CONSEJO REGIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL TERRITORIO DE PUEBLA E HIDALGO

En un contexto marcado por la pobreza y la discriminación y en medio de un hostigamiento continuo por parte de las autoridades municipales y los representantes de la SENER y de las empresas, las autoridades tradicionales de nuestras comunidades han decidido emprender denuncias públicas, protestas pacíficas y acciones legales en contra de quienes amenazan nuestro territorio y cultura. En este sentido, se han promovido diversas demandas ante tribunales federales y se han tomado medidas al interior de nuestros pueblos tendientes a fortalecer la organización comunitaria y visibilizar el conflicto relacionado con la construcción y puesta en operación del Gasoducto Tuxpan-Tula.

En días recientes Aldo Octavio Molina Santos, Presidente municipal de Tenango de Doria y gestor en los hechos de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, ha presionado a la comunidad otomí de San Nicolás para que acepte la construcción del gasoducto en su territorio, insistiendo en celebrar reuniones conjuntas con la SENER. Ante la negativa por parte del Consejo Supremo Hñähñü de San Nicolás y el Comisariado Ejidal, la autoridad municipal decidió celebrar en privado una reunión con la Secretaría, la Procuraduría Agraria y los representantes de la empresa convocando a la población mediante la entrega de volantes en contra de la decisión de la asamblea comunitaria. Asimismo, por las noches y a hurtadillas el Presidente municipal ha ido casa por casa tratando de convencer a la gente de las bondades del gasoducto. Además, ha promovido la división al interior de la comunidad y organizado grupos locales encargados de mal informar y confundir a los habitantes de San Nicolás.

Por otro lado, en la comunidad otomí de Chila de Juárez, la SENER ha enviado personal a la escuela primaria y al bachillerato con el propósito de manipular a los menores y a sus padres para convencerlos de que acepten la construcción del gasoducto. Asimismo, los representantes de la SENER se han presentado a reuniones comunitarias a las que no son invitados con el objetivo de intervenir en las mismas e influir en el sentir de la gente respecto del gasoducto. El Presidente municipal de Honey, Cirilo López Santos, ha puesto a disposición del personal de la Secretaría vehículos oficiales para su transporte. Asimismo, trabajadores del DIF municipal suelen acompañar al personal de la SENER en sus recorridos por Chila de Juárez. Además, el Presidente Auxiliar de Chila de Juárez, Andrés Diego Vargas, gestor de hecho de la empresa, ha invitado a los habitantes de la comunidad a visitar las instalaciones del gasoducto en otros municipios en transportes y con chóferes que son pagados por la empresa, con el fin de convencerlos de que la construcción y operación del gasoducto no acarreará consecuencias ni pondrá en riesgo a la comunidad.

Al día de hoy, las demandas presentadas en Hidalgo y Puebla han sido admitidas. Los tribunales han reconocido la identidad indígena de los quejosos y sus comunidades, así como la autoridad de los Consejos. En el caso de Chila de Juárez el Juez de Distrito ordenó la realización de un peritaje antropológico con el objetivo de conocer a mayor detalle los usos y costumbres por los que se rige la comunidad, así como las funciones del Consejo Municipal Autónomo Anciano Indígena del Municipio de Honey. Asimismo, otro Juez de Distrito ordenó suspender provisionalmente el procedimiento de consulta previa que se viene celebrando en la comunidad totonaca de Cuautepec dadas las irregularidades denunciadas por los quejosos.

Los pueblos originarios de la Sierra Otomí-Tepehua y la Sierra Norte de Puebla consideramos que la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del “Pacto por México” y en atención a los compromisos adquiridos en campaña con las empresas energéticas trasnacionales que apoyaron su candidatura, legaliza una política generalizada de despojos y saqueos en detrimento de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas del país, además de que constituye un agravio para la soberanía nacional.

Boletín de prensa.

23 de octubre de 2017.

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