Movimientos indígenas y campesinos

Para el Ejército, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, es miembro de una organización criminal que se dedica al cobro de cuota, extorsión, abigeato y privación de la libertad, en el municipio de Acapulco. Lidera junto con Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente (desaparecido en agosto de 2021) el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, organización creada para delinquir en Guerrero.

Protegido por Israel, Tomás Zerón de Lucio, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en tiempos de Enrique Peña Nieto, quien torturó y amenazó de muerte a detenidos, alteró y fabricó pruebas falsas y fue figura clave en la elaboración de la verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, dice ser un perseguido político.

El 4 de abril la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emitió un muy fuerte comunicado dirigido a los tres órdenes de gobierno. Su tesis central es lamentablemente coincidente con lo que sucede en otras regiones del país: Nos preocupa la descomposición social que va en aumento por la violencia generalizada en los pueblos de los municipios.

Ayotzinapa es una herida abierta. Han transcurrido ocho años y medio de la atrocidad y el agravio no cicatriza. ¿Cómo va a cerrarse si la verdad no llega? ¿Si no hay justicia? ¿Si el daño no se repara?
El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Una visión global sobre los hechos, los responsables y la situación del caso Ayot¬zinapa, el último, nos muestra, desglosados en 36 puntos, los enormes obstáculos para iluminar las tinieblas que se ciernen sobre la tragedia. Con evidencias probadas exhiben la imposibilidad de cerrar el caso.

A Miguel López Vega lo quiere volver a encarcelar el gobierno de Puebla. Ya lo detuvo en 2020 y se vio obligado a liberarlo por falta de pruebas. En aquel entonces lo acusó, en un proceso amañado, de obstrucción de obra pública y daño a las vías de comunicación.