Daniel Sandoval Vázquez

El Sistema de Transporte de Gas Natural Tuxpan-Tula

Como parte de la llamada Reforma energética fue proyectada y avanzó enormemente en la administración de Enrique Peña Nieto la construcción de una red completamente nueva de infraestructura para la producción, transporte y comercialización de hidrocarburos, la cual sigue su desarrollo bajo la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. Éste es el caso del ducto Tuxpan-Tula, proyecto que si bien ha tenido algunas modificaciones, en lo general sigue su implementación tal y como fue planteado originalmente.

La construcción del gasoducto Tuxpan-Tula —igual que muchos otros proyectos en su tipo–intenta ser presentada como una infraestructura localmente necesaria, cuyo propósito sería abastecer de energía eléctrica y carreteras a las comunidades cercanas que carecen de dichos servicios. Fue así como se promovió en sus inicios y hoy ésa es la misma idea planteada por la actual administración del gobierno federal ante los pueblos que expresan su rechazo a la obra ¹.

El ducto Tuxpan-Tula forma parte de un plan energético integral mucho más ambicioso que intenta potenciar el desarrollo industrial en el centro y sur del país A través del oficio número ASEA/UGl/DGGTA/0423/2016, el 13 de mayo del 2016 se resolvió autorizar de manera condicionada el proyecto denominado Sistema de Transporte de Gas Natural Tuxpan-Tula, otorgando una vigencia de treinta meses para las actividades de preparación del sitio y construcción, así como de veinticinco años para su operación y mantenimiento.

El trazo originalmente definido para este ducto fue de 265.9 kilómetros de longitud, con un diámetro de 36 pulgadas y una capacidad para transportar 886 millones de pies cúbicos por día. A este ducto le acompaña la construcción de una estación de compresión, estaciones de regulación, medición y control, válvulas de seccionamiento y “trampas de diablos” (TD). A su vez, fue previsto que este gasoducto contara con un ramal de 24 km de longitud y 16 pulgadas de diámetro, que parte de la estación de control hacia la comunidad Chile Frío. “La superficie autorizada para la ejecución del proyecto en su conjunto fue de poco más de 891 hectáreas, cuya distribución corresponde a 315.736 ha de afectación permanente y 575.319 ha de afectación temporal.”

San Pablito Pahuatlán desde las alturas. Foto: Daniela Garrido

El ducto Tuxpan-Tula forma parte de un plan energético integral mucho más ambicioso. Es una pieza esencial del nuevo andamiaje que intenta potenciar el desarrollo industrial en el centro y sur del país. A su vez, también representa la oportunidad para desarrollar a una escala ampliada la infraestructura destinada a la comercialización de hidrocarburos en zonas mucho más extensas, donde las principales beneficiarias por la importación de gas natural son empresas de energía norteamericanas, específicamente texanas, ubicadas en la zona fronteriza de Tamaulipas.

Junto con el ducto Tamazunchale (también de la empresa TransCanada), el ducto Tuxpan-Tula es una de las dos interconexiones del Ducto Marino Sur de Texas-Tuxpan. Este gasoducto internacional fue anunciado como el proyecto de inversión individual más importante del año 2017, con un monto total anunciado de 2 mil 600 millones de dólares.

El ducto Sur de Texas-Tuxpan de 722 kilómetros y 42 pulgadas de diámetro parte de las zonas petroleras cercanas a Brownsville, Texas, uno de los centros más importantes para la importación y exportación de energéticos entre México y Estados Unidos. El 17 de septiembre de 2019, TC Energy (TransCanada), IMG (Infraestructura Marítima del Golfo) y IENova (Infraestructura Energética Nova, filial de Sempra Energy) anunciaron la entrada en operación a nivel comercial de dicho ducto marítimo, prometiendo un abasto de los mencionados 2 mil 600 millones de pies cúbicos de gas natural diarios para las regiones centro y sur-sureste de México².

Al hacer una revisión independiente relacionada con las áreas de afectación del proyecto encontramos el siguiente conjunto de datos:

Población originaria, localidades indígenas, localidades rurales y urbanas

• Existen 476 localidades, 459 de ellas rurales y 17 urbanas, las cuales concentran una población total de 188 mil 781 personas.

• Existen 308 localidades con presencia indígena otomí, náhuatl y totonaca al interior de las áreas de influencia, con un total de 22 mil 873 personas.

Propiedad social

• Más del 41 por ciento del área de influencia del proyecto es propiedad social (60 mil 520 hectáreas del total de 145 mil 327 hectáreas que abarca).

Franja de 25 metros lineales para la instalación del gasoducto

• La creación de una franja permanente de 10 metros para el gasoducto más una franja temporal de 15 metros implica afectación directa por actividades de desmonte, nivelación del suelo, desbroce, etcétera, en un superficie de 1,444 hectáreas en las cuáles existen usos previos del suelo y el tipo de vegetación siguiente:

• 3.1 hectáreas de bosques (1.9 ha de bosque de pino-encino y 1.4 de bosque mesófilo de montaña).

• 20 hectáreas de agricultura de humedad * 106 hectáreas de agricultura de riego

• 887 hectáreas de agricultura de temporal

• 308 hectáreas de pastizales y matorrales

• 3 hectáreas de suelos urbanos

• 114 hectáreas de vegetación secundaria

Visto en su contexto, queda constatado que este gasoducto se encuentra estrechamente relacionado con una red de infraestructura energética mucho más amplia, compleja y problemática. El gas que pasaría por el ducto Tuxpan-Tula y que proviene de Brownsville, Texas, Estados Unidos, desde su producción genera ya de por sí graves conflictos ambientales y sociales. Es muy conocida la emblemática lucha de la población de ese país, particularmente aquella puesta en marcha por comunidades indígenas en contra de la empresa TransCanada, encargada de los proyectos en su conjunto.

Integración de ductos entre el este de Estados Unidos y México. Mapa: Daniel Sandoval (Ceccam)

Ubicar este tipo de contextos y relacionarlos con otra información complementaria sobre el proceso de producción-consumo al cual verdaderamente responden es muy importante, pues una estrategia muy común del gobierno y las empresas es precisamente aislar los proyectos de todo vínculo problemático, para así hablar solamente, por ejemplo, de beneficios a nivel local, impactos temporales, desarrollo, etcétera. Aun con la escasa información, las comunidades intuyen esta forma tradicional en la que operan los planes de la gran industria.

Aun cuando López Obrador visitó la comunidad de Tenango de Doria para destacar cómo supuestamente con la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula tendrán electricidad las comunidades locales, la verdad es que este proyecto forma parte de un plan que excede por mucho el interés de desarrollar a tal nivel el abasto energético. Se trata de dotar de electricidad a varias de las ciudades más grandes del país, que no frenan el acaparamiento de recursos aunque se encuentren a cientos de kilómetros de distancia. La propia Manifestación de Impacto Social para el Proyecto del Gasoducto Tuxpan-Tula y TransCanada exaltan la posibilidad de llevar energía a la región Sur-Sureste de México, donde se concentran algunos de los planes energéticos más importantes que intenta consolidar el presente gobierno federal.

La Ciudad de México, Querétaro, Pachuca y Puebla tienen en común que parte del enorme abasto energético del que dependen proviene de plantas de procesamiento ubicadas en Tula, Hidalgo. Una simple mirada al tendido eléctrico que parte de ese lugar conformará ese hecho. Se hace evidente la pervertida regla (moderna) de que el desarrollo de las ciudades sólo puede hacerse efectivo mediante el sometimiento (cada vez más intensivo) de los espacios rurales y de los territorios de las comunidades.

Comunidades indígenas afectadas por el gasoducto Tuxpan-Tula. Mapa: Daniel Sandoval (Ceccam)

Es una obra con supuestos beneficios locales, pero que está conectada con intereses que incluso van más allá de las necesidades del capital a nivel regional. Si retomamos la idea explícita del proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula de llevar energía a las regiones centro y sur-sureste de México, debemos pensar en la construcción de la Planta de Refinación en Dos Bocas y en el discutido proyecto del Tren Maya como parte de los planes para desarrollar como nunca antes la producción, distribución y consumo de mercancías en esa región del país. No sólo es un tema de tránsito de mercancías para el mercado mundial, sino que implica abordar la problemática de la intensificación de los procesos de proletarización en el país, así como de la subvención de recursos, bienes naturales y fuerza de trabajo barata que la nación mexicana incorpora a la economía global, pero que originariamente pertenecen a las comunidades indígenas y campesinas de México.

Propiedad social en el área del gasoducto Tuxpan-Tula. Mapa: Daniel Sandoval (Ceccam)

El intento constante del gobierno y de las empresas relacionado con la promoción de megaproyectos es poner al territorio como un elemento abstracto; omitir en lo posible la existencia de cualquier aspecto que pueda ser problemático en el discurso oficial. Tratándose de comunidades indígenas que serán afectadas, los efectos reales (violencia, despojo, agravios) se transmutan en comunidades beneficiarias de empleos, escuelas y caminos; no se especifica si se trata de territorios que forman parte de la propiedad social que serán privatizados formal o realmente y en qué medida ocurrirá; en el discurso actual, se habla por el contrario de comunidades y ejidos que tendrán un papel de socios de los proyectos. Si llega a hablarse de afectaciones a los recursos naturales, aparece la idea de la daños mínimos y de carácter temporal, etcétera. Por lo anterior, resulta decisivo analizar esos datos oficiales y precisarlos en un trabajo de observación integral de las implicaciones inmediatas y de largo alcance que pueda tener cualquier proyecto público o privado.

Esa parte de la labor de análisis territorial es importante también, porque no es sólo que se afecten los usos presentes o futuros del territorio, sino que se trata del desarrollo de un fenómeno inherente al avance industrial específicamente capitalista, donde todos los usos concretos, cualitativamente diversos, usos que otorgan las comunidades, intentan ser subordinados o sometidos a un único uso, un uso abstracto autonomizado relacionado con la generación de beneficios económicos y mercantiles. Es eso a lo que Marx denomina proceso de valorización del valor. En esa oposición de perspectivas se expresa contundentemente la forma de construir y vivir el territorio por parte de las comunidades que, en este caso, han logrado articularse y mantendrán su lucha en contra del proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula. La perspectiva comunitaria sobre el territorio es algo que ha quedado muy de relieve en los valiosos testimonios que acompañan este documento; se trata de la exposición de los sentidos que guarda el territorio para las comunidades, sus significados y por qué es para ellas su fundamento.

Área de influencia directa e indirecta del gasoducto Tuxpan-Tula. Mapa: Daniel Sandoval (Ceccam)

Regresando a la cartografía del proyecto y la observación de su contexto, confirmamos cómo algo que intenta hacerse pasar por un plan para generar beneficios supuestamente a nivel local, más bien es una pieza central de la gran industria agazapada en el territorio nacional, la cual favorecerá los intereses de un capital que ha sido señalado en múltiples ocasiones por producir algunos de los ejemplos más agresivos de injusticia ambiental y social en Canadá, en Estados Unidos y también en México, con graves ejemplos previos de afectación como lo ocurrido al interior de la Sierra Tarahumara y la construcción del Gasoducto El Encino-Topolobampo por la empresa TransCanada³.

Algunos preguntan: ¿qué tantos problemas puede provocar la construcción de un gasoducto si sólo es un tubo de un metro de diámetro? Sin embargo, se trata de proyectos que están acompañados por un sinnúmero de componentes que consolidan materialmente esa perspectiva abstracta de la que hablábamos sobre el territorio, los cuales hacen efectiva la permanente injusticia hacia las comunidades y los bienes de los que depende su sobrevivencia. Las comunidades lo comprenden y, en medio de esta autocracia industrial en la que los megaproyectos intentan mostrarse como los únicos autores posibles del desarrollo económico y social, también se hacen presentes los procesos de resistencia.

Reunión en San Pablito Pahuatlán, Puebla. Foto: Itzam Pineda