03 de febrero de 1998
¿A cuál de todas las declaraciones presidenciales hay que creerle, a las de Kanasín o a las de Davos? ¿En qué puntos de la iniciativa de ley de la Cocopa se fragmenta al país o se vulnera su soberanía o existen ambigüedades en su redacción?
¿Cómo es posible hacer una reforma a la Constitución sin cambiar el marco constitucional? ¿Cómo es posible que se diga que se ``honrarán los Acuerdos de San Andrés'' y simultáneamente se le quieran poner a su cumplimiento candados legales que no fueron pactados? Mientras el gobierno federal no responda con claridad a estas preguntas y demuestre que tiene razón en su argumentos, no habrá ninguna posibilidad de reanudar el diálogo con el EZLN.
En Davos, Suiza, el presidente Zedillo presentó al crimen de Estado cometido en Acteal como hechos de violencia entre zapatistas y otros grupos.
Hasta ahora, cuando el gobierno federal habla sobre los acuerdos de San Andrés lo que hace es decir que se requiere encontrar ``su forma de expresión jurídica'', olvidando que esto fue precisamente lo que hizo la iniciativa de la Cocopa: dar expresión jurídica a los acuerdos. Asimismo, advierte que no permitirá una reforma indígena que balcanice o desintegre al país o que cree fueros. Sin embargo, nunca ha señalado con precisión qué puntos de la iniciativa de ley de la Cocopa provocan ese tipo de problemas y, mucho menos, ha demostrado la validez de sus afirmaciones. Mientras no lo haga existen razones fundadas para suponer que lo que verdaderamente pretende, más allá de sus palabras, es reabrir la negociación sobre los acuerdos para disminuir el alcance de las reformas, ignorando que tanto San Andrés como la iniciativa de la Cocopa fueron producto de negociaciones previas. No se trata de que los zapatistas pretendan el ``todo o nada'' sino que no pueden renegociar interminablemente los acuerdos. Estos ya se negociaron en dos ocasiones.
Las experiencias de procesos de paz en otros países enseñan que la parálisis en la negociación está vinculada a dos variables básicas: poder y compromiso (legitimidad). Las partes tienden a negociar en situaciones de igualdad dinámica, cuando la débil crece y la fuerte decrece. Para romper el impasse se requiere de una política en la que la insurgencia sea reconocida como un actor legítimo, el gobierno reafirme la vía del diálogo como solución del conflicto, cumpla los compromisos pactados, y sus negociadores sostengan una posición única que hagan valer dentro de sus filas.
En el caso de Chiapas, tan sólo dos de las cuatro condiciones necesarias para romper la parálisis se han cumplido. El EZLN fue reconocido como actor legítimo en las primeras negociaciones de la Catedral de San Cristóbal en 1994 y, después, por la Ley de Concordia y Pacificación del 11 de marzo de 1995. Desde entonces se ha insistido en el diálogo como vía de solución del conflicto, a pesar de que el gobierno federal rompió ese compromiso el 9 de febrero de 1995, e inmediatamente después de la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Sin embargo, no cumplió lo pactado sobre derechos y cultura indígenas, y prácticamente boicoteó la negociación sobre los temas de democracia y justicia. Ni la mediación ni la coadyuvancia --que son el aval de cualquier negociación-- tuvieron la fuerza suficiente para obligar a cumplir con lo acordado. Ello se ha agravado con el desorden que cíclicamente priva en las filas del gobierno federal.
Una y otra vez, las declaraciones de distintos funcionarios se contradicen entre sí sobre la estrategia oficial. Las declaraciones del presidente en Davos no son la excepción.
La intentona del Ejecutivo de crear una nueva correlación de fuerzas para forzar una negociación desfavorable para los zapatistas, terminó en un serio descalabro. El aumento en el número de tropas y su relocalización en Chiapas tuvo un enorme costo en la imagen internacional del gobierno y provocó el repudio de la opinión pública nacional. Lejos de doblegarse, las comunidades rebeldes enfrentaron la escalada militar con la resistencia pacífica de sus mujeres y niños.
El incumplimiento gubernamental de los acuerdos es la razón principal, aunque no la única, del impasse en las negociaciones con el EZLN. Para romper la parálisis no hay más que un camino: que el gobierno cumpla lo que pactó sin regateos. Sólo por esa vía podrá recuperar la credibilidad sobre su disposición al diálogo. El hecho es medular: hoy está en juego la reforma indígena, mañana la vida de los rebeldes. Si en el futuro los zapatistas negocian reinsertarse a la vida civil y el gobierno no respeta su libertad o su vida ¿podrán renegociarlo como ahora quieren que se haga con San Andrés?