Sierra Puebla-Hidalgo

El gasoducto busca arrasar un territorio de agua y cuidados

¿Diálogo con los pueblos o guerra de socavamiento?

Entrando 2020, el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla-Hidalgo emitió un comunicado ante la visita del presidente López Obrador a San Pablito Pahuatlán, uno de los corazones de su lucha ante TransCanada, hoy TC-Energy (en México, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, TGNH), compañía que busca cruzar por 263 kilómetros del territorio en cuestión con un gasoducto conocido como Tuxpan-Tula (que al momento de su licitación se pensaba entraría en operación en diciembre de 2017).

Uno de los logros iniciales de la resistencia contra el gasoducto fue tejer órganos de consejo comunitario o municipal, de orden tradicional, junto con sus autoridades comunitarias y agrarias (aunque en la zona no haya comunidades o ejidos sino pequeños propietarios en núcleos claramente indígenas). De ahí creció el Consejo Regional con una fuerza surgida del abajo reconstituyendo al sujeto colectivo “pueblo originario” (ñahñú, nahuas, totonacos y tepehua). Desde entonces, su claridad los hizo desconfiar de lo que ya se conocía como Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, que encabezó en ese entonces Jaime Martínez Veloz y ahora promueve el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con Adelfo Regino a la cabeza junto con el presidente AMLO.

Tal comisión buscaba, como ahora el presidente con su INPI, intervenir en la vida de los pueblos mediante programas asistenciales que fragmentan a las comunidades, aplanan voluntades, rompen la organización y reparten dinero (Sembrando Vida, Adultos Mayores, Sembrando el futuro, y otros) como si con dinero cambiaran las condiciones estructurales que sojuzgan a los pueblos, como los megaproyectos que provocan despojo, devastación, intervención en sus territorios, envenenamiento, intoxicaciones y contaminación, riesgos de explosiones y, sobre todo, enajenación de sus vidas y entornos de subsistencia.

Como es sabido, los consejos autogestionarios conformados en Consejo Regional interpusieron amparos que lograron suspender las actividades de TGNH “en forma definitiva”, por lo menos en San Pablito, aunque ahora en los juzgados salen con que “el asunto ya se archivó”, en los casos de San Nicolás y San Pablito.

El gasoducto transportaría 886 millones de pies cúbicos de gas desde EUA a lo largo de 263 kilómetros, afectando a 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex, pero en el caso de La Sierra de Puebla-Hidalgo implica estaciones de bombeo para remontar las alturas desde las cañadas regionales a las alturas hidalguenses.

Barda en Zoyatla, Puebla, cerca del panteón. Foto: Daniela Garrido

El posicionamiento del Consejo Regional es contundente al señalar que se niegan a que el presidente apoye “el paso del gasoducto Tuxpan-Tula, por el despojo de nuestro territorio, los desplazamientos de pueblos, el envenenamiento de la tierra, el agua y el aire y con ello, la aparición de nuevas enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal, las malformaciones congénitas, la diabetes, la hipertensión, la violencia, los feminicidios y muchos males más que están presentes hoy y que se agravarán mañana”. E insisten: “nos parecería una gran burla a nuestra dignidad como pueblos indígenas que pretenda hacer una de sus consultas a mano alzada sobre el gasoducto Tuxpan-Tula. No permitiremos una burla así. No queremos ningún tipo de consulta, porque nuestra vida no tiene precio”.

La demanda fue retomada por el presidente auxiliar de la comunidad nahua de Xolotla. AMLO, tras ser recibido con júbilo, sones de flor y corona, y rosario de cempaxúchitl con los que lo enfloraron, y tras ser nombrado en náhuatl Huey Tlahtoani, abundó en varios de sus programas sociales y su implementación en la región, entre ellos el Programa Sembrando Vida y el Banco del Bienestar, y luego anunció un cambio del trazo del gasoducto Tuxpan-Tula. Al respecto, advirtió que había heredado muchas “cosas podridas, pero no es la misma política de antes” y que en el caso de los gasoductos se había llegado a un acuerdo sin ir a tribunales internacionales.

López Obrador dedicó los últimos minutos de su intervención en su visita de “diálogo” a ofrecerles que cambiaría el curso del gasoducto para que no pase por el cerro sagrado de Pahuatlán.

“Sí les digo aquí en San Pablito, Pahuatlán, aunque tengamos que pagar, pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones, vamos a proponer otros trazos que no afecten las zonas sagradas y no estarles pagando […] les digo, en el peor de los casos, no va a pasar el gasoducto por este cerro”.

Con el subterfugio de un cambio de trazo en vez de cancelación, hizo referencia a dos temas significativos: fracturación hidráulica y transgénicos. “Nosotros dijimos no al fracking, aquí no se usa ese método”, dijo, aun cuando se ha documentado su uso actual en Puebla y en otros estados y se han denunciado sus afectaciones al ambiente y la salud de la población (véase Taller por la Defensa de los Territorios, “Discursos y realidades sobre el Fracking”, 21 de noviembre de 2019). También manifestó que “se prohibió el uso de la semilla de maíz transgénico […] vamos a proteger nuestra semilla criolla”, cuando lo que hay es una iniciativa de ley que declara proteger y fomentar el maíz nativo en relación con la alimentación pero no prohíbe la siembra de transgénicos y menos ante la reciente firma del T-MEC (ver comunicados de la Red en Defensa del Maíz, www.redendefensadelmaiz.net).

Con el anuncio del cambio de trazo el gobierno quiere garantizar la concreción y término del gasoducto ante la resistencia.

Es muy grave haber declarado que no pasará por cerros sagrados y “en el peor de los casos” por el cerro de San Pablito. Habría que subrayar que por la lucha legal y el recurso de amparo interpuesto por el Consejo Regional se había logrado justamente la suspensión definitiva en San Pablito y Cuautepec a fines de 2017. Que no se construya por “este cerro” no significa que no se construya en “otros cerros” de las 460 localidades afectables en la región, a las que por cierto en tribunales se ha puesto en duda la categoría de “pueblo indígena”, aunque lo son. Más delicado aún es la delimitación de lo sagrado. Entre los pueblos nahuas, otomíes, tepehuas y totonacos, si bien lo sagrado puede localizarse en puntos concretos, donde se identifican lugares que habitan dueños, aires y más existentes extrahumanos, en su complejidad, además de espacios y acciones rituales, lo sagrado implica sobre todo formas de relación.

Destaca la concepción sobre el agua y los manantiales que se hallan entre los cerros de toda la región y que aun con la política de privatización del líquido vital en Puebla, con su lucha la gente mantiene una gestión comunitaria del agua. Como entidad viva y ancestral, le nombran Atlanchane, María Isabel o, en su traducción del otomí, “manto de vida”. Los pueblos cuidan los manantiales y no exentos de contradicciones han procurado desde su tradición y praxis el binomio agua-cerro, especialmente amenazado por el gasoducto y otros megaproyectos.

El presidente parece no entender que lo sagrado son las relaciones, y que todo el territorio de la sierra es sagrado.

Hablamos de un territorio donde los pueblos originarios de la región han cuidado la vitalidad y el flujo del agua, y por ende de los bosques. De todas las relaciones que median y tejen tramados significativos entre los puntos que puedan identificarse como sagrados. Es la relación de los pueblos originarios con la importancia crucial de los montes lo que termina haciendo de ese territorio algo que debería valorarse y cuidarse.

¿Creerá que nadie se da cuenta de que al anunciar el cambio de trazo está amarrando que el gasoducto se haga, pese a que están suspendidos en definitiva sus trabajos?

Y el hecho de que haya acordado con las empresas no pagarles, es sabido que durante años les pagaron ¡por su mera existencia!, sin siquiera transportar el gas por el que les pagaban según los contratos.

Con este “cambio de trazo”, en realidad, se recrudece la situación en la región, mientras los operadores del INPI, Sembrando Vida, los programas para jóvenes, se apresuran a seguir su “diálogo con los pueblos indígenas”, eufemismo descarado para nombrar el socavamiento, la deshabilitación, la fragmentación, la coptación y el menosprecio hacia los pueblos a los que deberían servir.

El Consejo Regional remata su posicionamiento diciendo: “Nos pronunciamos por ejercer nuestro derecho a la libre determinación y la autonomía...”

“No a los proyectos de muerte, ni hoy ni nunca, ni aquí, ni allá”.

La resistencia al gasoducto:

un logro de organización comunitaria

En noviembre de 2017 un núcleo de consejos comunitarios y municipales en la región Puebla-Hidalgo encarnaba la resistencia contra el llamado Gasoducto Tuxpan-Tula, tras dos años de movilización activa, hostigamiento, divisionismo e intimidación al que siguió un proceso de acuerpamiento intercomunitario y cinco demandas legales de amparo buscando la cancelación del megaproyecto.

Con la reforma energética que insiste en subordinar cualquier vocación de los territorios campesinos rurales al servicio de la extracción energética (controlada por capitales privados nacionales y extranjeros), la empresa TransCanada (ahora TC-Energy) obtuvo la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir y operar el gasoducto que se dice cruzará, según documentos de la propia empresa, 260 kilómetros, conectando (una vez concedidas las licitaciones de otros tramos como el Texas-Tuxpan y el Tula-Villa de Flores) el sur de Texas con el centro del país para ramificarse, con un tramado de ductos, en un megaproyecto de extracción y transportación de petróleo, gasolina y gas por territorio nacional y Estados Unidos.

Los municipios afectados directamente serían, entre otros, Tuxpan y Tihuatlán en Veracruz; Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Xalpan, Pahuatlán, Tlacuilotepec y Honey en Puebla; Tenango de Doria, Tulancingo, Epazoyucan, Zempoala y Atitalaquia en Hidalgo, más Hueypoxtla y Tula en el Edomex y San Antonio en Huehuetla, Hidalgo, que aunque está fuera del paso del gasoducto se ve afectada en sus manantiales.

Se calcula que el gasoducto tendría una capacidad de 900 millones de pies cúbicos de gas diarios. Al momento de su licitación, se calculaba que el gasoducto entraría en operación comercial en diciembre de 2017, pero el devenir de la resistencia regional dio al traste con las pretensiones de la empresa, que recibió la noticia de que tiene suspendida definitivamente la operación (por lo menos en San Pablito Pahuatlán) cerca del núcleo central de su trazado, por orden del Juzgado tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del estado de Puebla, que concedió la suspensión definitiva tras una primera suspensión provisional concedida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito [hoy los juzgados dicen que el caso está archivado]. La lucha ha sido larga y en segmentos se ha frenado físicamente la construcción —como en el municipio de Francisco Z. Mena, donde los pobladores cerraron el acceso a su comunidad. El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México tuvo noticia de las denuncias de las comunidades, que insisten en que la operación amenaza lugares sagrados otomíes, los mantos freáticos de una vasta región y por consiguiente la recuperación del agua subterránea vía manantiales y fuentes de agua, además de poner en riesgo la biodiversidad y sustentabilidad de la Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de Montaña, y por ende la de las comunidades de una vasta región.

A fines de noviembre, el llamado Consejo Regional de Pueblos Originarios en defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo (que acuerpa al Consejo Supremo Ñahñú de San Nicolás, al Consejo Autónomo Anciano Indígena del Municipio de Honey, al Consejo Indígena Otomí-Tepehua y de la Sierra Norte de Puebla, al Consejo Intercomunitario Indígena Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, al Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena Otomí “Ñahñú” de San Pablito y al Consejo de Ancianos del Pueblo Totonaco y sus Comunidades) celebró una asamblea regional al obtener la suspensión provisional que días más tarde se afianzó como suspensión definitiva para la demanda de amparo de San Pablito Pahuatlán, Puebla.

Ni TransCanada, ni la constructora Bonatti, pueden realizar trabajos relacionados con la instalación de la tubería o las instalaciones de bombeo en el ducto que moverá gas natural del sur de Texas a la planta termoeléctrica de la CFE ubicada en Tula. Ni la secretaría de Energía (Sener) ni cualquier otra instancia gubernamental tampoco podrán realizar o continuar con la consulta de ese megaproyecto a los habitantes de San Pablito, hasta que se dicte sentencia.

Según las consideraciones del juez que concedió la suspensión definitiva, la consulta “constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades, así como sus derechos culturales y patrimoniales —ancestrales–que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen”.

Claro, como otros muchos jueces, el juez en cuestión defiende la discrecionalidad de la autoridad alegando que no siempre se requiere que el Estado consulte a las comunidades, pero señala que sí es necesaria en “aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos en su vida o entorno. Así se ha identificado —de forma enunciativa más no limitativa–una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas como 1) pérdidas de territorio o tierra tradicional, 2) el desalojo de sus tierras, 3) el posible reasentamiento, 4) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, 5) la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, 6) la desorganización social y comunitaria, y 7) los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Por tanto, las autoridades deben atender el caso concreto y analizar si el acto impugnado puede impactar significativamente en la vida y entorno de los pueblos indígenas”.

Es muy significativo que el juez anote con tanta prolijidad esos efectos, porque todo eso junto ocurriría con la entrada del gasoducto en esta zona. Es también significativo, y servirá mucho, que el juez reconozca, en conformidad con la Constitución, que uno de los aspectos de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas es la “conservación y el mejoramiento de su hábitat, la preservación de la integridad de sus tierras y el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan”, aunque luego aclare que salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas.

Por todo lo anterior, el juez Alfonso Ortiz concedió la suspensión definitiva, lo que significa la interrupción de toda actividad (tanto la construcción o la consulta) hasta que se resuelva el juicio. La sentencia del juicio podría ser concordante o negativa [que se archive el caso es desecharlo sin razón alguna].

La “suspensión definitiva” sin duda fue un logro del acuerpamiento de Consejos y de la organización autogestionaria que tejió la construcción de órganos de consejo comunitario o municipal, de orden tradicional, pero que agrupan también a sus autoridades comunitarias y agrarias (aunque lo frecuente en la zona es que no haya conformaciones colectivas como ejidos y comunidades; son pequeños propietarios en núcleos claramente indígenas y comunitarios). Por eso es muy esperanzadora la reconstitución del sujeto colectivo “pueblo originario” (sean ñañhú, nahuas, totonacos o tepehuas), incluso más cuando las instancias

de Gobernación con sus “intermediaciones”, como lo fue en su momento la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México con Martínez Veloz a la cabeza, intentaron conformar Consejos Supremos como los de los años sesenta para “acercar” a los representantes de las poblaciones, de diversos modos. Esto no les cuajó.

¿Creerá que nadie se da cuenta de que al anunciar el cambio de trazo está amarrando que el gasoducto se haga, pese a que están suspendidos en definitiva sus trabajos?

Por el contrario, estos consejos autogestionarios, han tenido claridad en lo que ocurre y entienden bien que el gasoducto no es sólo un tubo que cruza el territorio. Son afectaciones y riesgos que van de la injerencia de la Secretaría de Gobernación pasando por las instalaciones de bombeo (como en Chila de Juárez), con el peligro de explosiones, para redirigir hacia arriba el flujo de gas de las cañadas de la Sierra al altiplano hidalguense. Saben también que la pretensión es acaparar toda el agua posible y explotar en grande las minas a cielo abierto (como en Tlacuilotepec y Honey) y aunque ahora sacan sólo berilio se rumora que sacarán grandes cantidades de oro de una mina por abrir que afectará a Tanchila, la Colmena e Izatlán.

El gasoducto Tuxpan-Tula. La reforma energética se concretó en una serie de proyectos extractivos y de infraestructura —entre ellos 13 gasoductos–que ponen en vilo a los pueblos originarios de diversas regiones del país. Es el caso de los habitantes de la Sierra hidalguense y la Sierra Norte de Puebla, comunidades tepehuas, nahuas, otomíes y totonacas de los municipios de Tenango de Doria y Huehuetla, en el estado de Hidalgo, así como de Honey, Pahuatlán y Tlacuilitepec, en el estado de Puebla, quienes se han organizado para emprender un proceso colectivo de defensa del territorio frente a la amenaza que representan el gasoducto Tuxpan-Tula y la fractura hidráulica, así como los proyectos mineros y las hidroeléctricas que se incluyen en el paquete de inversiones impulsado por el gobierno.

Como ya dijimos, la obra consiste en un ducto privado de 36 pulgadas de diámetro para transportar diariamente 886 millones de pies cúbicos de gas natural proveniente de Estados Unidos a lo largo de 263 kilómetros. Con un tiempo de vida útil de 25 a 30 años, el gasoducto afectará a más de 260 mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Edomex. No obstante, la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener) únicamente consideró 15 localidades como comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto y, por tanto, como titulares del derecho a la consulta. Esto excluye a 444 comunidades, que para esta secretaría, según sus criterios, no son indígenas o no resentirán los impactos del gasoducto.

A la espera de la reunión. Foto: Daniela Garrido

La empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH) ganó en 2015, de forma polémica, la licitación para la construcción y operación del proyecto. La Comisión Federal de Electricidad ya ha favorecido a otras filiales de TransCanada adjudicándoles los gasoductos El Encino-Topolobampo, Tula-Villa de Reyes y Sur de Texas-Tuxpan. En dichos casos se han registrado conflictos sociales y disputas judiciales en torno a la afectación del interés legítimo y los derechos colectivos de pueblos indígenas. Por otro lado, TNGH subcontrató a la empresa Bonatti para llevar a cabo la obra, constructora italiana que al participar en el Proyecto Integral Morelos presionó a los gobiernos de Tlaxcala, Puebla y Morelos para reprimir y criminalizar opositores.

Para lograr sus cometidos, autoridades y empresas han recurrido a todo tipo de mecanismos de persuasión y despojo. La propiedad social campesina y la propiedad ancestral de las comunidades, lo mismo que la propiedad privada en las localidades, están siendo acaparadas directamente por la empresa o bien por intermediarios que posteriormente negocian con ella los terrenos. Además del desplazamiento de decenas de familias, las amenazas derivadas de la ejecución del proyecto implican la destrucción de los entornos vitales y la cultura de los pueblos de la región: sus manantiales y fuentes de agua, su bosque mesófilo de montaña, su biodiversidad, sus cerros sagrados y sus caminos de peregrinación. Por si fuera poco, la vida útil del gasoducto supone un riesgo para la población más cercana a su área núcleo, pues tendrán que acostumbrarse al peligro de vivir durante décadas junto a la tubería, en zonas donde los deslaves e incendios son frecuentes.

En un contexto marcado por la marginación y el hostigamiento continuo por parte de las empresas, las autoridades municipales y los representantes de la Sener, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria, los consejos indígenas de las comunidades decidieron promover diversas demandas de amparo contra cerca de 100 autoridades municipales, estatales y federales —incluidas la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía—, así como tomar medidas en los pueblos tendientes a fortalecer la organización comunitaria y visibilizar el conflicto.

Zoyatla, Puebla. Foto: Daniela Garrido

El gasoducto debía comenzar a operar en enero de 2018, sin embargo, después de acalorados debates y del trámite de los recursos respectivos, las comunidades de Cuautepec y San Pablito, en la Sierra Norte, lograron a finales del año pasado que los jueces segundo y tercero de distrito en Puebla ordenaran la suspensión definitiva de la obra, así como de la vigencia de la autorización de impacto abiental y la evaluación de impacto social. Igualmente, ordenaron la suspensión de los procedimientos de consulta previa irregulares, por lo que la obra no podrá ser concluida al menos hasta que haya cosa juzgada. Las comunidades de San Antonio el Grande, San Nicolás, Chila de Juárez, Montellano, Zoyatla, Ahuacatitla, Tlalcruz de Libres, Cuauneutla, Cruzanta, San Andrés y Tlacuilotepec han logrado el reconocimiento judicial de sus autoridades tradicionales, punto de partida de la estrategia jurídica para la defensa de sus territorios.

Además de las batallas en tribunales, las comunidades ven la necesidad de reapropiarse de los espacios públicos en sus municipios y de desarrollar redes de articulación social más amplias que les permitan enfrentar el acoso de empresas y gobiernos. Con conciencia, organización y movilización social, estos pueblos trascienden las presentes agresiones hacia un futuro de libertad y justicia.

Lo que siente uno, lo sienten todos. Poco a poco se han ido juntando en regiones y zonas. Las comunidades saben que solas y separadas será más difícil el camino y por eso se organizan en el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo. Se miran en distintas lenguas y en cada una de las luchas y necesidades de las comunidades. En el defender el agua, aire, tierra, tradiciones y ceremonias, enfocan su mirada.

Con conciencia, organización y movilización social, estos pueblos trascienden las presentes agresiones hacia un futuro de libertad y justicia

Por ello, el 25 de noviembre de 2017 se reunieron cientos de integrantes del Consejo en la asamblea regional de pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla y de la Sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo, amenazados por la construcción del gasoducto.

Hicieron ceremonia compartiendo palabras sencillas y la denuncias contra la empresa que pretende arrebatarles el territorio, contra autoridades locales, municipales y federales que se han prestado a las acciones de TransCanada, que para los pueblos es una traición y un atentado contra la vida.

Un violín y una guitarra acompañaron la ceremonia, mientras en la banca de la escuela de la comunidad, mujeres y hombres muestran carteles escritos a mano en protesta contra lo que llaman “proyectos de muerte”.

Sonó la música, pasaron al frente gente a la que invitaron a participar en un ritual de agradecimiento, a quienes consideran sus aliados: les colocaron un collar amarillo, un regalo a periodistas, académicos y a su abogado. Un lento y ritmado paso ordenado por la música acompañaba al caracol que daba forma al baile. Un sahumador y palabras en lengua envolvían a los invitados, frente a una ofrenda a la madre tierra. No era un ritual vacío. La gente de la región es religiosa y sigue manteniendo tradiciones que encarnan en las ocasiones marcadas.

Tomó la palabra Santos Vargas de la comunidad de Montellano y del Consejo Indígena de la Sierra Otomí-Tepehua. De realizarse el gasoducto en su comunidad afectaría los manantiales que surten de agua a las comunidades de Zoyatla, Xochimilco y Talcruz, entre otras.

El consejo indígena de su comunidad se organizó, relató, “porque ni las autoridades ni los Jueces de Paz nos apoyan”. Que el presidente municipal y sus autoridades mayores trabajan del lado de la empresa y por tal motivo “el consejo está trabajando junto con las demás comunidades en la defensa de todo lo que tenemos”. Los miembros del Consejo Autónomo de Ancianos de la comunidad de Honey insistieron: “nosotros no contamos con las autoridades, contamos con nuestro consejo indígena que estamos fortaleciendo”.

El Consejo Indígena Intercomunitario de la Sierra Norte de Puebla, representado por María de Lourdes Sampayo y Ortencia Reyes, precisó que están reunidos por el aire y el agua que son la vida. “Por la tierra que nos da de comer; por eso estamos todos luchando para que nuestros alimentos no se contaminen”.

Que en Pahuatlán el presidente municipal estaba del lado de las empresas y que ellos retomaban sus autoridades tradicionales. “Nos quieren arrebatar lo que es de las comunidades. Nadie va a venir a defender la tierra y el agua. Nosotros somos los que tenemos que defenderla”.

De la comunidad de San Nicolás un representante señaló con la convicción y la seguridad de sus palabras: “necesitamos tomar nuestro destino del cómo queremos vivir y del cómo queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros tenemos libre determinación, somos los pueblos autónomos que debemos decidir la manera de cómo queremos vivir, de cómo queremos que produzca el campo. Somos los que tenemos las maneras de cómo proteger el agua que nos da vida”.

Las comunidades denunciaron la presencia de diferentes instancias de gobierno para engañar y manipular a la población de San Nicolás que cuenta con once manantiales. Y mencionó que los de la empresa “ahora ya que la ven difícil quieren convencernos, pero para eso ya se hizo tarde, no vamos a permitir que contaminen a la madre tierra, porque ese día nos vamos a enfermar”.

os manuales del despojo, explicaron los representantes indígenas, comienzan con la compra de voluntades de las autoridades municipales y sus auxiliares, de vecinos que en la necesidad aceptan prebendas a cambio de sus terrenos o de aceptar colaborar con las empresas. En otros casos es la amenaza de no darles proyectos o simplemente sacarlos de los programas de gobierno.

Las camionetas TransCanada y de la constructora Bonatti comenzaron a transitar en la comunidad de Montellano en 2016, expuso Santos Vargas Rosales, integrante de esta comunidad del municipio de Pahuatlán.

Llegaron a la comunidad con el consentimiento del Juez de Paz, y comenzaron a medir y marcar trazos, hicieron un acuerdo para que les mostraran los predios que son pequeñas propiedades, denuncia Santos, y que “les enseñaran los puntos donde pasaría el gasoducto y les mostraran el territorio con sus manantiales”.

En Montellano, se realizaron trazos por parte de la empresa en la entrada de la comunidad, en el centro donde se encuentra el panteón y la escuela, y otros más en la salida de la población. “Somos una comunidad pacífica y los dejamos andar libres porque no sabíamos.” Después comenzaron a informarse y a organizarse, formaron un comité para defender la comunidad y, junto con Zoyatla y Acahuitla, comenzaron a comentar con la gente y visitar comunidades.

Ciertas autoridades de Pahuatlán condicionaron el otorgamiento de proyectos a las personas que estuvieran en el movimiento. “Nos decían que nos darían unas casitas de tres por cuatro, casitas con loza de material muy malo, que se goteaba. Con ese apoyo condicionaban a las personas y les decían: ’te va a llegar esa casita, pero no anden defendiendo la comunidad’. El Juez de Paz una vez les dijo: ‘Pónganle un hule encima si tiene goteras’, como de burla. Nosotros no queremos ese apoyo.”

Se le pidió al Juez de Paz que los apoyara. “Nosotros lo pusimos para que nos apoyara y se negó, se levantó una acta donde decíamos que no queríamos el proyecto Tuxpan-Tula, y no la quiso firmar. Fue aquí que hubo la necesidad de volver a la organización de nuestros antepasados, de formar de nuevo nuestro Consejo de Ancianos para tener una autoridad que nos ayude, que nos apoye”, dijo otra integrante del Consejo.

Lorenzo Vargas, de la comunidad de Cuautepec, explica que representantes de la empresa eran vistos entrar a la presidencia municipal de Tlacuilotepec en muchos momentos, sin embargo “a nosotros no nos respetaba nuestra autodeterminación como pueblo”.

Se juntaron el día 4 de septiembre de 2016, les mostraron videos y rutas del gasoducto, descubrieron que para construir el gasoducto Tuxpan-Tula tenían que cruzar terrenos, tumbar cerros y secar manantiales.

Se realizaron cinco reuniones y protestaron públicamente manifestando su desacuerdo. Para octubre les hablaron de la consulta de las autoridades municipales, y comenzó la etapa de ofrecer obras públicas necesarias para las comunidades. “Anteriormente no venían con este tipo de apoyos”, relata Hernán Castilla García de la comunidad de Cuaulutla, llegaban los de la empresa y les decían que la tubería era de buena calidad, que no existiría fuga de gas, y prometían pavimentar las calles, arreglar las escuelas o bien lo que la gente les pidiera.

Hernán abundó diciendo que los apoyos siempre se los dan a los que están de acuerdo con la empresa del gasoducto. “El gobierno entregó 30 o 40 viviendas para cada comunidad, pero eran para los que están de la mano con el presidente municipal y del auxiliar.”

Por último, el profesor Diódoro, integrante del Consejo, declaró: “nos hemos organizado para decirles a todos que ya no estamos dispuestos a ser los olvidados, a ser los perdedores de siempre. Estamos decididos a defender nuestros territorios”.

La suspensión definitiva del gasoducto en Pahuatlán anunció otros horizontes, que tal vez ahora, con el expediente archivado, hay que replantear.

Entresijos cotidianos de “hacerle la lucha”

Cuando pensamos en las luchas de resistencia que recorren el continente, en particular en el México que descubrimos levantando las piedras y subiendo los cerros sagrados, es común y necesario pensarlo desde las injusticias y agravios que sufre la gente, buscando las defensas así obvias, grandes, contundentes.

Es menos común que nos metamos a los cuidados más cercanos y profundos. Casi no pensamos la lucha en su devenir en los días, en la cotidianidad que significa la organización, en las zozobras de andar en los caminos, trasnochados, juntando firmas o reuniendo voluntades, con apenas un pambazo o un tamal y un vaso de agua en la panza.

La retórica militante casi no expresa la talacha, los cuatrocientos mil pendientes que se cumplen para que todo esté al punto, para que no se nos escape nada, para entender lo que los enemigos (los particulares, las empresas y la enormidad burocrática que le crece a los gobiernos) ya hicieron y no sabíamos. O lo que pretenden hacer y entrevemos (o de plano descubrimos) al observar las reacciones de la gente, en el lugar de los hechos en bosques, aguajes y quebradas, y en los papeles legales que “legitiman” lo que ocurre.

La lucha del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo acuerpa por lo menos seis grandes consejos comunitarios e intercomunitarios de la región. Y todas estas reflexiones afloran en su dialogar porque “hacer la lucha” tiene empeños muy microscópicos y busca no dejar nada al azar, aunque la improvisación consciente sea parte de sus modos importantes.

Tan sólo ir de San Pablito Pahuatlán a Puebla, para atender parte de las demandas, o a Pachuca, Hidalgo, para entender lo que ocurre con el resto, implica a alguien que vaya y revise las actualizaciones de un expediente que crece conforme se descargan las evidencias, se suman alegatos, se reviran los amparos o las acusaciones. Los expedientes son un mundo de papel vivo, que resume lo que se va tramando en contra de las comunidades en oficinas y cantinas o comederos, y lo que podría defender el territorio en las reuniones de comunidades dispersas en un vasto entorno. La gente se juega el futuro en entender qué sigue, cómo darle la vuelta a lo que recién descubrimos en los nuevos legajos agregados. Y eso sin contar con la relación que hay que tejer con los empleados de los tribunales, con los legajos mismos para fotografiarlos con un celular porque no hay cómo fotocopiarlos.

Otro trabajo crucial es sincronizar los esfuerzos de tantas personas con ocupaciones diversas, con tiempos de participación divididos por la faena: sus labores en el campo, en el comercio, en la albañilería, en la asistencia a la salud o la docencia, en su asistencia a preparatorias y bachilleratos.

Sobre todo porque no es sólo una comunidad la que está empeñada en oponerse a un megaproyecto: en este caso el gasoducto abarca una amplitud tal en su afectación que es extraño escuchar los dichos de los funcionarios de TransCanada y de los funcionarios gubernamentales cuando remachan que el gasoducto es inocuo, que es una bendición, que les dará gas gratis, cuando que todo mundo sabe que el gasoducto se colará a múltiples rincones de una vasta porción de la Sierra Norte de Puebla y su vecindad con municipios de la Sierra Hidalguense, ya propiamente la Huasteca, justo desde Tuxpan en la costa veracruzana hasta Tula, por lo menos. Y en su recorrido tendrá estaciones de bombeo y filtrado, habrá excavaciones para enterrar la tubería y tendrá por lo menos una franja continua de 25 metros de vía libre (12.5 m de cada lado del tubo a lo largo de su trazo) que le serán expropiados a la gente interrumpiendo su territorio, es decir, cruzando las veredas humanas y animales, las rutas de los pájaros, el flujo de aguas de diverso origen.

Una de las tareas urgentes es la recuperación histórica de todas las comunidades que resultarán afectadas. La empresa ha querido poner en duda la presencia ancestral de las comunidades en la región y con eso mellar el filo de lo que los jueces pudieran sentenciar al respecto de la afectación.

Pero la evidencia es contundente de que estamos en un “nudo de caminos históricos” que configuraron este territorio donde conviven nahuas, ñahñú y ñuhú de la gran familia otomí, totonakús y tepehuas o masapigní, y que ahí la lingua franca ha sido el nahua, pero también el otomí.

La gente quiere defender su legado, su historia, pues atesora relatos dispersos de sus orígenes y fragmentos y anécdotas —todos ellos épicos y emocionantes por la vastedad de sus enseñanzas y la luminosidad de sus personajes.

Un punto crucial entonces es resistirse a la denominación de localidades (esa categoría estadística que despoja del tramado de relaciones históricas) y en cambio reivindicar la idea de comunidad, con su densidad temporal y su tejido memorioso.

En Zoyatla, pa’l caso, se rememoran las persecuciones que juntaron a los grupos en las cuevas de tantas y tantas laderas y cómo mucha gente nació en esas cuevas. Habían venido de abajo, de Zacamila, colindante con el río donde sembraban maíz, caña brava, cacahuate, frijol, chile y jitomate, y todo mundo se mantenía de lo que cultivaban. Y el chayote se daba solo, nadie lo sembraba siquiera. La gente hacía piloncillo en los trapiches y los hornos caseros. Pero había patrones abusadores que te aventaban el caballo y te humillaban, sobre todo a quien tuviera ascendencia indígena.

Y la gente huyó, como sigue ocurriendo en tantas zonas del mundo. Fueron épocas oscuras en las que crecieron sin que ni maestros hubiera. Pero las familias continuaron sobreviviendo de manejar la coa y el machete pues laborar el campo era la vida misma.

Ahora, por la educación deshabilitadora y el entorno donde lo electrónico es omnipresente, “llegan a señoritas las mujeres y a hombres los muchachos y ya no les gusta el campo. Y nosotros los grandes”, comenta uno de los ejidatarios, “nos juntamos a criticarlos, porque a nosotros siempre nos gustaron las labores del cultivo. A esta generación parecería que sólo le importa la letra, pero la reflexión es: ¿será que esto pasa porque el estudio rompe la lógica del campo?, ¿porque se obtiene mejor ropa, mejor comida, porque ya no les llegan pulgas y duermen mejor? Pero otros viejos dicen que cuando no tenemos madera nos abandonamos a lo que sea”. Así se queja don Camerino Hernández.

Otro señor interviene: “igual yo me maravillo de ver cómo es que las personas que no tenían estudios, igual les trabajaba su mente. Y se las ingeniaban para idear los trapiches, para aprovechar al máximo el calor de la leña en sus hornos caseros. Pero claro. Nos han golpeado de muchas maneras. Cuando era niño se daba muy bien el café. Aquí había vereditas entre los arroyos, y muchas variedades de café de almendra grande muy aromática. Pero hoy hay pura enfermedad. Es un rumor a voces que tal enfermedad la trajeron los mismos técnicos. Para implantar otras variedades, más propicias para las empresas”.

El 3 de mayo la gente de la región celebra el día de la Santa Cruz, como algo muy importante, porque si algo hay en la región es agua. Y ese día se pide y se agradece por el agua, para encargarle a lo sagrado que el agua brote y nos cuide y no se nos agote.

La gente cuida el agua atisbando y reviviendo de continuo los manantiales con procesos secretos y ceremonias recurrentes: son las aguas de ambos océanos desplomadas del cielo y rejuntadas en ese territorio entre las Sierras Madres, entre el Atlántico y el Pacífico. Aguas que habrán de brotar como pocitas y en escurrimientos y caídas por la roca hasta hacer crecer los arroyos y los ríos profundos para recomenzar en el mar. De ahí, las comunidades, y el monte mismo, aprovechan para revitalizarlo todo. Estas aguas son algo que ambicionan las corporaciones.

Don Zenón cuenta que los terrenos que cultivan son laderosos. Que ahí no se mete tractor. “El arado deja todo martajado. Pero en la ladera más empinada se utiliza pura coa entre la piedra y las barrancas. A lo sencillo. Cultivamos la planta donde los terrenos son duros, pero fértiles. Y los abonamos de modo natural. En los rellanos cultivamos frutales: naranja, lima, limón, plátano. Nosotros todavía nos fijamos de dónde pisamos pero la gente nueva ya luego la medicina anda pisando, porque aquí camina uno entre el árnica y el malabar, la caña de jabalí, el quelite de puerco, el chicamole y la malva”.

A él toda esta división de los jóvenes que ya no quieren cultivar y los viejos empeñados en cuidar le parece absurda. Y comenta: “Tal vez los jóvenes ya no participen en la agricultura, pero como sí participan en la comida, porque todos comen de lo que cultivamos, tenemos que meterlos a que tengan una claridad de los dos mundos. De la contradicción entre la cultura de la escuela y la cultura del campo”.

Una de las señoras, porque aquí doñitas y dones se comparten la palabra sin aspavientos, comenta: “Al mal le gusta la soledad, el aislamiento. Se apodera de los parajes poco usados por la comunidad y por eso es muy importante defender todos nuestros rincones. Antes la gente era de una sola fe. Pero ahora las sectas se los quieren repartir, y se los arrebatan en lugar de entre todos cuidar lo que hay que cuidar: eso nos muestra la destrucción social y cultural que hemos sufrido: no es sólo las labores del campo, la danza, la lengua, el vestido, las ‘costumbres’ como tanto les gusta decir a los técnicos de la CDI (ahora el INPI). Son las relaciones entre las personas. Antes, si había enfermo, nos lo sacábamos hasta Villa Juárez cargado en silla. Nomás eso implica un trabajo de coordinación que no queremos que se pierda. Yo pienso que la lucha contra el gasoducto nos hace pensar en esto de nuevo”.

En toda la región bulle la preocupación: en San Pablito y Montellano, Zoyatla, Axtla, Ahuacatitla, Pasiotla, Xolotla y San Andrés Apóstol. San Nicolás y San Antonio el Grande en Hidalgo. Las autoridades casi no están con la gente, pues muy pronto se acercan a la empresa. El entramado que desde las secretarías de Energía, Agricultura, la misma CDI y la del Medio Ambiente va tendiendo con sus coordinaciones de “enlace municipal” y sus direcciones de “ocupación superficial”, en realidad le secuestran a la gente la posibilidad de defenderse porque dichas coordinaciones funcionan como operadores de las empresas en sincronía con el gobierno.

La tarea es mucho más titánica de lo que parece, porque hay que remontar rumores, dimes y diretes, amenazas reales o imaginarias; hay que frenar los intentos por montarse en los procesos de defensa que aprovechando el vuelo lucen a los candidatos de partidos políticos en su “oposición al gasoducto”. Hay que lidiar con la presencia nada afable, y hasta agresiva, de gente que está con la empresa porque les ofrecieron empleos y dinero, sin darse cuenta que todo el asunto del gasoducto los puede expulsar de la zona.

En San Andrés, doña Elidia López, señora esbelta de 96 años, sanadora, dice con gran dulzura en la mirada y en la voz: “Hoy nos traen interrumpidas. Nos ponen citas por todos lados y nomás nos hacen perder el tiempo. Ahora quieren reglamentar hasta la hora en que venga a vivir un bebé, cuando llega desde el quién sabe dónde a este mundo. Antes esperábamos con hierbas toda la sangre que busca salir del vientre y el bebé llegaba a su tiempo”.

Elidia cuenta que aprendió de su mamá todo lo que sabe y que como la gente la busca ella sigue respondiendo. “Yo aprendí nomás de vigilar lo que hacía mi mamá para arreglar una y otra vez a las familias, y se me quedó pegado el trabajo. Aquí les digo lo que hago de quehacer. Curar da trabajo, y peligra una, pero por eso hago siempre mi promesa”.

Un gato dormita sobre el techo de lámina desde donde se domina toda la ladera lejana cubierta de un bosque de niebla bien diverso. La voz de la sabia Elidia continúa: “Ahora nuestros gobernantes no nos defienden. Cómo va a ser que vengan y promuevan el tubo ése que a todo mundo nos va a perjudicar. Son cobardes. Yo me acuerdo cuando era niña de un presidente municipal que tuvimos, que defendió a los jóvenes que se querían llevar a la guerra. Y él se enojó mucho y no paró hasta que no los libró. Se fue a alegar en ñahñú hasta la capital del estado para que no les hicieran nada. Ahora en cambio esos nuevos tienen miedo”.

En San Nicolás Tolentino la gente también está enojada. Miguel López, insta a todo mundo a evitar los impactos sociales y ambientales que acarreará el gasoducto: “Del bosque nacen las nubes que hacen llover y esa lluvia sin duda impacta las semillas nativas de nuestra producción campesina en la milpa. Eso es el abastecimiento de nuestras familias. No queremos que se contamine el agua. El gasoducto contaminará la tierra, las plantas. Si protegemos y defendemos el agua, esa agua nos dará la vida, mientras la contaminación propicia varios tipos de cáncer. Nuestra riqueza principal es la salud. Con salud podemos trabajar y día a día obtener nuestro sustento: eso es hacer el bien; hacer algo por la misma naturaleza. Otra de nuestras riquezas es la asamblea comunitaria, que planea, decide y ejecuta todos los trabajos que tenemos en favor de nuestra comunidad: agua potable, pavimentación, obra pública, sistemas de bombeo. Todo eso a más de los trabajos agrícolas que aquí son al revés de otros lados porque se siembra en enero y se cosecha en mayo-junio o hasta julio”.

El comisariado ejidal, don Serafín Cajero Antonio nos insiste: “los gobiernos federal, estatal y municipal dicen que nos van a cuidar, pero quienes trabajamos somos los campesinos sembrando maíz, chile, frijol, jitomate, cafetal, bosque y manantial. Nuestra naturaleza la venden porque los gobiernos no les importa pisotear nuestros derechos originarios ni el código agrario, las leyes, la Constitución y el Convenio 169 que nos protegen. Este gasoducto es pura destrucción. Somos más de 469 comunidades entreveradas en los cerros y montañas en este territorio indígena de muchos pueblos originarios y estamos luchando contra este proyecto aunque el gobierno se empeñe en convencernos. Pero nosotros seguiremos fieles en esta lucha”.

Claudio Modesto, cien por ciento hablante del ñuhú, se pronuncia de inmediato: “TransCanada y el gobierno pretenden que el gasoducto pase por nuestro territorio. Pero van a destruir nuestras tierras. Nos dicen que no somos indígenas cuando lo poquito de castellano que hablamos apenas hace poco lo acabamos de aprender. Cuando esas personas [de la empresa] llegaron, ni pidieron permiso, se metieron por los frijolares, las huertas y las milpas. Si hubieran llegado de otra manera tal vez no se hubiera enojado tanto la gente. Pero cuando nos dimos cuenta de qué clase de personas eran, de ahí surgió que nos andemos defendiendo. Los de la empresa dicen que no causa daño, pero con esos tubos no pueden garantizar que no haya explosiones”.

Rebeca López Patricio remata: “Nuestra gente aquí llegó hace muchísimos años y se refugió en estas montañas. Tenemos muchas tradiciones que se pueden perder con esta afectación. Tienen que saber que sí conocemos nuestros derechos y sabemos de los convenios y los artículos de la Constitución. Y ultimadamente, a ellos no les debe importar si bailamos en los cerros o si adoramos el agua. Ellos deben respetarnos. Estamos orgullosos de estar aquí, en nuestra tierra, territorio ñuhú”.

Y Miguel López completa: “El hablar otomí trae buenas ideas a la cultura para la formación de los niños. No queremos dejar de hablarlo porque el ñuhú nos sigue enriqueciendo el pensamiento”.

[Con información adicional de Raymundo Espinoza y Jaime Quintana]