Etanol de caña, ¿una posibilidad?

18 de junio de 2009

Las corporaciones y la mayoría de los gobiernos promueven los agrocombustibles como una opción para sustituir el petróleo por energías limpias, renovables, que garanticen a las comunidades rurales buenos precios agrícolas y mercados de exportación para los países del Sur, además de reducir las emisiones de gases invernadero a la atmósfera. Pero esta quimera se estrella con la realidad: la tierra arable en el planeta es finita.
El sector agrícola se convierte en el cuello de botella de la producción de agrocombustibles. La reciente crisis agrícola provocada según un informe secreto del Banco Mundial (The Guardian, 2008) por el aumento al triple de la producción de etanol, entre 2000 y 2006, alertó al mundo sobre el peligro de reducir la producción de alimentos y priorizar los tanques llenos a costa de los estómagos vacíos.
En México, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos señala la prohibición expresa de producir agrocombustibles de maíz, a menos que existan “excedentes”, en un país que anualmente importa alrededor de 10 millones de toneladas.
El año pasado inició la operación de una planta productora de etanol a partir de maíz blanco, Biocyclos, de la empresa Destilmex, en Sinaloa. Producir etanol con maíz viola la ley, pero el gobierno mexicano no sólo lo permite, sino que, por medio del programa de compras anticipadas del grano, otorgó un subsidio para las coberturas de precios de 120 mil toneladas compradas por esta empresa.
El maíz mexicano tiene costos de producción más altos que en Estados Unidos, de ahí que es compensado con subsidios. La producción de etanol de maíz destinada a la exportación trasladará a Estados Unidos estos subsidios.
Los costos de la materia prima agrícola representan entre 59 y 91 por ciento del total en la producción de agrocombustibles (Secretaría de Energía, 2006). En un negocio en el que los márgenes de rentabilidad dependen de los volátiles precios del petróleo, resulta lógico que en ningún país la producción de agrocombustibles se haya desarrollado sin subsidios, y en la gran mayoría ha ocurrido a partir del despojo de las tierras campesinas, de la reducción de los precios al agricultor, de la explotación del trabajo de los jornaleros, de la degradación ambiental y la destrucción de la naturaleza.
En México la producción de etanol de caña podría ser viable ya que el aumento de las importaciones de fructosa de maíz alentadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desplazaron del mercado doméstico 750 mil toneladas de azúcar. La meta de producción de 412 millones de litros de etanol para el 2012, aunque apenas sustituiría 5.7 por ciento del uso de gasolinas en las metrópolis, requiere de la producción de 800 mil hectáreas de caña, el doble de la superficie sembrada actualmente, que buscarían, según el estudio de la Secretaría de Energía (2006), establecerse en pastizales o tierras marginales.
La producción de etanol de caña se enfrenta en México con la estructura agraria y la Ley Cañera que impiden la reducción de los costos de producción por medio de la sobreexplotación del trabajo o del despojo de los territorios campesinos, a los niveles que el mercado neoliberal de los agrocombustibles requiere. En México 164 mil campesinos, la mayoría de ellos ejidatarios y comuneros –76 por ciento, con parcelas menores a cinco hectáreas–, ubicados en 15 estados del país, producen caña en sus propias tierras, a diferencia de Brasil en donde los ingenios son propiedad de latifundistas que contratan a jornaleros, en un sistema de trabajo a destajo similar a la esclavitud. La Ley Cañera fija el precio de la caña como un porcentaje del precio del azúcar de tal manera que la industria no pueda compensar sus pérdidas exprimiendo los precios a los campesinos. Funcionarios de la Reforma Agraria interesados en intermediar la producción de caña para etanol compactando superficies ejidales, aclararon que la caña para etanol no está incluida en la mencionada Ley.
El piñón o jatropha para la producción de agrodiesel son la esperanza de gobiernos como el de Chiapas, pues parecen más sustentables que la palma africana. Sin embargo también son cultivos de plantación, que aunque no requieren insecticidas, sí utilizan herbicidas y fertilizantes que no son inocentes en sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera o en el impacto al ambiente.
Aunque desde el escritorio de los políticos y funcionarios el campo se mira como un terreno baldío a merced de los inversionistas, la mitad de la superficie del país es propiedad de ejidatarios y comuneros, que han defendido sus territorios como la condición de su existencia; además las 25 millones de hectáreas agrícolas están cultivadas y no pueden ampliarse sobre las 55 millones de hectáreas de bosques y selvas. Así, las 800 mil hectáreas que proponen destinar para etanol de caña y las 120 mil para oleaginosas productoras de agrodiesel (cuatro por ciento de la superficie agrícola total) tendrán un impacto real en las condiciones de vida de los campesinos, en la estructura y precios de los cultivos, en el paisaje rural, la biodiversidad y el ambiente.
La experiencia de otros países muestra que el avance de los agrocombustibles dirigido por los mercados se ha dado dejando tras de sí una estela de destrucción de vidas, recursos y ambiente.
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM)