03 de marzo de 1998
Pareciera ser que el gobierno federal está decidido a tratar de sepultar el conflicto chiapaneco en un alud de declaraciones pirotécnicas.
Si durante 1997 intentó aislar al EZLN haciéndole el vacío informativo, a lo largo de 1998 ha buscado silenciar la matanza de Acteal y su incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, disparando todo tipo de propuestas de solución destinadas no a alcanzar la paz sino a hacer creer a la opinión pública que realmente la busca.
Después de organizar una campaña xenófoba y de presentar --sin éxito-- a los indios rebeldes como víctimas de una manipulación extranjera, el desgobierno de Chiapas y el gobierno federal anunciaron, cada uno por su lado, ``nuevas'' iniciativas para pacificar a la entidad. En sentido estricto las acciones anunciadas no tienen nada de nuevo. Son la misma mercancía ofrecida a los medios de comunicación desde hace un par de meses pero con una nueva envoltura. Forman parte del maquillaje con el que se pretende evadir lo central.
Roberto Albores Guillén --presunto gobernador interino del ex gobernador interino Julio César Ruiz Ferro del gobernador espurio Eduardo Robledo Rincón-- anunció el pasado 28 de febrero un flamante ``Acuerdo Estatal para la Reconciliación en Chiapas'', integrado por 12 puntos, por el que corre el riesgo de que la CNOP o la CNC lo demanden por plagio. Primero, porque fue presentado en un acto con acarreados en el más tradicional estilo priísta. Segundo, porque su redacción parece inspirada en la vieja retórica de los buenos tiempos de las centrales corporativas, tan prolífica en palabras como en pocas ideas. Más que ayudar al proceso de paz, Albores Guillén pretende con su proclama allegarse recursos de la Federación, y garantizarse un espacio de maniobra suficientemente amplio como para poder meter mano a gusto en la designación de candidatos para los comicios locales de octubre de este año.
Lo mismo sucede con el nuevo plan de paz para Chiapas anunciado por el secretario de Gobernación el 1o. de marzo. A pesar del señalamiento de que el gobierno federal no se opone a los Acuerdos de San Andrés, lo cierto es que el contenido de las observaciones hechas a la iniciativa de la Cocopa muestran que no es así. Por principio de cuentas es falso que el gobierno haya reducido sus comentarios a sólo cuatro puntos. Lo que hizo fue agrupar en cuatro ejes temáticos más de 15 observaciones que, traducidas a una iniciativa de ley, modificarían a la elaborada por la Cocopa en, cuando menos, 29 puntos. Pero, además, sus comentarios apuntan a reconocer derechos indígenas, siempre y cuando no puedan ser ejercitados, y a supeditar su cumplimiento a leyes secundarias. Con la nueva propuesta, el gobierno quiere meter por la puerta de atrás lo que no ha podido introducir por la de adelante.
Su decisión de presentar, sin consenso con el EZLN y al margen de lo ofrecido por el presidente Zedillo en su discurso en Kanasín, Yucatán, el 23 de enero de 1998, un nuevo proyecto de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, había sido ya anunciada por Francisco Labastida el pasado 5 de febrero. Con ello busca aparentar que cumple con lo pactado en San Andrés, aunque realmente no lo haga: quiere aprobar su reforma constitucional elaborada a modo, al margen de si ésta responde o no a lo que acordó el 16 de febrero de 1996.
El riesgo de poner en práctica este juego de artificios --que podría tener el aval del PAN-- es que alejaría aún más las posibilidades de reinstalar el diálogo con el EZLN en el corto plazo, estimularía la violencia en Chiapas, abriría la puerta para acciones militares ofensivas por parte del Ejército Mexicano, abortaría la negociación sobre la reforma del Estado, y rompería, inevitablemente, al Congreso de la Unión y a la Cocopa. Quizás eso es lo que el gobierno federal verdaderamente busca.