Declaración frente a la violencia contra comunidades y pueblos originarios en México

Declaración frente a la violencia contra comunidades y pueblos originarios en México

A los pueblos indígenas y comunidades campesinas de México
A las organizaciones sociales
A la sociedad civil

12 de octubre 2023

Reunidos integrantes de los pueblos tseltal, zapoteco, zoque, chol, mixteco, ayuuk, ikoot, maya, chuj, nahua, totonaco, lacandón, yaqui, chinanteco, me'phaa, cora, organizaciones civiles y académicos de 16 estados del país, analizamos e intercambiamos la situación por la que atraviesan las distintas regiones y constatamos que en el último año la violencia en nuestros territorios ha crecido en proporciones alarmantes. Vivimos una situación de emergencia. En un contexto de guerra, el crimen organizado ha logrado el control de amplias zonas del país y de nuestros territorios originarios debido a que las instituciones han sucumbido a su responsabilidad de proteger a la población más pobre.
La ausencia de instituciones la han llenado los cárteles que despojan a los pueblos de sus bienes naturales —bosques, agua, minerales, tierras—, y controlan con las armas en la mano el paso de migrantes indocumentados, de armas, de drogas, de piratería; cobran derecho de piso a comerciantes y transportistas, bloquean carreteras, se adueñan de los negocios más lucrativos. En las zonas más aisladas desplazan a las poblaciones para instalar sus laboratorios de procesamiento de drogas o utilizan pistas, caminos y veredas para su trasiego.
Estas organizaciones delincuenciales buscan el control de los territorios y para ello se relacionan con una red de actores políticos. En muchas regiones el gobierno es poroso, débil y está infiltrado por ellas. En muchos ayuntamientos deciden quiénes serán los presidentes municipales, tienen representantes en los congresos estatales, vínculos con militares y diferentes policías, y posiciones importantes en los gobiernos.
Los combates entre las organizaciones delictivas impiden la vida en nuestras regiones, en otros casos se enfrentan a la población civil sembrando el terror y levantando a los jóvenes para insertarlos en sus instancias armadas. Hay decenas de muertos en las comunidades perpetrados por ellos sin que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población. Actúan como un ejército de ocupación que hostiga a la población civil, cobra a todos, amenaza a quien no obedece, asesina a quien se le enfrente. Ellos también son responsables de desapariciones de personas, asesinatos de activistas y defensores del territorio y de los derechos humanos, realizando el trabajo sucio de impedir la organización de los dueños del territorio.

Los cárteles buscan tener una base social de apoyo formada por la población de comunidades campesinas. En diferentes estados del país como Guerrero, Chiapas y Chihuahua utilizan a la población como escudo y la obligan a apoyarlos. Reclutan por la fuerza, por miedo, o por convencimiento a los jóvenes de las comunidades para que participen con ellos como sicarios, halcones, transporten droga o formen parte de su ejército.
En las regiones indígenas estamos viviendo una guerra por el territorio que es económica, política, militar e ideológica.
En los mismos lugares en los que está el ejército están los cárteles. Hay muchas denuncias de las comunidades y organizaciones sociales, hay exigencias de atención de seguridad y demandas de presencia institucional para controlar la violencia que generan pero el gobierno no hace nada. La militarización avanza y el gobierno entrega al ejército múltiples funciones de administración pública. Los megaproyectos, la militarización y el crimen organizado son tres elementos que operan en la misma lógica del control y el despojo.
Hay una reconfiguración del mapa de la delincuencia organizada. Existe una disputa por nuevas rutas, territorios y caminos, que a su paso destruye a las comunidades. Ése es el México verdaderamente existente al que tienen que enfrentar las comunidades. Todas las organizaciones criminales están inscritas en una estrategia de contrainsurgencia. Su función es impedir la organización de la gente, intentan doblar la resistencia y decapitar los liderazgos que surjan.
Los megaproyectos como el Corredor Interoceánico, el Tren mal llamado Maya, el Proyecto Integral Morelos, son una amenaza contra la naturaleza y los pueblos indígenas que cambiarán su forma de vida. Para operar necesitan quitarle el control de sus territorios a los dueños legítimos de las tierras, en tanto que el gobierno subsidia con estímulos fiscales a los nuevos agentes económicos nacionales y extranjeros que se pretenden instalar en ellas.
Los cárteles están presentes en las regiones de los megaproyectos disputando el control de los territorios para sus propios fines.
Los megaproyectos están blindados por las Fuerzas Armadas, la Marina, la Guardia Nacional, que junto a las autoridades municipales y las distintas policías, en muchos casos criminalizan a los movimientos sociales de defensa del territorio. La mayoría de los defensores del territorio tienen órdenes de aprehensión y han debido solicitar medidas cautelares para su seguridad.
Las mineras también se han ligado a los cárteles para que les garanticen su seguridad, transporten sus minerales y acallen a los opositores. Así comunidades que habían logrado detener jurídica y organizativamente a las mineras ahora se encuentran sometidas. En ciertas regiones las empresas mineras llegan a las asambleas ejidales con sus pistoleros y exigen los dejen entrar. Los pueblos han perdido la libertad para organizarse y desplazarse en sus propios territorios. Sin embargo existe todavía resistencia.

La disputa por el agua entre campesinos y pueblos indígenas, y los impulsores de proyectos extractivos, de infraestructura y agroindustriales, afecta diferentes territorios indígenas y es generadora de violencia. Muchos movimientos y dirigentes sociales han sido perseguidos, encarcelados o asesinados por defender el agua de sus pueblos para sus pueblos, entre ellos Samir Flores Soberanes.
A través de sus distintos aparatos el Estado está licitando en contra de los pueblos y a favor de los intereses empresariales. Ha cancelado la posibilidad de que los pueblos se opongan a la invasión empresarial de sus territorios al convertir las consultas indígenas y las consultas públicas en mera simulación, al cancelar los derechos de los pueblos de oponerse jurídicamente a los proyectos presidenciales considerados de seguridad nacional.

Pero los pueblos resistimos porque queremos seguir siendo pueblos y la defensa comunitaria de los territorios es el mejor escudo.
Así en las comunidades buscamos fortalecer a las autoridades comunitarias, como la Asamblea, los distintos comités, los comisariados de bienes comunales y ejidales que son una autoridad estratégica para la defensa del territorio. Elaboramos nuestros reglamentos comunitarios y ejidales e incluimos en ellos prohibiciones a la minería, a la venta de parcelas, la tala del bosque, al cultivo de transgénicos, a los cultivos agroindustriales, a la apropiación de manantiales.
Construimos acuerpamientos de autoridades comunitarias en estructuras propias de segundo nivel, en donde se reúnen representantes de varias comunidades para atender problemas regionales que les atañen.
Las comunidades indígenas contamos con muchas fortalezas como son la propiedad comunal de la tierra, el sistema de cargos, el sistema normativo de gobierno y justicia, la lengua, el tequio. Algunas hemos formado nuestras propias policías comunitarias e impulsamos procesos autogestionarios en escuelas, en la administración del agua y otros.
Conservamos nuestras semillas nativas, la siembra de la milpa, apostamos por la autosuficiencia alimentaria de nuestras familias y comunidades, cuidamos nuestros bosques, ríos y manantiales, protegemos a todas las especies y seres que los habitan. Nuestra principal demanda es lograr la libre determinación en nuestros territorios. Cuidando la Madre Tierra estamos protegiendo el planeta para todas y todos, en un momento en que la crisis climática amenaza la vida en la tierra.

Somos pueblos en movimiento, con experiencias de organización y de resistencia histórica pero estamos inmersos en una guerra de despojo, de sometimiento y de violencia extrema.

Por eso demandamos al Estado:
* El cese de la violencia y la expulsión de las organizaciones delictivas de nuestros territorios originarios.
* El respeto a la libre determinación en nuestros territorios y a nuestras estructuras comunitarias.
* Exigimos el alto inmediato a los asesinatos y desapariciones de defensoras y defensores de los territorios, frenar el hostigamiento y represión a las luchas de las comunidades en contra de los megaproyectos, proyectos energéticos y extractivos, detener las órdenes de aprehensión contra luchadores y luchadoras sociales, el clima de intimidación, persecución y violencia contra de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales.
* Que se detengan los ataques armados contra las comunidades zapatistas y se respeten sus municipios autónomos.
* Demandamos junto con los padres y madres de Ayotzinapa que las fuerzas armadas entreguen los archivos y toda la información para poder avanzar en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes.
* Exigimos el alto a la militarización del país y a la cesión de poderes y de la función de administración pública a las fuerzas armadas.
* Reclamamos la cancelación del Tren mal llamado Maya y frenar la devastación del territorio de la Península de Yucatán y su sistema de cenotes, parte del acuífero subterráneo que recorre la Península.
* Demandamos que el Registro Agrario Nacional cumpla con su responsabilidad de registrar los actos agrarios y se abstenga de entorpecer las decisiones de las comunidades y de presionar a los ejidos para que adopten el dominio pleno. El RAN debe aceptar los reglamentos comunitarios y ejidales escritos en lenguas originarias como la me'phaa, y agilizar los trámites de los ejidos y comunidades agrarias.
* Seguimos exigiendo castigo a los responsables del asesinato de Samir Flores Soberanes y de todas las personas que defienden la vida.
* Exigimos la aparición inmediata y con vida de Vicente Suástegui, integrante del CECOP en Guerrero.
* Demandamos que cese la persecución de compañeras y compañeros de UCIZONI, de la APIIDTT y de otras organizaciones, denunciados y atacados por oponerse al Corredor Interoceánico. Exigimos un alto a las acciones de judicalización y criminalización en contra de David Hernández Salazar y la comunidad de Puente Madera.
* Exigimos el alto a la violencia dentro de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, la protección de las autoridades, voceros y de la población civil, así como garantizar la seguridad de los desplazados y su posibilidad de retorno. Nos unimos a su demanda de que el gobierno proporcione seguridad en la Zona Lacandona con la Armada de México y la Guardia Nacional.
* Además exigimos protección y el cese de la violencia para los habitantes de Chicomuselo y de Frontera Comalapa, asediados por la delincuencia organizada.

ALTO A LA GUERRA DE DESPOJO CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Baja California.- NCCP Mexicali Campeche.- Consejo Regional Indígena de Xpujil (CRIPX); Chiapas.- Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI A.C.); Salud y Desarrollo Comunitario, A.C., SADEC; Pueblo indígena de San Sebastián Bachajón; Cooperativa Lagos de Colores; Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE); Instancia pastoral del cuidado de la Madre Tierra, zona chol; Bienes Comunales de la Zona Lacandona; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Chihuahua.- Servicios Integrales Émuri-Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles SINÉ-COMUNARR; CDMX.- Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam); GRAIN; Grupo ETC; Edo. Mex.- San Pedro Atlapulco; Guanajuato.- Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia; Guerrero.- Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Jalisco.- Colectivo por la Autonomía (COA); Ejido San Isidro Morelos.- Casa Tecmilco; Nayarit.- Comunidad Jazmín del Coquito, municipio del Nayar Nayarit; Oaxaca.- CEDIAO; Servicios del Pueblo Mixe AC (SER); Guardianes del Mar; Maderas del Pueblo del Sureste A.C.; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO); Santiago Tlatepusco; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) Puebla.- Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Acolhua; Organización Independiente Totonaca Huehuetla; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT); Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y Volcanes; Sonora.- Pueblo de Bácum de la Nación Yaqui; Veracruz.- Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz; Yucatán.- Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal; Colectivo de Semillas Muuch' Kanan i'inaj; Colectivo Xa´aybej.

Jorge Santiago
Magdalena Gómez
Francisco López Bárcenas
Eliana Acosta DEAS INAH
Alejandro Castaneira Yee Ben antropólogo ENA
Joel Aquino Maldonado
Jorge A. Velazquez
David Jiménez Geografías Comunitarias