Derechos indígenas

Las cabañuelas de principios de año anunciaban que enero traería tormentas, pero pocos imaginaron la magnitud de ellas. La violencia sobre los pueblos indígenas en este primer mes del año que comienza ha adquirido tal dimensión y modalidades que da mucho en qué pensar.

El pasado 29 de octubre, el Presidente de la República firmó en el pueblo yaqui de Belén, el decreto para la restitución de alrededor de 30 mil hectáreas, superficie que había sido despojada a la tribu yaqui. Para ello, el gobierno federal negoció con los propietarios, el pago de 420 millones de pesos de 11 predios localizados 10 en el municipio de Guaymas y otro en Cajeme.

El Día de Muertos se adelantó en Tlaxcala. Las normalistas rurales de Panotla tomaron las calles para demandar la reinstalación de las mesas de negociación con las autoridades educativas. Se toparon con un grupo de entre 200 y 250 policías y bomberos, que las rodearon con armas de fuego, gases lacrimógenos y extinguidores. Las muchachas comenzaron a grabarlos con sus celulares. Al principio, los uniformados lo tomaron con humor y les dijeron que iban a arreglarse para aparecer guapos. Luego, perdieron la calma. Tomen en cuenta lo que pasó el 2 de octubre.

Es compleja la relación entre derecho y política, aun cuando ésta debería practicarse siempre en apego al derecho. No es el caso tratándose de los pueblos indígenas que históricamente han estado sometidos al despojo de sus territorios y quienes logran un reconocimiento a través de sentencias, aún tienen que seguir luchando para que las ejecuten, que les cumplan. En ello van en juego toda una serie de maniobras y alianzas de los despojadores con la complicidad de quienes deberían estar de parte del derecho de los pueblos.