El sector agrícola mexicano ha sido objeto de una reforma estructural desde finales de los ochenta y comenzó de lleno cuando el país ingresó al GATT. Ello resultó en la “arancelización” de las licencias de importación para la mayoría de los productos agrícolas, seguida de las reformas la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Estas reformas entrañaron, entre otras medidas, la eliminación de los precios de garantía del trigo, el sorgo, el arroz, la soya y otras oleaginosas (aunque se conservaron los del maíz y el frijol).