Como cada tres años, la elección de las autoridades de la comunidad lacandona del próximo 16 de mayo está cruzada por muy distintos y poderosos intereses, la mayoría ajenos a los pueblos indígenas que la habitan.

El presidente Enrique Peña Nieto solicitó el 13 de diciembre pasado a la Suprema Corte de Justicia que invalide el decreto del gobernador de Yucatán que declara al estado libre de transgénicos. El decreto, publicado el pasado 26 de octubre, fue una respuesta a los varios amparos y acciones de resistencia emprendidas por las comunidades mayas; los apicultores; las organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, de derechos humanos; los académicos y científicos comprometidos; la población, que por muchas razones no quiere transgénicos.