ALCA(pone)

21 de abril 2001
La Jornada

Las negociaciones para integrar un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con los 34 países del continente --excepto Cuba-- están en una etapa crucial que culminará en Quebec, del 20 al 22 de abril, durante la Tercera Cumbre de las Américas. En ella los presidentes revisarán el borrador y tienen el compromiso de concluir las negociaciones a más tardar en el 2005.
Con una población de 800 millones de personas y un tercio del producto bruto mundial, el ALCA pretende ser la mayor zona de libre comercio en el mundo. Conjunta los compromisos más radicales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el fracasado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI).
Pero entre la Cumbre de Miami (1994) en la que dio inicio --en plena euforia por la victoria del TLCAN--, y la próxima de Quebec, el consenso político y social sobre los beneficios del libre comercio y la inversión ha sufrido reveses muy importantes a manos de varios países subdesarrollados y de la sociedad civil internacional.
El AMI fue rechazado por la presión de la sociedad en la OMC en 1996, y en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 1998. En 1997, Clinton no pudo obtener la renovación fast-track para el ALCA. La oposición de los países africanos y del Caribe desde dentro y la presión de la sociedad civil desde afuera provocaron el fracaso de la OMC en Seattle en 1999, y detuvieron el avance de la liberalización.
El ALCA se convierte así en una pieza clave para fortalecer la posición de Estados Unidos en el concierto internacional, principalmente en contra de la Unión Europea, el G. 77, Japón y Suiza. De una parte unirá a 34 países --de los 134 que integran la OMC-- en una posición común, hegemonizada por Estados Unidos; de otra, pondrá en práctica para todo el hemisferio las propuestas que han encontrado obstáculos en la OMC y otros acuerdos, demostrando que los acuerdos restringidos al comercio son factibles, sin necesidad de incluir los temas laborales, sociales y ambientales.
Estados Unidos cuenta con el éxito del ALCA para mantener la dominación de su sector corporativo en la región. Bush declaró que conseguiría la firma del ALCA para el año 2005 y junto con el sector trasnacional corporativo buscará obtener el fast track como una prioridad legislativa.
El interés expreso en cada apartado es eliminar las regulaciones estatales en beneficio de los intereses privados de las empresas. El de acceso a mercados restringe la regulación de los gobiernos al considerar barreras técnicas al comercio: los estándares ambientales, laborales y sociales, la prestación de servicios públicos, la aplicación de subsidios internos y las compras gubernamentales.
El de inversión elimina las restricciones a la inversión extranjera, pero también otorga a las corporaciones el derecho de demandar a un Estado por pérdidas de ganancias presentes o futuras, derivadas de regulaciones estatales.
Pretende privatizar los servicios públicos --considerados monopolios-- para abrirlos a las corporaciones privadas con fines de lucro; abrir los contratos de compras gubernamentales a las trasnacionales, mientras la solución de controversias otorga a un pánel de burócratas la decisión de modificar las políticas de los países por considerarlas barreras no arancelarias al comercio.
El capítulo agrícola elimina los obstáculos a los que se ha enfrentado la OMC. Se centra en tres elementos en disputa: los organismos genéticamente modificados, los subsidios internos y a las exportaciones, y la reducción de aranceles. Limita la capacidad de los países para establecer regulaciones para los OGMS, la posibilidad de exigir su etiquetado, de impedir sus importaciones y siembra. Atenta contra el principio precautorio del Convenio de Diversidad Biológica.
Sin revisar la política agrícola plantea la reducción rápida de los subsidios a las exportaciones, pero mantiene los créditos a la exportación y otros instrumentos con el mismo efecto. La reducción de los aranceles elimina la protección estatal al sector agrícola y combinada con la reducción de los subsidios pone a competir a los campesinos y pequeños productores con los tiburones trasnacionales.
Los derechos de propiedad intelectual obligan a garantizar a las trasnacionales monopolios de patentes para todo el continente y las políticas de competencia se orientan a desmantelar las empresas estatales --"monopolios domésticos"-- para abrir a las corporaciones la libre competencia por los mercados locales.
Al igual que el TLCAN y la OMC, el ALCA es un acuerdo supranacional que enajena las decisiones de los Estados nacionales a instancias multinacionales sin representación política ni obligación de rendir cuentas. Las negociaciones se han dado en absoluto secreto, impidiendo la participación de la sociedad civil, que sin embargo se mueve y reclamará en Quebec su derecho a la resistencia.

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