El presente mapa muestra la distribución territorial de 82 experiencias organizativas comunitarias, distribuidas en 20 estados de la República Mexicana. Se trata de conflictos asociados a la aplicación de programas de conservación promovidos por el gobierno federal en distintos periodos, proyectos para el avance de actividades mineras, construcción de presas, organismos genéticamente modificados o transgénicos, ampliación de la Red Nacional de Gasoductos, acaparamiento de agua para desarrollos inmobiliarios, proyectos carreteros y aeropuertos.

Hacia 1993 y en pleno contexto de la firma del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), en México se presentó un nuevo esquema de subsidios al campo que respondiera a las exigencias de la apertura comercial. El énfasis se pondría en la búsqueda de una estrategia que no distorsionara el comercio entre los tres países, al tiempo que compensara las desventajas productivas de los productores mexicanos frente a los productores más grandes, productivos y altamente subsidiados de los vecinos del norte. La estrategia consistiría, entonces, en promover subsidios al ingreso a los productores y no a los precios de los productos como previamente lo hacían los precios de garantía; subsidios no relacionados a los insumos o servicios destinados a la producción, ni al tipo o volumen de producción. 

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En México, durante los últimos 30 años los indígenas y campesinos han recibido fuertes presiones para despojarlos de sus tierras y territorios considerados necesarios para una nueva forma de acumulación de capital. La modernización neoliberal del campo, la desamortización de los bienes comunes, los proyectos energéticos y extractivos, los megaproyectos de infraestructura e incluso la conservación de la naturaleza, consideran como punto de partida la desposesión de las tierras y bienes comunes de los pueblos indígenas y campesinos. Si se mantienen las leyes energéticas y extractivas, las tierras de los campesinos y pueblos indígenas seguirán subordinadas a los intereses de las corporaciones. 

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En el año 2003 dio inicio uno de los movimientos más representativos en México en contra de los megaproyectos depredadores, el cual por sus logros, combatividad y consistencia es reconocido como tal a nivel nacional y en otros países sobre todo en Centro y Sudamérica: el movimiento de resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero, México. 

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