20 de octubre de 1998
Este 12 de octubre el Congreso Nacional Indígena (CNI) cumplió dos años de vida. Muy pocas organizaciones sociales han ganado en tan poco tiempo tanta relevancia como esta red-asamblea de organizaciones regionales y comunitarias.
En una situación política en la que las grandes coordinadoras de masas, formadas a comienzos de la década de los ochenta, han perdido gran parte de la influencia que disfrutaron durante sus primeros años de funcionamiento, y sus luchas y demandas dejaron de tener reconocimiento y aceptación en otros sectores sociales, y la actividad política se ha desplazado de manera principal al terreno de los partidos, las elecciones y los parlamentos, la formación y el desarrollo del CNI tienen una significación relevante. Junto con las coaliciones ciudadanas de comienzos de los noventa, las organizaciones de deudores surgidas a partir del 95, y la emergencia del zapatismo, la nueva lucha india ha replanteado el papel de los movimientos sociales en la transición política.
Por principio de cuentas, su desarrollo evidencia que la sola democratización del país no alcanza para resolver sus problemas sustantivos. O, dicho de otra manera, que no se pueden solucionar adecuadamente los asuntos pendientes para llegar a una democracia plena, si no se atienden, de manera simultánea, las cuestiones relativas a la justicia y la libertad. Muestra, además, la estrecha vinculación que en el México de hoy existe entre cultura y política.
A dos años de su formación, capitalizando parcialmente para su causa el impacto de la rebelión zapatista (de la que en mucho es resultado directo), el movimiento indígena agrupado en el CNI ha obtenido un incipiente triunfo cultural, mucho mayor que la fuerza política que ha acumulado.
La idea de que la solución a la cuestión indígena es uno de los puntos centrales que no han sido solucionados de la agenda política nacional es compartida por amplios sectores de la población. No pueden ocultarse ni disfrazarse ya las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación en las que viven los pueblos indios. La ausencia de reconocimiento a sus derechos específicos y el alcance y contenido que éstos deben tener se encuentra en el corazón del debate nacional.
Una parte de la intelectualidad nacional ha participado activamente en esta discusión, al lado de una pujante intelectualidad indígena. La polémica ha dejado de ser un asunto de especialistas. La prensa nacional y la radio han sido los instrumentos principales del debate. Las noticias sobre asuntos indígenas son hoy mucho más frecuentes de lo que eran hace cinco años. Los indios se han hecho visibles, ya no sólo como parte de la nota roja, sino como un actor político más.
Sin embargo, esta nueva importancia social no se ha traducido aún en un incremento significativo de su fuerza política. Los espacios de representación popular que sus dirigentes ocupan no se han ampliado, y el presupuesto destinado a atender sus necesidades no ha crecido.
Salvo en Oaxaca, la mayoría de las reformas legales en marcha están muy lejos de satisfacer las demandas mínimas reivindicadas por el movimiento. Las violaciones a los derechos humanos se han concentrado allí más que en otras franjas de la población, situación que se ha agravado a raíz de la militarización creciente de sus territorios. Su capacidad de gestión ante instituciones gubernamentales no se ha apliado, y mucho menos, han incidido en las políticas públicas que los afectan.
La posibilidad de acortar la brecha existente entre el desigual nivel de desarrollo de su impacto cultural y su fuerza política sólo podrá resolverse generando un liderazgo nacional efectivamente arraigado en las regiones, y una concepción de lucha que destierre prejuicios etnicistas y antintelectuales.
La consulta convocada por el EZLN es un paso en esta dirección. Para prepararla, los zapatistas han propuesto la realización de un encuentro con la sociedad civil, preparado por una comisión organizadora plural, representativa, eficaz y abierta, formada por representantes de diversos grupos. La organización de la consulta, entonces, será responsabilidad no de una fuerza en lo particular sino del conjunto de los sectores involucrados en ella. Después de todo, la solución adecuada de la cuestión indígena no es un asunto de indigenismo sino de justicia.