21 de diciembre de 1999
En la geografía universal de la ignominia contemporánea, Acteal ocupa un lugar privilegiado. Pequeña comunidad poblada por familias desplazadas por la violencia paramilitar, su nombre es más conocido internacionalmente que el de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado donde se ubica.
Irónicamente, debe su fama a la infamia. Allí, hace dos años, un 22 de diciembre de 1997, 45 hombres, mujeres y niños fueron salvajemente asesinados mientras oraban por la paz. El gobierno trató, primero, de ocultar el crimen, y, después, quiso maquillarlo. Procuró convertir lo que fue un acto de guerra en un conflicto interno entre comunidades y familias. Sigue intentando maquillar los hechos y proteger a los más altos responsables.
Durante 1999 fueron sentenciadas 57 personas por la masacre. Son algunos de los autores materiales de los homicidios y policías que permitieron que los paramilitares se armaran y organizaran el baño de sangre. Durante el proceso no se reconoció el delito de asociación delictuosa. No se han ejecutado 29 órdenes de aprehensión. Está pendiente la resolución de las averiguaciones previas sobre la responsabilidad penal de altos jerarcas de la administración pública en Chiapas.
Julio César Ruiz Ferro era gobernador interino de Chiapas al momento de la masacre. Durante su administración florecieron los grupos paramilitares. No hizo nada para evitarlo. El supo lo que iba a suceder en Acteal. Tuvo información de lo que acontecía. No movió un solo dedo para frenarlo. El escándalo de la opinión pública dentro y fuera del país lo obligó a renunciar. Pero siguió libre. Y, además, fue premiado. El gobierno federal le obsequió un puesto en la embajada mexicana en Washington. Allí se encarga de los asuntos agrícolas. El área que, dentro de México, fue responsabilidad de Francisco Labastida, y que hoy es competencia de Romárico Arroyo, amigo del hoy candidato del PRI a la Presidencia.
El general Renán Castillo fue comandante de la séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez hasta noviembre de 1997. Durante cerca de tres años dirigió las actividades militares en el área. Bajo su mando se creó la Fuerza de Tarea Arco iris, encargada de cercar al EZLN, y se realizó la ofensiva de febrero de 1995. Mientras él estuvo al frente de la Región Militar nacieron, crecieron y actuaron con absoluta impunidad varias organizaciones paramilitares. Con algunas de ellas su vinculación fue pública. Días antes de salir de Chiapas, integrantes del grupo armado "Paz y Justicia" le rindieron un homenaje. Samuel Sánchez, entonces diputado del PRI y jefe visible del agrupamiento, le dijo: "nunca lo olvidaremos, señor. Hay recursos que quedan grabados en la conciencia de los hombres y usted representa uno de ellos. Todo lo que hizo por nosotros, obliga a la gratitud". No hay una sola averiguación previa en contra del general Castillo.
Jorge Enrique Hernández Aguilar fue, alguna vez, militante de izquierda. Estuvo preso durante 1986 en Cerro Hueco por luchar a favor de incrementar el precio de garantía del maíz. La noche del 22 de diciembre de 1997 llegó a Acteal a mover los cadáveres y tratar de borrar las huellas del crimen. El era entonces coordinador estatal de la policía y secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Meses antes de la masacre, visitó frecuentemente Chenalhó para acordar acciones con el presidente municipal, Jacinto Arias, preso por distribuir armas y apoyar a los paramilitares. Según la declaración ministerial del entonces director de Seguridad Pública del estado, José Luis Orozco, Hernández Aguilar "sabía y estaba enterado de todo lo que estaba pasando" en las comunidades (Expediente 27/98). Pero no ha sido castigado. Al igual que otros servidores públicos, obtuvo una suspensión incidental en amparo contra órdenes de aprehensión.
Siguen pendientes las investigaciones sobre la responsabilidad penal del ex secretario general de Gobierno Homero Tovilla, y del ex subsecretario general de Gobierno Uriel Jarquín. Este último, integrante durante su juventud del PCM, del PMS y del PSUM, estuvo también la noche del 22 de diciembre en el lugar del crimen moviendo a los muertos.
El ex director de la Policía de Seguridad Pública, José Luis Rodríguez, y el ex coordinador de Seguridad Pública, general Jorge Gamboa Solís, están prófugos.
La lista de los responsables materiales e intelectuales de la masacre que no han sido sancionados es grande. Su tamaño tiene la misma dimensión que posee la impunidad en México.
Acteal será la vara con la que se mida en el futuro el gobierno de Ernesto Zedillo; es el legado del régimen a las futuras generaciones. Acteal fue, ni más ni menos, un crimen de Estado.