Las presiones de Estados Unidos sobre las decisiones del gobierno de México respecto al maíz transgénico han continuado creciendo. De ambos lados de la frontera la desinformación y la propaganda sobre la cancelación de las importaciones mexicanas de maíz genéticamente modificado, a partir de enero de 2024, que establecía un decreto emitido en diciembre de 2020, escalaron la confrontación (bit.ly/3S5rbZP).
La secretaria de Economía informó el 7 de diciembre sobre el ofrecimiento de México a Estados Unidos de extender el plazo para la eliminación del maíz transgénico hasta enero de 2025, un año más de la fecha inicial propuesta, y cuando el sexenio del presidente López Obrador habrá concluido. La secretaria explicó que el gobierno relabora el decreto para modificarlo y hacerlo más claro ( bit.ly/3HuiIfK).
Los agricultores de Iowa, en el cinturón maicero de Estados Unidos, están muy preocupados por lo que ellos llaman la prohibición de México al maíz transgénico. De ahí que dos senadores de ese estado, miembros del Comité de Agricultura, pidieron a la representante de comercio de Estados Unidos que solicite formalmente consultas de solución de controversias bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (bit.ly/3VupBS3).
Gracias a la serie de excelentes reportajes: Ecos de la contrarreforma agraria que nos ofreció La Jornada la semana pasada, es posible acercarnos a lo que ha ocurrido en la cuestión agraria después de 30 años de contrarreforma.
El 6 de enero de 1992 fue aprobada la contrarreforma al artículo 27 de la Constitución en medio de una gran agitación y oposición de las bases campesinas e indígenas. Y aunque el Estado rompió el pacto social establecido en la Constitución de 1917, ellos no estaban dispuestos a perder la propiedad social de sus tierras, resultado de la Revolución Mexicana, que había costado un millón de muertos.
July 2022
Ana de Ita
This paper analyses the land tenure reform that took place in Mexico in 1992 and its PROCEDE programme (Ejido Rights Certification Programme). It considers the counter-agrarian reform’s objectives, the context in which it was proposed, and the different actors involved. It delves into the main points of debate, the mechanisms used to finally get the reform approved.
Although this reform was not part of an explicit policy to reduce ethnic inequalities, its proponents argued that it would reduce the poverty of peasants and indigenous people. Almost 30 years after this reform was enacted, it is necessary to analyse its results. We consider how the subsequent political landscape influenced the evolution of PROCEDE, the agrarian structure changes, the collective ownership of land, and the political situation of the ejidos and communities in the new scenario.
En el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador, mientras la crisis mundial de alimentos alcanza al país, su propuesta de autosuficiencia alimentaria no ha logrado buenos resultados, a diferencia del Sistema Alimentario Méxicano (1980-1982) que fue un esfuerzo exitoso en el crecimiento de la producción y el mejoramiento de los ingresos de los productores, a pesar de su corta duración.
La turbulencia en los mercados agrícolas internacionales, provocada por la guerra de Rusia en Ucrania, ha ocasionado ya un fuerte aumento de precios en los cereales y oleaginosas que impacta a todos los países, pero que en el caso de aquellos como México, que tienen fuerte dependencia de las importaciones, pueden poner en riesgo su capacidad para alimentar a la población.
Uno de los objetivos del gobierno de López Obrador es la autosuficiencia alimentaria. En el marco del aumento de las importaciones de maíz al cierre del gobierno de Peña Nieto, que alcanzaron la cifra récord de 17 millones de toneladas, la nueva administración se propuso expresamente disminuir sus importaciones y alcanzar la autosuficiencia alimentaria en el grano. La meta de la Secretaría de Agricultura (Sader) todavía es reducir 50 por ciento las importaciones de maíz para 2024.
Este 2021 se cumplen 50 años de la creación de la Zona Lacandona, mediante un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez que otorgó más de 614 mil hectáreas para 66 familias lacandonas o mayas caribes. Este decreto es hasta la fecha fuente de numerosos conflictos por el territorio. De un día a otro, el decreto convirtió en invasores a 5 mil tzeltales y ch’oles que anteriormente habían establecido 38 colonias; 17 estaban legalizadas como ejidos, pues contaban con resoluciones presidenciales, y las otras 21 estaban tramitando sus papeles.