Arriba, en medio del dolor y la tragedia, la clase política busca administrar los daños y acrecentar su capital político. La masacre del 26 de septiembre adelantó la campaña electoral para la gubernatura de Guerrero de 2015 y la sucesión presidencial de 2018, y sus participantes se aprestan a sacar raja del asunto. Entre peleas de lodo y pactos de impunidad, los profesionales de la representación política se mueven con rapidez.
Prácticamente cada mes se celebran encuentros de organizaciones populares en los más recónditos rincones del país. En ellos se busca enfrentar el despojo de sus predios, territorios y recursos naturales, a manos de empresas petroleras, mineras, eólicas, refresqueras, turísticas y constructoras. También de gobiernos municipales, estatales y del federal.
Una nueva clase social está a punto de surgir en el campo mexicano. Es la clase de los latifundios energéticos. La nueva legislación no sólo permite el despojo de los predios y territorios de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, sino que reconcentra una parte significativa de la tierra en pocas manos: las de las grandes compañías de hidrocarburos y eléctricas.
Naciones Unidas declaró 2014 Año de la agricultura familiar, por las contribuciones fundamentales para la alimentación mundial de campesinas, campesinos, indígenas, pastores, pescadores artesanales, reconociendo que son quienes alimentan a la mayoría de la población global y que urge apoyarlos. Como macabra celebración del año, en México avanzan desde las autoridades, los ataques legales para minar las formas de producción y comunidad campesinas e indígenas, para privatizar sus tierras y terminar con sus semillas.
