12 de enero de 1999
Alguien tuvo una idea: si el problema no podía resolverse había que cambiarle de nombre. Si la guerra en Chiapas no podía resolverse había que decir que no existía. La idea es, a partir de 1999, tesis oficial del gobierno mexicano. Así lo indicó el presidente Ernesto Zedillo al cuerpo diplomático el pasado 5 de enero, y así lo repiten desde entonces los funcionarios gubernamentales. Así lo dirán embajadores y cónsules en el extranjero. Lo que se busca, completó el secretario de Gobernación, no es la paz, sino la solución del conflicto.
La realidad es, sin embargo, diferente. El estatus del conflicto chiapaneco es el de un ``conflicto armado interno''. El EZLN declaró la guerra al Ejército y al Ejecutivo federal el primero de enero de 1994 acogiéndose a las Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra. Hasta el momento esta declaración no ha sido retirada. Hay dos partes armadas, aunque sólo una de ellas, el gobierno federal, las ha usado de manera activa.
El marco legal para resolver el conflicto contradice lo señalado por los representantes del Ejecutivo federal. Su objetivo explícito es buscar la paz. El 11 de marzo de 1995 el Congreso promulgó la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y creó la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). El 16 de febrero de 1996, el gobierno federal y el EZLN firmaron cuatro documentos sobre Derechos y Cultura Indígena, que son parte de un Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad. Paz significa, según el Diccionario del Uso del Español de María Moliner, ``situación en la que no hay guerra''. Y guerra es, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, ``lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación''. En Chiapas, entonces, siguiendo los ordenamientos jurídicos acordados para solucionar el conflicto, se requiere de buscar la paz, esto es, solucionar la guerra.
Esto quiere decir, simple y llanamente, que los representantes del gobierno federal no respetan la Ley del 11 de marzo, ni los compromisos establecidos por el Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad.
Es cierto que después de doce días de combate, las partes decretaron unilateralmente treguas. El gobierno federal la ha roto en dos ocasiones: el 9 de febrero de 1995, cuando infructuosamente trató de detener a la dirigencia zapatista, y durante las acciones policiaco-militares ofensivas en contra de los municipios autónomos Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad y San Juan la Libertad. Durante estos operativos, las fuerzas del orden asesinaron en Chavajeval a tres indígenas y, en Unión Progreso, cinco personas fueron detenidas y ejecutadas sumariamente. Los zapatistas han respetado la tregua y enfrentado los movimientos militares con la resistencia civil pacífica de sus comunidades.
La existencia de una tregua no ha significado paz. Para enfrentar la rebelión, el gobierno ha puesto en marcha una estrategia de guerra. No puede soslayarse que hay unos 60 mil militares en la zona del conflicto, y que no están allí sólo para cuidar la frontera. Parte de esta estrategia ha sido la de promover el entrenamiento, armamento y protección de los paramilitares, responsables de cientos de asesinatos.
Este es un hecho cada día más documentado. Roberto Arcos Jiménez, ex agente del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia detenido por permitir la operación de las bandas armadas que participaron en la masacre de Acteal, denunció que militares pertenecientes a la Base de Operaciones Mixtas, dependiente del Ejército, entre los que se encontraba el capitán Germán Parra, conocían la existencia de estos grupos y le ordenaron, bajo amenaza, guardar silencio.
La dimensión militar del levantamiento zapatista no implica que se trate de un problema exclusivamente bélico. Por el contrario, lo militar expresa un conflicto en el que se mezclan problemas agrarios, étnicos, de rezago social, así como la crisis de un sistema regional de dominio con imbricaciones nacionales.
Al tratar de convertir el conflicto de Chiapas en una guerra innombrable, el gobierno busca una salida que prescinda de la negociación de reformas sustantivas, y oculta la realidad de una estrategia y acción básicamente militar.
¿Qué cara pondrán los cónsules y embajadores de México para decir, en contra de todas las evidencias, que en Chiapas no hay una guerra? ¿Creerán verdaderamente que así se defiende a nuestro país?