Propiedad colectiva y mercado de tierra en el campo

13 de agosto de 2005

Varias comunidades y ejidos, principalmente indígenas, han manifestado su indignación ante las campañas de intimidación y condicionamiento de los programas públicos que impulsan los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria para obligarlos a incorporarse al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).

Varias comunidades y ejidos, principalmente indígenas, han manifestado su indignación ante las campañas de intimidación y condicionamiento de los programas públicos que impulsan los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria para obligarlos a incorporarse al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
Las comunidades agrarias han sido las menos interesadas en certificar sus derechos bajo el Procede, que únicamente ha avanzado en 40 por ciento de la superficie. Para junio de 2005 no habían sido certificadas mil 360 comunidades agrarias. Las 2 mil 278 comunidades agrarias que existen en el país tienen en posesión 17 millones de hectáreas. Sus títulos datan del periodo colonial, pero en muchos casos se habían perdido. A partir de la década de los 40, el gobierno restituyó a las comunidades el derecho sobre sus tierras. Son los pueblos más antiguos y mil 395 son también comunidades indígenas. La Ley Agraria de 1992, a pesar de estar orientada a la desamortización de la propiedad social y promover su participación en el mercado, preserva el estatus legal de las comunidades con tierras bajo el régimen comunal, en donde la tierra no puede venderse, rentarse o hipotecarse.
Sin embargo, la ley abre a las comunidades la posibilidad de adoptar el régimen ejidal (bajo el que perderían su especificidad) y de entrar en asociación con agentes externos, proporcionando la tierra para inversiones de sociedades mercantiles.
Oaxaca, Chiapas y Guerrero son estados con muy alta presencia indígena y es donde el Procede ha tenido menor avance. En Oaxaca, la propiedad comunal absorbe 34 por ciento de las tierras comunales del país, que constituyen 62 por ciento de la superficie del estado. La presencia de comunidades indígenas bajo el régimen de tenencia comunal aumenta la resistencia a la incorporación del Procede, debido a que las comunidades buscan mantener los derechos colectivos sobre su territorio y la autonomía en las decisiones de sus autoridades, frente a las que Procede no otorga ninguna ventaja. Unicamente se ha certificado 29 por ciento de la superficie que está en manos del sector social, que se reduce a 23 por ciento si se trata de comunidades agrarias.
Por el contrario, el Procede ha tenido un mayor avance en los estados del norte: Sinaloa, Coahuila, Baja California y Baja California Sur son los que más han participado en el programa. Sinaloa certificó casi 95 por ciento de la superficie del sector social, 47 por ciento como parcelada y 53 por ciento destinada al uso común. En Sinaloa prevalece la propiedad ejidal y la superficie de las comunidades agrarias representa sólo 15 por ciento.
El Procede -según sus diseñadores- debería alentar el funcionamiento del mercado de tierras. Si bien las ventas masivas de las tierras ejidales no han ocurrido y únicamente 0.4 por ciento de la superficie certificada ha llegado al proceso de titulación, la renta de la tierra ha aumentado escándalosamente en regiones con buen potencial productivo,
como una salida de los ejidatarios pobres a la situación de crisis imperante en el campo. La renta de la tierra no está cuantificada en las estadísticas oficiales.
En Sinaloa, 75 por ciento de la superficie es propiedad social y 25 por ciento es privada. La buena calidad de las tierras y la infraestructura de riego son un atractivos para la concentración de las parcelas. A partir de la década de los 90, mediante la renta de parcelas se ha formado una elite de grandes productores dedicados a la siembra de maíz y frijol, que por sus economías de escala obtienen rentas diferenciales en el proceso de producción y comercialización, a la par que absorben cuantiosos subsidios.
De acuerdo con información de los ejidatarios, cerca de 80 por ciento de la tierra está rentada y en ocasiones hay ejidos completos rentados. Por ejemplo, El Tajito, que tuvo su origen en una de las más importantes luchas agrarias de los años 70, está rentado en 90 por ciento. Según información de Aserca, de las 300 mil hectáreas ejidales en Sinaloa, únicamente 50 mil son cultivadas por los propios ejidatarios; el resto está rentado.
Las parcelas promedio de los ejidatarios tienen una extensión de alrededor de 10 hectáreas, mientras los empresarios privados que rentan ejidos completos pueden acaparan más de 2 mil. La concentración de la tierra se agudiza por falta de rentabilidad de los cultivos básicos en las pequeñas parcelas. Por la renta de una parcela de 10 hectáreas, un productor puede recibir anualmente 50 mil pesos sin ningún riesgo, mientras que un empresario agrícola que renta 3 mil hectáreas, produce alrededor de 25 mil toneladas de maíz por las que recibirá 10 millones de pesos como subsidios a la comercialización.
La renta de la tierra de los ejidos provoca la desaparición de su organización económica y política, de sus empresas y de organizaciones campesinas de segundo y tercer nivel que las aglutinaban.
Las comunidades agrarias, particularmente las comunidades indígenas, saben que la protección de sus derechos territoriales como derechos colectivos es la única forma de garantizar su supervivencia. Su decisión de no participar en el Procede debe ser plenamente respetada.