La matanza de Iguala y el Ejército

18 de noviembre de 2014

El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último, dijo.

Un país que mata sus jóvenes

15 de noviembre 2014

Como rayo que no cesa, herida abierta para siempre, la masacre de Ayotzinapa, el asesinato de seis personas y la detención y desaparición de 43 jóvenes normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos por parte de las autoridades en Guerrero el 26 de septiembre 2014, fue telón de fondo de la audiencia Destrucción de la juventud y generaciones futuras del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México.

Ayotzinapa y la matanza de Iguala

30 de septiembre de 2014

La policía preventiva municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna.

Mario Luna Romero y la lucha por el agua

23 de septiembre de 2014

Escándalo sobre escándalo, 16 meses después de expedida la orden de aprehensión en su contra fue detenido el secretario de la tribu yaqui Mario Luna Romero. Policías vestidos de civil, a bordo de cuatro vehículos no oficiales, lo apresaron el pasado 11 de septiembre.

Usar la ley para impedir la justicia

20 de septiembre 2014

Desvío de poder: uso sistemático del aparato y recursos del Estado para beneficiar a poderosos grupos económicos, incluso trasnacionales, en perjuicio de la población por la que debería velar, contra los derechos de los pueblos, la independencia y la soberanía. Para poder aplicar en todas sus dimensiones ese desvío, a los que protestan y resisten el consecuente despojo, a los que defienden la tierra, el territorio, sus derechos y recursos, se les criminaliza, persigue y encarcela, a menudo inventando acusaciones legales por delitos inexistentes.