Una de las principales consideraciones de los pueblos indígenas y campesinos al emitir su voto el pasado primero de julio fue garantizar su derecho a la tierra y al territorio. Era necesario detener el despojo de sus tierras y bienes naturales por las industrias extractivas, energéticas o de desarrollo de megaproyectos. El triunfo del candidato de Morena a la Presidencia del país, con más de 8.7 millones de votos por parte de la sociedad rural fue la muestra de su decisión.

El gobierno mexicano, en los casi cuarenta años de existencia de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ha sido incapaz de proponer alternativas para los pueblos indígenas (dueños del territorio de la reserva) que les permitan conservar sus bienes naturales y tener una vida digna. Tampoco ha construido alternativas para otros pueblos indígenas que ven en la Selva Lacandona un sitio de refugio. La política ambiental se ha reducido a la prohibición, el desalojo, el autoritarismo y la represión.

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