El gobierno mexicano, en los casi cuarenta años de existencia de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ha sido incapaz de proponer alternativas para los pueblos indígenas (dueños del territorio de la reserva) que les permitan conservar sus bienes naturales y tener una vida digna. Tampoco ha construido alternativas para otros pueblos indígenas que ven en la Selva Lacandona un sitio de refugio. La política ambiental se ha reducido a la prohibición, el desalojo, el autoritarismo y la represión.

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Los últimos cuatro sexenios serán recordados por los pueblos indígenas y campesinos como los que legalizaron un nuevo despojo de sus territorios.

En este país, donde como una conquista de la Revolución Mexicana la mitad de la superficie nacional es propiedad de indígenas y campesinos, los proyectos de monocultivos industriales, extractivos, o de mega infraestructura, tuvieron en la tenencia de la tierra un freno a su expansión.