El gobierno ha contravenido reiteradamente los mandatos de bioseguridad: conservar la diversidad genética del maíz en sus centros de origen y diversidad que se localizan en todo México, y no introducir a campo abierto bajo ningún régimen los maíces transgénicos. Pero la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y su Reglamento no son precautorios, y ahora se propone un anteproyecto de Régimen Especial de “Protección” del Maíz con disposiciones para tramitar solicitudes de siembra de dichos transgénicos.

Ante la crisis alimentaria creciente y los desastres provocados por el cambio climático, las grandes corporaciones de los transgénicos y los agronegocios vuelven a la carga con nuevos bríos, como si no estuvieran entre sus principales causantes.