Los precios de garantía para maíz, frijol, arroz y trigo suave marcan un parteaguas después de 30 años de reformas neoliberales en el campo.

El cuerpo de Noé Jiménez Pablo, rociado con ácido, fue encontrado en un basurero, a tres kilómetros de la cabecera municipal de Amatán, Chiapas. Tenía balas en el abdomen y el pecho. Su cabeza y rostro estaban completamente desfigurados.

El primero de diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró en el Zócalo una de sus promesas de mayor crédito entre los votantes: No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Lo dijo tras confirmar la negativa de su gobierno a permitir métodos extractivos que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua.

Aunque los partidarios de los alimentos genéticamente modificados (GM) afirman que no hay evidencia de que éstos hayan causado efectos dañinos, varios estudios que lo prueban han sido publicados en revistas científicas (como explico en mi artículo de La Jornada del 7 de junio anterior).

Una de las principales consideraciones de los pueblos indígenas y campesinos al emitir su voto el pasado primero de julio fue garantizar su derecho a la tierra y al territorio. Era necesario detener el despojo de sus tierras y bienes naturales por las industrias extractivas, energéticas o de desarrollo de megaproyectos. El triunfo del candidato de Morena a la Presidencia del país, con más de 8.7 millones de votos por parte de la sociedad rural fue la muestra de su decisión.

Más de 200 líderes, movimientos y organizaciones globales de agricultura y alimentación, lanzaron un llamado a Naciones Unidas demandando una moratoria a la liberación de organismos con impulsores genéticos, especialmente en agricultura.

Con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, el Estado mexicano camina para atrás: primero lo promovió y ahora lo trivializa para evitar sus efectos.