Como cada tres años, la elección de las autoridades de la comunidad lacandona del próximo 16 de mayo está cruzada por muy distintos y poderosos intereses, la mayoría ajenos a los pueblos indígenas que la habitan.

Rob McEwen es un próspero empresario canadiense. Es director y propietario en jefe de la minera McEwen Mining, compañía con fuertes inversiones en México. Es el centésimo hombre más rico de Canadá y un firme creyente en el oro.

En abril de 2015 sufrió un duro golpe. Un comando asaltó la mina El Gallo 1, ubicada en la zona serrana de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Los ladrones se llevaron 8.4 millones de dólares. Se trató del hurto de oro más grande en México, y el cuarto asalto más importante registrado en la historia en peso.

El gobierno y el Congreso mexicanos, obligados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están a la espera de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), anunciada para junio. Para el republicano el TLCAN es el peor acuerdo comercial firmado en la historia, y desde su campaña prometió cambiarlo “para que funcione en beneficio de los intereses de todos los estadunidenses”. En tanto, el gobierno de México, paralizado y en shock, no parece tener ninguna propuesta.

El presidente Enrique Peña Nieto solicitó el 13 de diciembre pasado a la Suprema Corte de Justicia que invalide el decreto del gobernador de Yucatán que declara al estado libre de transgénicos. El decreto, publicado el pasado 26 de octubre, fue una respuesta a los varios amparos y acciones de resistencia emprendidas por las comunidades mayas; los apicultores; las organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, de derechos humanos; los académicos y científicos comprometidos; la población, que por muchas razones no quiere transgénicos.