16 de junio de 1998
De la masacre de Acteal a la matanza de San Juan de la Libertad, el gobierno caminó en Chiapas en círculos durante casi seis meses.
El 10 de junio de 1998 se colocó en el mismo lugar en el que se encontraba después del 22 de diciembre de 1997. Su punto de partida fue, también, su punto de llegada: la sangre de indígenas rebeldes.
Con las últimas paletadas que entierran los cadáveres de las víctimas de estos nuevos asesinatos, el gobierno no perderá la partida ante la opinión pública por la sencilla razón de que ya la había perdido desde mucho antes. Nadie le cree a sus promesas de paz, como casi nadie le cree a sus explicaciones. Ni siquiera la versión del nuevo crimen como resultado de un ``enfrentamiento'', propalada en un primer momento por la mayoría de los medios, tuvo suerte.
Con la matanza de San Juan de la Libertad, el gobierno de Zedillo viola la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Pacificación. Es falso que durante los últimos cuatro años la negociación en Chiapas haya sido una forma de tolerancia a la ilegalidad. Primero, porque ésta era método usual de gobierno desde antes de 1994, y, segundo, porque la negociación ha estado amparada por la Ley del 11 de marzo de 1998, ha sido legal. En la senda de la mezquindad y el envilecimiento, los racistas que temen pasar por liberales moderados, pregonan hoy las virtudes de ``reconstituir'' el Estado de derecho en Chiapas usando las bayonetas y anulando esta Ley, mientras se prepararan a aplaudir y justificar el baño de sangre que se anuncia para mañana.
Irónicamente, en el momento cumbre de su ofensiva político-militar, cuando el gobierno debería estar más cerca de un final feliz, es cuando se encuentra más aislado que nunca. La resolución del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos señalando las serias violaciones a los derechos de indígenas chiapanecos, su disposición para asistir al gobierno mexicano en el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas es, apenas, la primera de una serie de medidas de la comunidad internacional en contra de la estrategia de guerra.
Su aislamiento proviene, además, de otros factores distintos a la rebelión. La crisis petrolera amenaza con un tercer recorte presupuestal, mientras el peso y la Bolsa se derrumban. El escándalo de Fobaproa obliga al Jefe del Ejecutivo a negociar con los partidos de oposición en condiciones de debilidad. La sucesión presidencial se ha adelantado y el Presidente está lejos de tener en sus manos todos los hilos del Poder Ejecutivo. ¿Puede haber en estas condiciones una negociación razonable para solucionar el conflicto en Chiapas?
La pretensión del gobierno federal de establecer una negociación directa con el EZLN está más lejos que nunca de ser factible. Su petición a la Cocopa para que ejerza sus buenos oficios y consiga una entrevista con los rebeldes muestra que el gobierno no tiene puentes con los zapatistas. Flaco favor le hace la Comisión legislativa al proceso de paz prestándose a esquirolear a la Conai. Con sus ataques a la mediación, el gobierno cerró las vías de comunicación con el EZLN. Esto lo deberían de comprender los legisladores, de la misma manera como deberían escuchar lo que dicen los pueblos en resistencia civil. Es comprensible que los integrantes de la Cocopa quieran agotar todas las posibilidades de encontrar vías para la paz. No lo es que se desgasten y deslegitimen aún más como institución comprándose una estrategia que proviene de una de las partes como propia, y guardando silencio ante la estrategia de guerra del gobierno. Su credibilidad como aval de acuerdos entre las partes está en entredicho desde el momento en que no pudo sacar adelante su iniciativa de reformas constitucionales. ¿De verdad creen los legisladores que los zapatistas se van a sentar a negociar directamente con el gobierno después de los asesinatos de sus compañeros?
La espiral de sangre crece. Para mantenerse, la escalada gubernamental hacia Chiapas requiere de cobrar más vidas. Su costo, sin embargo, no lo pagarán tan sólo los indígenas rebeldes, sino todo el país. Para mantener la estrategia actual deberán llenar las cárceles de presos políticos, controlar aún más los medios y hacer retroceder las libertades democráticas. No hay de otra. O se da marcha atrás ya, ahora, o no habrá final feliz.