Arriba, en medio del dolor y la tragedia, la clase política busca administrar los daños y acrecentar su capital político. La masacre del 26 de septiembre adelantó la campaña electoral para la gubernatura de Guerrero de 2015 y la sucesión presidencial de 2018, y sus participantes se aprestan a sacar raja del asunto. Entre peleas de lodo y pactos de impunidad, los profesionales de la representación política se mueven con rapidez.

Una nueva clase social está a punto de surgir en el campo mexicano. Es la clase de los latifundios energéticos. La nueva legislación no sólo permite el despojo de los predios y territorios de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, sino que reconcentra una parte significativa de la tierra en pocas manos: las de las grandes compañías de hidrocarburos y eléctricas.