalizó la siembra del cultivo de maíz transgénico Bt.
Pese a los diversos informes que confirmaban esta contaminación, el Estado -como afirma Álvaro Salgado- “no podía ofrecer ninguna garantía de que el maíz que se importaba no venía mezclado con el grano transgénico”. Ante esta inoperancia del gobierno mexicano, diversas organizaciones denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a las secretarías competentes en materia de organismos genéticamente modificados (OGM). “Lo que pensábamos es que se podría hacer la moratoria pero legal, no de facto, escrita y diciendo que hay una prohibición expresa de la siembra de maíz transgénico en el país”, apunta Ana de Ita, directora del Ceccam, a lo que añade: “nosotros también queríamos una prohibición a las importaciones de este grano de Estados Unidos, o al menos que fuera un maíz que no pudiera germinar”.
Los gobiernos panistas fueron los padrinos de los transgénicos. En 2005, durante el mandato foxista, se aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, llamada también “Ley Monsanto” por las organizaciones sociales y campesinas. “Es una ley muy contradictoria porque fue hecha a partir de la presión de las empresas. No es una ley de Bioseguridad, sino más bien una ley de pasos a seguir para llegar a la siembra de maíz transgénico y tener un instrumento para levantar la moratoria”, comenta Ana de Ita.
Esta ley estableció la obligación del gobierno mexicano de crear zonas para liberar OGM y zonas restringidas a éstos, pero como indica Álvaro Salgado: “la única medida de bioseguridad en México es no sembrar maíz transgénico”. A partir de esta ley, las multinacionales intentaron infructuosamente que se les autorizaran permisos para la siembra de OGM. No obstante, han recibido del ejecutivo cuantiosos estímulos fiscales. Monsanto ha recibido beneficios fiscales por 44 millones 560 mil pesos destinados a proyectos de investigación, al igual que Phi México -subsidiaria de Pioneer-, que ha recibido un monto de 66 millones 42 mil pesos y Dow AgroSciences por valor de ocho millones 393 mil pesos, sin contar otros programas, de acuerdo a Manuel Hernández en la revista Teorema Ambiental, con datos hasta 2010.
Finalmente en 2009, el gobierno panista de Calderón levantó la moratoria de siembra con maíz transgénico. La polémica se avivó con la decisión del Ejecutivo de declarar sólo como centro de origen y diversidad al centro y sur del país, excluyendo al norte. “Dejaron al norte fuera del centro de origen porque es lo que interesa a las empresas, pues se encuentran las zonas de riego y las planicies en donde ellos pueden sembrar maíz de manera industrial y comercial”, destaca Ana de Ita. “Es muy claro que el centro de origen del maíz es toda la geografía de México. La Sagarpa (Secretaría de Agricultura) y la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente) han establecido que en el norte no hay variedades nativas cuando es una completa mentira”, explica indignado Alejandro Espinosa, coordinador del programa de Agricultura y Alimentación de la UCCS. Esta afirmación es defendida también por todos los expertos consultados y por el organismo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
En 2009 se autorizaron las primeras siembras experimentales, aprobándose unos 40 permisos. “Se exigió que se hicieran con cuidados y medidas para contener la posible contaminación. Sin embargo, estos experimentos rebasaron algunas indicaciones que deberían haberse respetado. Por ejemplo, se pidió que fueran realizados por instituciones públicas, pero no fue así, se realizaron en campos que decidieron las multinacionales, con técnicos que ellos designaron”, dice Espinosa, y prosigue, “nadie conoce los resultados de esos experimentos. Además, el gobierno dio el visto bueno sin siquiera evaluarlos”.
En esta labor de promoción y de liberalización de la siembra de maíz transgénico en el país ejerce una labor importante AgroBio, una asociación civil que agrupa a las principales empresas biotecnológicas. “Está llevando una campaña publicitaria de que México podría salir del déficit de maíz a partir de los OGM. Está presionando muy fuerte para que se autoricen los permisos que solicitan las multinacionales”, retoma Ana de Ita.
Pero además, el secretario de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) -donde se dicta la política en esta materia- el Doctor Reynaldo Ariel Álvarez “es uno de los promotores más fervientes de los transgénicos”, afirma Alejandro Espinosa, y sin embargo, esta institución “no tenía como función promocionar los transgénicos. Al contrario, su función era la bioseguridad. Esto es un trastocamiento radical”, apunta Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
“Falsa solución”
José Manuel Madero, director de Monsanto en México, en una entrevista para El Universal, afirmó que el país sería autosuficiente en 2020 mediante la siembra de este grano modificado genéticamente. Para ello proponía la incorporación de genes resistentes a plagas del suelo y a herbicidas, al que posteriormente se le agregaría el gen contra la sequía, y el desarrollo de infraestructura con programas a largo plazo en el manejo de agua y transportación. Un plan que generó escepticismo y rechazo. “Presentan de una manera vulgar a las semillas transgénicas como semillas milagrosas, como la panacea, cuando no es verdad. El gobierno en su visión simplista propone a los transgénicos como falsa solución en vez de reconocer el fracaso de su política agroalimentaria y de asumir la necesidad de otra política integral alternativa”, denuncia Víctor Suárez.
Tampoco convencen las supuestas ventajas productivas de los transgénicos que, según Alejandro Espinosa, “no incrementan el rendimiento porque en las áreas donde es bajo no se pueden usar porque son para condiciones favorables, y en México las condiciones en las que se cultiva maíz son extremadamente críticas. Los transgénicos son para áreas de riego”. Apunte que coincide con el de Víctor Suárez: “más allá de la mentira de que incrementan la producción por hectárea y disminuyen los costos y el uso de agroquímicos, solamente están orientados a una superficie ínfima que es de riego y de buen temporal de los agricultores comerciales del norte del país, dos millones de hectáreas en un conjunto de 30 millones de superficie agrícola”.
Alejandro Espinosa afirma que “en las áreas de riego ya se están obteniendo rendimientos muy sobresalientes”, pero además este experto asegura que estos transgenes “controlan plagas que no existen en México”. Por otro lado, la diversidad genética del maíz nativo supone un recurso valioso para enfrentar el cambio climático, según advierte Espinosa: “los transgénicos son un atentado contra el cambio climático porque homogeneizan las variedades de maíz. La única posibilidad ante el cambio climático es que haya diversidad genética, variabilidad en las formas y esto es contrario a los OGM”.
Dominar los alimentos para controlar al país
Desmentidas las supuestas ventajas de los transgénicos por numerosos investigadores e informes como el de Greenpeace citado en el artículo anterior, ¿cuál es el verdadero propósito y quién se beneficia de la siembra de maíz modificado genéticamente en México? “Responde más a propósitos comerciales y de ganancia monetaria de unos cuantos grupos sociales”, sentencia Sonia Emilia Silva, investigadora para el Desarrollo Sustentable de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). “El poder que ellos tienen no es porque su tecnología sea muy eficiente, es porque es una empresa geopolítica, que trata de dominar los alimentos para tenernos de rodillas a todos. Temo que vayan a concesionar el tema de la seguridad alimentaria al capital internacional de los transgénicos”, discute Antonio Turrent, presidente de la UCCS.
¿Existe alternativa para lograr la autosuficiencia sin recurrir a los transgénicos? “México tiene el potencial para recuperar su autosuficiencia en maíz en un plazo relativamente corto, basándose en tecnologías existentes y sin recurrir al uso del controvertido maíz transgénico”. Así de contundente lo afirman los expertos Antonio Turrent, Timothy Wise y Elise Garvey en el informe “Factibilidad de alcanzar el potencial productivo de maíz de México”. Estos autores sostienen en su informe que en un período de 10 a 15 años México podría alcanzar su potencial productivo de 33 millones de toneladas, lo que eliminaría el déficit actual de 10 millones de toneladas que deben ser importadas cada año.
Además, si se invirtiera en infraestructura hidroagrícola en el sur-sureste se podrían producir 24 millones de toneladas adicionales, alcanzando un total de 57 millones de toneladas. “Este potencial es más que suficiente para colmar la creciente demanda nacional de maíz que se estima para 2025 en 39 millones de toneladas”.
Para conseguir este objetivo es indispensable que se apueste por el pequeño productor campesino, “podemos lograr la autosuficiencia alimentaria a través del reconocimiento del potencial productivo del 85% de las unidades de producción que, en los últimos 30 años, han sido arrinconadas y desvalorizadas y no han sido tomadas en cuenta”, destaca Víctor Suárez.
Sin embargo, desde el gobierno se ha apostado por las grandes corporaciones, marginando así al pequeño campesinado. “A estas unidades de producción y a sus titulares se les ha reclasificado de sujetos productivos a pobres que solamente requieren del apoyo asistencial del gobierno y de la filantropía privada para que subsistan, pero no se les ha reconocido su carácter y su calidad de sujetos productivos”, expone el experto.
Ante las evidencias que manejan los especialistas, la duda que acecha es qué impide al gobierno adoptar estas reformas. Para Miguel Ángel Damián Huato, investigador del Departamento de Agroecología de la BUAP, la respuesta es clara: “implica atentar contra los intereses de las empresas transnacionales productoras y comercializadoras de los insumos y tecnologías usadas en el manejo convencional de los cultivos”. Víctor Suárez concluye: “México perdería por completo la soberanía, puesto que no solamente las importaciones de alimentos están creciendo, sino que la dependencia respecto a la semilla de un monopolio como Monsanto sería total”.
Por Nylva Hiruelas.
(en twitter @nylvahb) es estudiante de postgrado del título Especialista en Información Internacional y Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid.