La pobreza y precariedad en que viven comunidades y habitantes de la Península de Yucatán no son producto de su supuesto aislamiento del mercado mundial. Desde hace más de un siglo no existe tal cosa. A través de la industria henequenera, las explotaciones forestales, las granjas porcícolas, los proyectos extractivos, el gran turismo, el territorio peninsular y sus pobladores están estrechamente integrados a éste.
Hace meses, en mayo de 2019, los gobiernos federal y estatal inauguraron en el Istmo de Tehuantepec el parque Energía Eólica del Sur y las subestaciones eléctricas Arquitecto Ignacio Chávez y José Eduardo Ramírez Briseño. Entre protestas de los pobladores, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ofreció que la administración federal respetará la voz de los pueblos originarios y que ningún proyecto se realizará sin su aprobación.
Uno de los programas estrella para el campo del presidente López Obrador debilita desde dentro la organización comunitaria.
El programa busca establecer en dos años un millón de hectáreas con milpa intercalada con árboles frutales y maderables y generar 400 mil empleos. Las comunidades y ejidos son seleccionados por su biodiversidad, pobreza y violencia y ascienden a un total de 4 mil 120.
Más de 30 padres de familia han forjado su vida sembrando maíz, frijol y calabaza en las faldas de los cerros. Sus parcelas no rebasan las dos hectáreas y pocos siembran en tierras de riego. Varios de ellos utilizan el espeque por lo agreste del terreno. En los pasados cinco años han tenido que sortear su vida trabajando medio tiempo en su labor, para concentrarse en la búsqueda de sus 43 hijos.
La semana pasada se realizaron en la Ciudad de México dos reuniones significativas, si bien no exhaustivas en cuanto a la representatividad del conjunto del movimiento indígena nacional en el país. Importa retomar algunas de sus reflexiones en estos tiempos de continuidad respecto a la invisibilización de los pueblos indígenas, de sus demandas colectivas y autonómicas.
