17 de febrero de 1998
Sin pedir permiso y sin esperar a que el Congreso legisle para legalizar su existencia, las comunidades indígenas rebeldes en Chiapas construyen la autonomía en los hechos.
Han remunicipalizado el estado y nombrado a sus autoridades, imparten justicia y organizan la obra pública, recaudan impuestos y resuelven disputas internas.
A pesar de la presencia masiva del Ejército y de la Seguridad Pública, de los 56 mil 700 millones de pesos canalizados a la entidad entre 1995 y 1997, del estímulo y complicidad gubernamental en la formación y funcionamiento de grupos paramilitares, los indios zapatistas se autogobiernan. La fuerza combinada de las armas y el dinero, de las amenazas y el chantaje, han sido insuficientes para erradicar de los corazones y las mentes de los hombres y mujeres insumisos el anhelo de dignidad y autonomía que inspira su revuelta.
El gobierno federal ha debido admitir la derrota de su estrategia. Porque lo que hicieron tanto el presidente Zedillo, en la entrevista que dio al diario The New York Times, como Emilio Rabasa, al anunciar la nueva estrategia oficial para atender el conflicto, fue reconocer que los municipios autónomos existen, a pesar de lo que han hecho para evitarlo. El jefe del Ejecutivo señaló al rotativo estadunidense: ``Lo que hemos visto es una estrategia de este grupo de levantar un bastión de autoridad en esa zona de Chiapas. Se rechaza la presencia de las instituciones mexicanas ahí...''. El negociador gubernamental para Chiapas ofreció a los zapatistas más distensión a cambio de diálogo directo, y la desaparición de los municipios autónomos, los bloqueos a carreteras y el ``cobro de peajes''.
Sin embargo, el reconocimiento de la derrota no llevó al gobierno a reflexionar sobre las causas que la produjeron. Por el contrario, las medidas anunciadas no son más que una dosis mayor de la misma medicina que han aplicado hasta ahora y, en algunos casos, retroceden a las operadas durante los primeros días de enero de 1994.
En síntesis, la receta gubernamental para enfrentar el conflicto consiste en exigir simultáneamente que el EZLN se rinda (¿qué otra cosa es, sino pedir la desaparición de los municipios autónomos y el rechazo a aceptar modificaciones a las cuatro observaciones hechas a la iniciativa de ley de la Cocopa?), demandarle que regrese a la mesa de negociaciones sin cumplir lo acordado, para tomarse la foto que necesita mostrarle a la comunidad internacional, presionarlo militarmente y apostar al tiempo, al desgaste y al olvido.
Si el gobierno federal tuviera memoria descubriría que el diálogo con el EZLN ha avanzado. Cuando participa la sociedad civil, se dan señales claras de distensión militar, se abre un espacio político para atender las demandas que originaron el levantamiento armado y se crean condiciones para el desarrollo político del zapatismo. Por el contrario, las amenazas, el incremento en la presión militar y las exigencias de rendición no hacen sino estimular el ánimo rebelde de los alzados.
Voluntaria o involuntariamente, el gobierno ha confesado la derrota de su estrategia. Por la salud de la nación hace falta que la modifique.
Pd. El señor Emilio Rabasa se queja de que el EZLN incumple uno de los puntos pactados en el Protocolo de San Miguel, el 9 de abril de 1995: el referente al compromiso de mantener la continuidad en las pláticas. En aquel entonces, el gobierno y el EZLN se comprometieron también a mostrar buena fe en todo trato, respeto mutuo, voluntad de diálogo, mecanismos de seguimiento para asumir compromisos, reciprocidad proporcional y objetividad de información en los trabajos.
Señor Rabasa: ¿podría usted explicarle a la opinión pública cuál de todos estos principios ha cumplido el gobierno federal? ¿Cuál es la objetividad en la información cuando se dice que los extranjeros obstaculizan la distensión? ¿Dónde está la buena fe cuando se señala que el EZLN no quiere la paz? ¿De verdad cree que el gobierno trata con respeto a los zapatistas escalando militarmente el conflicto?¿Cuál es el compromiso de contar con mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos cuando se boicotea el funcionamiento de la Cosever? ¿Dónde está la voluntad de diálogo cuando el gobierno incumple lo pactado en San Andrés y se escucha sólo a sí mismo? Señor Rabasa: ¿sabe usted que quien incumple pierde? ¿A quién pretende engañar con sus acusaciones?