Tierra y territorio

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras reuniones del pleno los días 8, 11 y 16 de este mes, sobre el conflicto de límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca amerita un análisis más allá de sus efectos formales. Primero habría que reconocer que esta controversia constitucional permite observar que el ministro José Fernando Franco asumió un trabajo y postura encomiables al elaborar un proyecto con una visión de tomar los derechos en serio y do¬cumentar un respaldo pericial en diversas ramas que dieron sustento al mismo.

La verdadera fuerza motriz que mueve el pleito por los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, es el conflicto entre los comuneros zoques (los chimas) que defienden sus tierras y recursos naturales, y los talamontes, ganaderos, políticos y narcotraficantes chiapanecos, que saquean y agreden a las comunidades indígenas.

La mención de agravio requiere explicación, pues la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en sesión privada el pasado 8 de septiembre, no ejercer la atracción solicitada por la comunidad de Ostula para que ese máximo órgano del Poder Judicial analizara y resolviera un caso de despojo de sus tierras ancestrales y de criminalización que permanece impune: 35 comuneros ultimados y cinco desaparecidos por causa de su lucha.

Lo mismo en Chiapas que en Chihuahua, la violencia mata integrantes de pueblos originarios y serranos, despoja, devasta y desplaza familias y comunidades enteras. Los criminales se ensañan con las comunidades más vulnerables y marginadas. Puede ser Pantelhó o Uruachi, el sureste o el noroeste del país, da lo mismo.