La Santa Muerte en Chiapas

La Santa Muerte y Malverde están en todos lados en San Cristóbal de las Casas y en ciudades de Chiapas como Teopisca. Su culto no está encubierto. Los mercados están repletos de elementos rituales propios de su veneración. Las tiendas de herbolaria y magia de la antigua Jovel ahora tienen monumentales Huesudas y Malverdes dando la bienvenida a los fieles.
El 17 de abril, Jerónimo Ruiz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), fue asesinado a tiros por dos hombres a bordo de una moto. En medio del caos y pánico, la violencia estalló en el norte de la antigua capital coleta. Dos grupos armados bloquearon calles y se enfrentaron e incendiaron llantas y casas. Entre otras lucrativas actividades, Almetrach cobra derecho de piso a los artesanos.
Jerónimo era de una comunidad cercana a Betania/Teopisca llamada irónicamente Flores Magón. En el altar a la Niña Blanca que el difunto tenía en su casa, hubo un juramento de vengar su muerte.
Dos días después de su crimen, una grabación advirtió: “San Cristóbal y sus alrededores, como ya se dieron cuenta, ya entramos y la limpia ya empezó, somos el cártel Jalisco y lo que le pasó a Jerónimo Ruiz le va a pasar a Narciso Ruiz, alias El Narso, al Calafas, al Águila, al Birria, al Max y a todos esos grupos de motonetos que están apoyando a estas lacras”.
Chiapas es donde florecen múltiples las más diversas denominaciones. Las iglesias tradicionales conviven con las expresiones de religiosidad popular. La veneración a la Santísima Muerte ha crecido exponencialmente de la mano del crecimiento del crimen organizado pero, también, de otras causas completamente ajenas a ella, como la curación por la fe. No todos sus fieles se dedican a actividades ilícitas, pero, con frecuencia, en una especie de sincretismo, muchos de los que se dedican a ellas encuentran en el fervor de esta religiosidad la ruta para acercarse a lo sagrado.
Teopisca, a 30 kilómetros de San Cristóbal, es clave en la ruta de migrantes indocumentados y droga. En junio de 2022, sujetos armados asesinaron a balazos al alcalde, Rubén de Jesús Valdez Díaz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando salía de su casa. Los sicarios fueron presuntamente contratados entre los motonetos de Jovel.
El asesinato es parte del conflicto por el municipio entre dos grupos. Los de Betania, cuya cabeza visible es Javier Velázquez Díaz, alias La Pulga (ya detenido), y los del grupo local del ex presidente municipal Luis Alberto Valdez Díaz, acusado de robar al municipio cuando fue alcalde y hermano del edil asesinado. Los rumores locales lo señalan como presunto autor intelectual del fratricidio.
Ambas bandas están relacionadas con el tráfico de migrantes (polleros) y la producción y distribución de drogas. Los de Betania tienen laboratorios en su comunidad, profundamente evangélica.
En el pueblo prolifera el culto a la Huesuda y a Malverde. Se realizan grandes procesiones y cada vez hay más devoción hacia ellos. Como parte de la norteñización de la cultura popular, proliferan los narcocorridos. Los grupos levantan a los jóvenes más humildes. Se pasean impunemente por el pueblo con armas de alto calibre y chalecos antibalas. Es común escuchar ráfagas disparadas al aire.
Una de las facciones quiere establecer el concejo municipal de Teopisca. Sin embargo, más allá de las demandas supuestamente democráticas, sus promotores son también narcopolleros, que buscan convencer a las comunidades financiando fiestas religiosas. Al mismo tiempo, les prometen construir caminos hacia las tierras bajas del municipio, la depresión central de Chiapas colindante con el municipio de Venustiano Carranza, ruta clave para trasladar drogas e indocumentados.
Según habitantes del municipio, el grupo del ex presidente municipal Luis Valdez estaría ligado a Sinaloa, mientras los de Betania de La Pulga serían parte de los cuatro letras. Cuentan que los del Pacífico, que tienen más tiempo en la región, hacen sus negocios y no se meten con la gente, pero los de Jalisco extorsionan, secuestran, cobran piso, etcétera. Desde su punto de vista, los de Sinaloa juegan a la conveniencia, dependiendo de los negocios de que se trate y son tranquilos, si no te metes con ellos. Pero los de Nueva Generación son malas gentes.
Lo que sucede en San Cristóbal y Teopisca es sólo una muestra de lo que acontece en todo Chiapas. No es una excepción, sino la regla. Es parte de una trama mucho mayor. Es inimaginable suponer que las actividades de estos narcopolleros son ajenas a las redes de poder regional y a los responsables de guardar el orden.
Las comunidades zapatistas no permiten la siembra, producción y trasiego de drogas. Sus rutas están cerradas para los traficantes de seres humanos. No toman partido en las disputas entre cárteles por el control de mercados y territorios. Son un freno para la expansión de la industria criminal y para los negocios de autoridades ligadas a ellas. Más allá de su experiencia de autogobierno y autogestión, entre muchas razones, por eso les ha declarado la guerra. También, debido a ello, viejos y nuevos paramilitares (algunos reconvertidos en narcoparamilitares) se han embarcado en tratar de destruir a las comunidades autónomas.
El ataque de la Orcao a las bases de la comunidad autónoma Moisés Gandhi, municipio rebelde Lucio Cabañas, es parte de una estrategia contrainsurgente. Al igual que Teopisca, no es una anormalidad sino una constante en la política chiapaneca. Basta ver históricamente el mapa de la violencia en el estado para constatarlo.
El culto a la Santa Muerte y a Malverde han prendido en el pasto seco del sureste mexicano. Su proliferación son termómetro de lo que acontece socialmente.
Hace 25 años en cuatro horas llegó el Ejército a El Charco y masacró a 10 indígenas y un estudiante. A los 15 días el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero anunció en un acto público la reparación del daño a las 10 viudas y mamás, con la entrega de un cheque sin fondos. El procurador de justicia Servando Alanís emprendió la persecución contra los indígenas que quedaron heridos y contra las autoridades municipales. Torturaron a los detenidos y los acusaron de rebelión y conspiración. Para las viudas, los huérfanos y sobrevivientes la masacre de El Charco es un mar de impunidad, porque no hay una sola carpeta de investigación contra los militares asesinos. Las autoridades civiles declinaron competencia ante la procuraduría de justicia militar que hizo causa común contra los perpetradores. En Ayutla prolifera la venta de droga y los grupos de la delincuencia que controlan los negocios. En El Charco aún no llegan la salud, la educación, la igualdad, el respeto a sus derechos humanos, la justicia y la paz. Persiste la guerra y la impunidad.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan

Twitter: @lhan55
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